La Gerencia de la ULPGC informó al Pleno del Consejo Social que el resultado presupuestario de la institución fue de 6.656,22 miles de euros, cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria exigido por ley.
La gerente de la ULPGC, Eulalia Gil, informó al Pleno del Consejo Social de la liquidación provisional del presupuesto 2018 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con un resultado presupuestario positivo de 6.656,22 miles de euros (4.791,76 miles de euros en términos SEC 2010), lo que, a juicio de la gerencia, “pone de manifiesto que los recursos presupuestarios han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios, no necesitando esta Universidad requerir a operaciones de endeudamiento para la financiación de sus actividades“. Con este resultado presupuestario se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria previstos en la Ley 4/2012.
Además, la gerente de la ULPGC informó que los entes dependientes de la ULPGC (la empresa RIC ULPGC y el Parque Científico y Tecnológico) experimentaron saldos positivos en 2018 en sus respectivas cuentas, revirtiendo, así, los resultados negativos del año 2017. Las cuentas definitivas de la ULPGC serán sometidas a su aprobación en el próximo pleno del Consejo Social, previsto en abril.
Por otro lado, en este pleno se presentó el Informe Anual de Seguimiento de la Normativa de Progreso y Permanencia de la ULPGC, elaborado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes, en donde se han puesto de manifiesto las tasas de éxito y graduación de los estudiantes de la ULPGC en el curso 2017-2018, y donde se refleja que tan solo 95 estudiantes, de los 17.838 matriculados en ese curso académico, tuvieron que desvincularse de la ULPGC por no superar la séptima convocatoria de exámenes (un 0,55%).
El presidente del Consejo Social explicó al pleno que este informe es útil para analizar las principales causas de abandono y las asignaturas “cuello de botella“ de la ULPGC, es decir, aquellas en donde se produce una mayor tasa de suspensos. El Presidente sigue insistiendo en que esta normativa es indispensable en las universidades y que, por ello, se aplica en la mayoría de las universidades europeas, porque hay que exigir a los estudiantes un rendimiento académico, pero eso también implica que el propio estudiante exija en sus centros sus derechos y la posibilidad de disponer de tutorías para aquellos que necesiten un apoyo extra en determinadas asignaturas“.