El presidente del Consejo Social, Ángel Tristán Pimienta, participó en el acto de clausura del XXV Encuentro Nacional de Defensorías Universitarias, celebrado del 25 al 27 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria, que contó con las intervenciones del ministro de Universidades, Joan Subirats, que lo hizo por videoconferencia; el rector de la ULPGC, Lluís Serra; la presidenta de la CEDU, Milagros Alario; el viceconsejero de Universidades del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez, y la Defensora de la ULPGC, Alejandra Sanjuán Hernán – Pérez.
Durante su intervención destacó que las Defensorías de la Comunidad Universitaria son para las universidades “como el Defensor del Pueblo o el Diputado del Común de Canarias, son para los ciudadanos e instituciones, un recurso para resolver multitud de problemas internos, acercar posiciones, evitando que vayan a mayores, y que crispen la vida universitaria, e incluso que terminen en pleitos y juzgados. Un mecanismo importante para salvaguardar la buena imagen reputacional. En los organismos complejos las relaciones y los problemas son también inevitablemente complejos o pueden serlo mutatis mutandis”.
Para el presidente del Consejo Social, la LOSU expone que las Defensorías son las unidades encargadas de velar por el respeto de los derechos y las libertades del profesorado, estudiantado y personal técnico, de gestión y de administración y de servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos universitarios. También pueden asumir tareas de mediación, conciliación y buenos oficios y sus actuaciones vendrán regidas por los principios de independencia, autonomía y confidencialidad.
“Vivimos tiempos de cambio y, por lo tanto, momentos confusos, dentro y fuera de los campus y de las sedes institucionales. No sé cuándo será el retorno a la vieja normalidad de una época de certezas, para pasar a una llena de incertidumbres y negras aves de mal agüero, llamadas ahora Redes Sociales, que predican odio y fabrican desinformación, volando en círculos sobre nuestras cabezas. Ante este panorama, no queda otra que poner a punto todo el engranaje que sostiene la actividad universitaria, tanto en los nuevos aspectos que se desarrollarán en cascada tras la LOSU, como en la dinámica infernal en la sociedad, economía, el trabajo, las costumbres, de esta nueva era de los descubrimientos”, manifestó Tristán Pimienta.
Ángel Tristán resaltó, que desde que apareció el primer chip, “donde cabe tanto, en un minúsculo cerebro de silicio, vivimos en un sin vivir. No sabemos a ciencia cierta, o sea, método científico por delante, qué nos deparará el mundo cuando despertemos cada mañana”.
Consideró “muy razonable” que la primera sesión del Encuentro de Defensorías, girara alrededor de la Inteligencia Artificial en las competencias de las defensorías. “Los debates y las conclusiones serán extrapolables a todo lo similar, aunque sea como aproximación a una conversación universal inevitable.
En referencia a la LOSU, Ángel Tristán manifestó que, como todas las leyes, tiene “unas intenciones claras, confesadas, y otras presuntas y aún desconocidas, escondidas cual meigas en el interlineado del articulado. Esas van apareciendo, según las nuevas circunstancias creen sus propias circunstancias sobrevenidas. Me refiero a la nueva relación de las Defensorías y los Consejos Sociales y a las vinculaciones de las Defensorías con los nuevos, yo diría que viejos pero renovados, cauces y órganos de resolución de conflictos en la Universidad”. Y en este contexto propuso invitar a la Defensora de la ULPGC a participar en un Pleno del Consejo Social para presentar la Memoria o los aspectos relevantes de su trabajo y analizar posibles vías futuras de colaboración.
En relación a los actos sociales programados en este Encuentro, “y aunque me parezca que no cuadre con el pensamiento científico, no vendrá mal un momento místico con la visita realizada a la Basílica de la Virgen del Pino en la villa mariana de Teror, aunque el mundo de lo mágico, las ofrendas y las romerías en la vida universitaria a algunos nos dé cierto yuyu, aún asumiendo la profunda carga cultural, transversal, de estas manifestaciones espirituales frecuentemente una señal de impotencia en los mecanismos terrenales”.
En este sentido, dijo que para la CRUE y para el Rector de la ULPGC, encargado de la evaluación del coste de aplicación de la LOSU, 700 millones anuales de euros en el Estado, y unos casi ocho en la ULPGC, “no hay que rechazar ninguna ayuda, venga de ahí arriba, o de aquí abajo”.
En su opinión, el desarrollo de la LOSU por las distintas comunidades autónomas, no puede prescindir, para un primer análisis prospectivo, de la legislación existente y la praxis autonómica. Es generalmente reconocido en el resto del país, mar por medio, que el Consejo Social de la ULPGC, y también el de la ULL, pero éste sobre todo en su aspecto potencial, son sui generis en el ámbito nacional. Y lo son por su cobertura estatutaria y legislativa: como gran paraguas está la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de la CAC, que en su artículo 134, sobre las universidades, sean públicas o privadas, establece en su punto primero, el desarrollo legislativo y reglamentario que incluye “en todo caso”, “el régimen jurídico de la organización y el funcionamiento de las universidades públicas, incluyendo los órganos de gobierno y representación”.
En consecuencia, expuso Tristán Pimienta, “el legislador autonómico desarrolló una Ley de Consejos Sociales, en realidad dos, la 11/2003 y la 5/2009, que los configuró como auténticos órganos de gobierno, el primero de los colegiados, con competencias concretas tan relevantes, e ‘insólitas’ en el plano nacional y de la CRUE, como la condición del presidente como órgano de contratación, en virtud de las atribuciones conferidas, para garantizar su independencia, pues el artículo 15 .4 le otorga la efectiva realización del programa presupuestario del Consejo Social, y la ordenación del gasto y de los pagos, mientras que al secretario le competerá la materialización de los pagos, la llevanza de la contabilidad y el control de tesorería. La dependencia directa del CS del personal adscrito a la intervención o a la unidad responsable del Control Interno de la gestión económico financiera de la universidad, recogida en el artículo 14, es un arco de bóveda”.
Además, concretó el presidente del Consejo Social, “desempeñando sus funciones con autonomía respecto de los órganos cuya actividad está sujeta a su control. La LOSU, más o menos en esta línea, podemos decir que ya doctrinal, endosa a los CCSS ‘velar por la ética’ y por consiguiente por las directivas antifraude de la UE. Esto supone una actividad vertebral sobrevenida y en desarrollo permanente, dada la amplitud de los conceptos y de las circunstancias jurídico prácticas que se crean ex novo”.
Tristán Pimienta aclaró que “no es previsible, o más exactamente está fuera de duda, y más en estos tiempos, que el Gobierno y el Parlamento de Canarias renuncien al abanico competencial que recoge la Ley Orgánica del Estatuto y su desarrollo en la ley canaria de los Consejos Sociales. Es más, con toda certeza aprovechará la ocasión, en línea con su proyecto político, para profundizar en las recomendaciones del informe de la OCDE encargado por el Gobierno español para avanzar en una Hoja de Ruta muy expresa en cuanto a la convergencia con los sistemas de demostrada efectividad de gobernanza de la UE. Sobre todo, cuando el modelo canario de Control Interno dependiente del Consejo Social ha sido puesto como ejemplo por altos representantes del Tribunal de Cuentas del Estado para el resto de las Universidades Públicas de España”.
Para concluir, Ángel Tristán destacó que los Consejos Sociales y las Defensorías tienen misiones colindantes y complementarias, “con un mismo objetivo en unos momentos, donde lo que parece imposible de conseguir está sin embargo a punto de patente europea o universal”.
“Todo está cambiando. El feminismo ha dado un paso enorme en los últimos años, vertiginoso en los tres o cuatro recientes; el populismo desenfrenado quiebra a las sociedades occidentales y cuestiona los mismos cimientos del Estado de Bienestar; la bondad se confunde con el buenismo de jardín de infancia y la responsabilidad laboral, incluyendo la de estudiar con financiación pública se toma, muchas veces, como una exigencia desmesurada que coarta la casi sacrosanta e irrestricta libertad personal, que tantas veces y de la mano del populismo de una adolescencia tardía y pre-partidista, entra de lleno en el terreno de la extravagancia y el abuso”.
Tristán Pimienta acabó su intervención destacando que los Consejos Sociales y las Defensorías Universitarias no sólo están obligados a cumplir con sus deberes y a desarrollar sus responsabilidades, sino también “a imponer la ética y el sentido común como parte y cimiento del método científico, que a veces parece haber sido declarado materia reservada, para proteger, con convicción y firmeza, el Estado Social y Democrático de Derecho cuyo norte constitucional es el interés general”.