La CCS presenta al Secretario General de Universidades un documento con 14 recomendaciones sobre el borrador del nuevo Real Decreto de creación de universidades.
Las propuestas buscan garantizar estándares académicos, sostenibilidad económica y compromiso con la empleabilidad y la proyección social del sistema universitario.
Fuente: CCS
El pasado 11 de abril, Antonio Abril, presidente de la CCS, Joan Corominas, presidente de la Comisión Académica, y Miguel Ángel Acosta, secretario general de la Conferencia, mantuvieron una reunión con el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, donde presentaron diversas consideraciones de la asociación sobre la propuesta del Real Decreto de creación y reconocimiento de universidades.
La CCS valora positivamente la oportunidad brindada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de actualizar el marco normativo y, en el periodo de audiencia e información pública, ha formulado una serie de aportaciones con el objetivo de contribuir a que la nueva norma impulse la mejora de la calidad del sistema universitario y responda eficazmente a sus desafíos futuros, garantizando así una oferta educativa rigurosa, diversa y con compromiso social.
La Conferencia considera que la reforma debe avanzar con equilibrio, combinando exigencia institucional y libertad de innovación, sin imponer rigideces que limiten la diversidad y especialización de los modelos universitarios. Asimismo, muestra su satisfacción por el impulso hacia una mejor gobernanza y calidad, así como por la puesta en valor y la exigencia de las tres funciones esenciales de la universidad: la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento.
La CCS solicita que la nueva normativa contemple como prioridad la evaluación periódica de la calidad en todas las universidades, e incorpore mecanismos para actuar ante el incumplimiento de los estándares mínimos del servicio público universitario, tanto por universidades públicas, como por universidades privadas.
Además, la CCS subraya la necesidad de reforzar la autonomía de las agencias de calidad, aumentar la financiación hasta el 1% del PIB para las universidades públicas, garantizar la transparencia y regular, de forma clara, el régimen de incompatibilidades del profesorado funcionario que imparte docencia en la universidad privada.
Por último, la Conferencia trasladó al Ministerio la importancia de que, tal y como establece la LOSU, los Consejos Sociales asuman el papel de garantes del cumplimiento de los principios éticos en el ámbito universitario, reforzando así su función de supervisión y responsabilidad pública.