Este viernes, el Consejo Social aprobó las directrices que seguirá la gerencia de la ULPGC para la elaboración presupuestaria.
Angel Tristán destacó las reuniones mantenidas en Madrid en defensa de las enmiendas presentadas por la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas a la LOSU.
Ana Suárez, Alberto Cabré y Antonio Rico, tomaron posesión como nuevos vocales del Consejo.
El Consejo Social celebró este viernes un pleno ordinario que dio comienzo con la toma de posesión como nuevas consejeras y consejeros de Ana Suárez Calvo, vicepresidenta del grupo ASTICAN; Antonio Rico Revuelta, presidente de Cruz Roja de Canarias; y Alberto Cabré León, empresario y presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP).
En la sesión ordinaria intervino, además del rector y del gerente de la ULPGC, el presidente del Consejo Social, Ángel Tristán, que informó de su asistencia a varias reuniones de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), en Madrid, para seguir dando a conocer las enmiendas que han preparado los 
consejos sociales de España a la nueva LOSU. “Por primera vez en la historia de los consejos sociales universitarios, la CCS se ha convertido en un interlocutor ante el Ministerio y las fuerzas parlamentarias, gracias al impulso que le ha dado su actual presidente, Antonio Abril”. Tristán destacó la intervención de Abril ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, para exponer y defender las 10 enmiendas que la Conferencia ha presentado al texto del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). “Sabemos que tuvo una buena acogida e, incluso, varias instituciones, organizaciones y sindicatos han recogido algunas de estas enmiendas. Además, el propio ministro recogió en su proyecto de Ley algunos aspectos propuestos antes de su aprobación en el Consejo de Ministros”.
Además, en su informe, Ángel Tristán anunció la firma, el próximo lunes 10 de octubre, de la renovación del convenio de la Cátedra del REF con el Círculo de Empresarios de Gran Canaria que preside Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo. Precisamente, esta cátedra va a servir de ejemplo de buena práctica en un foro que tendrá lugar en Pamplona los próximos 25 y 26 de octubre, al igual que la iniciativa ‘Canarias Importa’ coordinada por el rector Honorario, Francisco Rubio Royo, por encargo del Consejo Social de la ULPGC.
Informe del rector
En la presentación de su informe, Lluís Serra, rector de la ULPGC, anunció que la ULPGC ha sido invitada a incorporarse a la European Reform University Alliance (ERUA), en el Marco Eramus+ del programa Universidades Europeas, e incluida en el grupo de doce universidades invitadas por la ANECA a participar en el proyecto piloto EQuAM, para certificar el sistema de gestión de calidad de la institución. “Se trata de un programa muy importante, pues abre la posibilidad de que, a medio plazo, la ULPGC cuente con una acreditación institucional”.
Serra dijo a los miembros del pleno que en este curso se ha incrementado el número de estudiantes de grado, con una cifra de 4.094 nuevos estudiantes. “Los datos de matrícula, a fecha 4 de octubre, constatan más de 15.000 estudiantes de grado y casi 1.200 de máster, aunque la matrícula está aún abierta, previéndose el inicio de la matrícula para enseñanzas de doctorado a finales de este mes de octubre”.
Para concluir, el rector informó de la firma de un convenio de colaboración con la prestigiosa escuela suiza de Les Roches, una de las cinco mejores instituciones internacionales en formación y dirección hotelera”.
Informe del gerente
El gerente de la ULPGC, Roberto Moreno, destacó en su informe la puesta en servicio de la aplicación oficial de la ULPGC, “con diversa información de interés para toda la comunidad universitaria y futuros estudiantes, y que, como principal novedad, integra la tarjeta universitaria de identificación en formato virtual”.
En su intervención, Moreno dijo que la ULPGC continúa avanzando en el objetivo de reducir la temporalidad del personal de administración y servicios por debajo del 8%. “En estos momentos, la tasa de temporalidad del personal no docente de la ULPGC se sitúa en el 30%. Nuestro objetivo es situarnos en torno al 5% de temporalidad, 3 puntos porcentuales menos que el tope máximo que exige la Ley”.
El gerente de la ULPGC informó también de las negociaciones para el futuro FDCAN, que incluye a las dos universidades públicas canarias, y que “van por buen camino, ya que espera que en noviembre se pueda firmar el correspondiente convenio entre el consejero de Hacienda y los rectores, con algo más de 6.5 millones de euros en inversiones para cada Universidad, en los próximos 4 años”.
Finalmente anunció que se han iniciado las conversaciones “que deberían culminar en un nuevo modelo de financiación pública para las dos universidades públicas canarias”, tras mantener una reunión el pasado 29 de septiembre entre el Dirección General de Universidades y los dos gerentes.
El Presupuesto de 2023
Roberto Moreno presentó ante el pleno las directrices generales para la elaboración del presupuesto de la ULPGC para 2023 y los baremos o criterios que se emplearán para el cálculo de la asignación presupuestaria a Centros, Departamentos e Institutos universitarios, que van a estar marcados por el contexto económico y social: la salida de una pandemia y las implicaciones de sucesos como la guerra en Ucrania, que se han concretado con una elevada inflación y el aumento de la incertidumbre.
Roberto Moreno dijo que las directrices son un ejercicio “de transparencia en la gestión, de mayor información a la sociedad en su conjunto y a la comunidad universitaria particularmente sobre objetivos, finalidades y actuaciones propuestas por la institución”. Como principal novedad, respecto a 2022, señaló que en esta ocasión la ULPGC cuenta con un Plan Estratégico, ampliamente consensuado y aprobado por la comunidad universitaria, que dirige la acción de gobierno y establece las prioridades de la institución para los próximos años.
En relación a los recursos con los que contará la ULPGC para 2023, Roberto Moreno consideró tres aspectos: el volumen de financiación procedente del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias; los ingresos asociados a la matrícula de estudiantes y los límites fijados a las universidades públicas en materia de déficit y de evolución de sus gastos. Sobre la primera cuestión, explicó que a lo largo del proceso de elaboración del presupuesto para 2023, se contará con información más precisa sobre los recursos para el próximo ejercicio. No obstante añadió que las circunstancias actuales aconsejan el mantenimiento de las aportaciones presupuestadas para 2022 por la Comunidad Autónoma de Canarias, 114,435 millones de euros, sin considerar una financiación específica para actuaciones o proyectos concretos-, incrementada en la cuantía necesaria para afrontar, al menos, el aumento retributivo que, con carácter básico, se establezca para la subida de los precios de los insumos utilizados por la ULPGC, como el suministro de energía eléctrica”. Todo ello, añadió, sin perjuicio de los importes concretos que se contemplen en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y de la financiación procedente de instrumentos o programas como el REACT-EU, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en la próxima convocatoria del FDCAN.
Sobre los ingresos por matriculación de estudiantes dijo que “la evolución de la matrícula para el curso 2022-2023 permite establecer el mantenimiento, como mínimo, de los ingresos procedentes de la matrícula en enseñanzas oficiales”. Añadió que la elaboración del presupuesto para 2023 se aborda sobre la base de que las universidades públicas contarán con, al menos, las mismas excepciones para incurrir en déficit que en 2022.
Así mismo, el gerente informó de la necesidad de acometer actuaciones de rehabilitación, modernización y reparación de infraestructuras para ser desarrolladas a medio plazo, de acuerdo con las necesidades más urgentes y cuyo alcance estará en función de los fondos provenientes del Estado y de la Comunidad Autónoma. Roberto Moreno recordó que de un total de 60 edificios, con una superficie construida de 291.455,24 metros cuadrados, el 26,67% fueron construidos antes de 1990, el 31,67% entre 1990 y 2000, el 30% entre 2000 y 2010 y el 11,67% después de 2010, “por lo que hay edificios con un deterioro importante, debido a su antigüedad e intensidad de uso, y en algunos casos sin adaptar a las modernas normativas de obligado cumplimiento”.
Los miembros del Consejo Social conocieron también la propuesta de baremos para la determinación de la dotación presupuestaria de Departamentos, Centros e Institutos Universitarios de Investigación en base a criterios e indicadores distintos del capítulo de gastos de personal.
La dotación presupuestaria, estimada para 2023 es de 2.357.597 euros, la misma cantidad que para este año 2022, cuya distribución provisional es de 1.088.205 euros para Departamentos; 753.531 para Centros y 515.861 para Institutos Universitarios de Investigación. Este presupuesto está formado por una dotación estructural, que aporta recursos de acuerdo con la dimensión y actividad ordinaria desarrollada por las unidades académicas y otra por objetivos para promover la mejora continua de los resultados de las distintas estructuras académicas de la Universidad, atendiendo a su responsabilidad competencial.