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Las universidades tendrán que poner en marcha un «sistema interno de garantía de calidad» para ser consideradas como tal

El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, compareció el pasado 24 de junio en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso para dar más detalles sobre la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), así como los reales decretos que prepara el Ministerio de Universidades que servirán de complemento a la Ley.

Según explicó en el Congreso, el futuro Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, que sustituirá al Real Decreto 420/2015, recogerá la obligación de que las universidades, tanto futuras como actuales, pongan en marcha, en el plazo de cinco años, un «sistema interno de garantía de calidad» para ser consideradas como tal.

«Cuando un proyecto universitario se presenta, ahora en la Memoria se debe recoger el compromiso de poner en marcha este sistema y la temporalidad del mismo, y para una universidad que actualmente esté establecida, también; hay 5 años como para que ese sistema esté establecido», ha señalado Pingarrón, que indica que el objetivo de esta medida es asegurar una mínima calidad de los títulos.

Requisito de calidad

Por otro lado, el secretario general de Universidades lamenta que actualmente no haya ningún requisito de calidad para los másters propios, sino que cada universidad los regula como quiere. Con el nuevo RD que prepara el Ministerio de Universidades, estos másters deberán contar con un informe favorable del denominado sistema interno de garantía de calidad de cada institución como medida de «control previo».

Pingarrón ha expuesto la importancia de este sistema interno con una anécdota. El secretario general dice que recibió una llamada alertando sobre un máster en una universidad sobre «los beneficios del tabaco en la salud» y llamó al rector para preguntar sobre el mismo, contestando este que «no tenía ni idea». «Si los órganos internos de la universidad no son capaces de llevar un control de este tipo de enseñanzas, pues al final puede pasar cualquier cosa», avisa.

Títulos no acreditados

Del mismo modo, Pingarrón recuerda que tampoco hay actualmente un requisito de porcentaje de títulos no acreditados para poder presentar otros. Pero con el nuevo Real Decreto, se establecen unos mínimos, de forma que si una universidad tuviera un tercio de los títulos oficiales que oferta no acreditados o retirados, no se le permitirá la presentación de nuevos títulos hasta que esos problemas se hayan subsanado.

Igualmente, Pingarrón subraya que desde el Ministerio se han comprometido a que una vez se apruebe el Real Decreto, del que solo falta el trámite de informe del Consejo de Estado, «todo el proceso global de verificación de un título nuevo no pueda exceder más de 6 meses».

Flexibilización del contenido académico

Con respecto al proyecto de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, del cual falta informe de algún ministerio y del Consejo de Estado, tiene como objetivo «aunar la flexibilización del contenido académico de los títulos que las universidades presentan con la regulación de las comunidades autónomas de manera que puedan planificar la oferta de grados y másters», así como «la modernización del sistema de educación superior».

Así, Pingarrón ha adelantado que «por primera vez» se incorporarán «itinerarios académicos abiertos para aquellas personas que en los primeros años de su grado no tengan claro» qué estudios escoger, así como la posibilidad de introducir «menciones duales en los grados y másters».

Proceso consultivo

Con respecto a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), el secretario general destaca el «amplio» proceso consultivo de «toda» la comunidad universitaria, pasando por los rectores, las comunidades autónomas, estudiantes, sindicatos, empresas y organizaciones.

Y ha asegurado que la previsión del Ministerio que dirige Manuel Castells es llevar el anteproyecto de Ley a un Consejo de Ministros que se celebre en el mes de septiembre.

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