También se conoció el informe preliminar de cierre presupuestario del ejercicio 2021.
El presidente del Consejo Social de la ULPGC destacó que los consejos sociales, a través de sus unidades de control interno, deben asumir el protagonismo y liderazgo, en esta etapa en la que la Unión Europea exige mecanismos concretos para prevenir las irregularidades y el fraude en la gestión de los fondos Next Generation.
Fuente: CCS.
La Comisión Económica de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) celebró el pasado 25 de marzo su primera reunión tras la proclamación del nuevo Comité Ejecutivo a finales de febrero. El encuentro tuvo lugar en el rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.
Su presidente, Javier Cepedano, presidente del Consejo Social de la Universidad de León, recordó los ejes de actuación del Comité Ejecutivo, del que forma parte: sensibilizar a la sociedad española y en especial a sus representantes políticos sobre la trascendencia de la educación en general y de las universidades en particular para el bienestar y el progreso social, impulsar la reforma estructural del actual modelo de gobierno de la universidad pública, trabajar por un incremento de la financiación pública y privada de las universidades, fortalecer la tercera misión universitaria, contribuir a la internacionalización de nuestras universidades y potenciar la empleabilidad de los egresados universitarios.
Con el eje de esas prioridades, el presidente desglosó las diferentes líneas de actuación de la Comisión y destacó 3 de ellas:
1. Retomar el desarrollo del convenio suscrito entre la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP) y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) sobre actividades de carácter económico y, conforme a ello, organizar dos cursos dirigidos a presidentes y secretarios de Consejos Sociales sobre qué es la contabilidad analítica y sobre en qué consiste el análisis de costes y su importancia en las universidades.
2. Continuar con el trabajo iniciado para elaborar unas guías de auditoría o fiscalización en materia económica y financiera.
3. Elaborar un compendio o resumen sobre los aspectos más destacables que hayan sido recogidos en los informes de fiscalización elaborados por el Tribunal de Cuentas (informe de 2012) y los órganos de control externo (en los últimos tres años), sobre el control interno de las universidades.
Además, durante la reunión, el director en la Unidad de Control Interno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julio García, analizó la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sus efectos en la universidad pública española. En concreto, abordó lo que dispone dicha Orden vinculada a la gestión de fondos europeos sobre el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
El ponente comenzó resaltando “la importancia de tener un foco claro a la hora de hablar de esto, porque la gran batería de leyes multinivel del ámbito universitario hace que cometer una irregularidad sea bastante sencillo. Hay que diferenciar entre errores e irregularidades y procedimientos de fraude”. A partir de ahí planteó si los mecanismos de control interno de las universidades “están preparados para gestionar el riesgo de fraude”. Para ello afirmó que se necesitan herramientas específicas porque “no basta con las técnicas de control habituales”. Eso requiere, en su opinión, adaptar los recursos disponibles tanto humanos como tecnológicos. “Tenemos que tener mucha pedagogía interna para enseñar a nuestros empleados, porque no podemos exigir sin informar sobre esta materia”.
Aseguró que “los problemas surgen no tanto en el diseño del plan de actuación como en la aplicación práctica del mismo”. Mencionó las fases de un ciclo antifraude -prevención, detección, investigación y respuesta- y afirmó que, en este momento, dado que se trata “de un proceso ambicioso y hay limitación de recursos, hay que precisar objetivos. En esa línea, la prevención es la más sencilla y por dónde se debería empezar”.
Además, apuntó que es importante ser conscientes de que “tenemos metodología, experiencia previa y el reto ahora está en la aplicación en el ámbito universitario. Debemos aflorar todo el trabajo interno, como el código ético, la unidad de control interno, la labor del Consejo Social, etc. y hay que poner a funcionar todo esto de manera sistémica, coordinada. Podemos aprovechar la información con carácter estratégico de la gestión de riesgos y tomar decisiones con esos datos”.
Muchas universidades ya han aprobado sus planes y ahora deben ponerlo en práctica. Detalló los requerimientos mínimos de dicho plan antifraude e insistió en que “hay que formar a los equipos para que sepan qué tienen que medir y diseñar los procedimientos de control en función de los riesgos que se hayan detectado”. Terminó lanzando un mensaje optimista asegurando que “hay trabajo por delante, pero las universidades funcionan”.
Intervención de Ángel Tristán, presidente del Consejo Social de la ULPGC
Finalizada la exposición del ponente, el presidente del Consejo Social de la ULPGC destacó que los consejos sociales, a través de sus unidades de control interno, deben asumir el protagonismo y liderazgo, en esta etapa en la que la Unión Europea exige mecanismos concretos para prevenir las irregularidades y el fraude en la gestión de los fondos Next Generation. Tristán se refirió a que la Ley Orgánica de Universidades encarga expresamente a los consejos sociales la supervisión, o sea, la alta inspección de todas las actividades relacionadas con la economía y eficiencia de los servicios, sin excepción alguna. Mientras esté en vigor la LOU “esto es así”. El presidente del Consejo Social de la ULPGC advirtió que las unidades de control interno necesitan una adecuada dotación de personal, no solo a corto sino a largo plazo, porque esta vigilancia especial va a durar años hasta que Bruselas haya dado el visto bueno a todas estas acciones relacionadas con los fondos descritos.
La reunión concluyó con el informe preliminar sobre el cierre presupuestario del ejercicio 2021, que está pendiente de la auditoría correspondiente para poder ser formulado por el Comité Ejecutivo y aprobado en la Asamblea General.