La Asamblea General de la CCS se reúne en el marco de las Jornadas celebradas en Galicia para ofrecer a los parlamentos y gobierno autonómicos su colaboración para procurar que el desarrollo normativo de la Ley del Sistema Universitario a nivel autonómico corrija, en la medida de lo posible, las carencias y defectos de la norma básica dentro de los márgenes que en ella se establecen y fortalecer, de esta manera, el compromiso y participación de la sociedad con su universidad.
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) -que aglutina a los Consejos de todas las universidades públicas y a los órganos de representación de universidades privadas- aprobó, en su última Asamblea General celebrada en Vigo, ofrecer a los parlamentos y gobierno autonómicos su colaboración “para procurar que el desarrollo normativo de la LOSU a nivel autonómico corrija, en la medida de lo posible, las carencias y defectos de la norma básica dentro de los márgenes que en ella se establecen” y fortalecer, de esta manera, “el compromiso y participación de la sociedad con su universidad”.
En un manifiesto, aprobado en el marco de las Jornadas anuales que la Conferencia ha celebrado en Galicia, los consejos sociales de las universidades piden que las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales y cuando desarrollen la LOSU:
- Mejoren la actual regulación, atribución de competencias y dotación de medios y recursos –humanos, materiales y económicos– de los consejos sociales con el fin de que la participación de la sociedad –a la que se debe y que la financia muy mayoritariamente con sus impuestos– en la gobernanza de su universidad, tenga mayor alcance y pueda hacerse realmente eficaz.
- Desarrollen los mecanismos de transparencia, control interno y rendición de cuentas de la gestión universitaria al servicio de los intereses sociales, incluyendo la dependencia de la unidad de control interno por los consejos sociales, como ya ocurre en algunas universidades (como es el caso de la ULPGC) y de acuerdo con las recomendaciones reiteradamente formuladas para su generalización, tanto por el Tribunal de Cuentas como por los Órganos Autonómicos de Control Externo.
- Potencien normativas y programas autonómicos de impacto, que permitan dar un salto de calidad en materia de adecuación de la oferta de titulaciones a las necesidades del mercado laboral y sirvan para mejorar la empleabilidad de los egresados universitarios.
- Fomenten y faciliten la transferencia de conocimiento e innovación al tejido productivo y social, de manera que la universidad mejore su aportación a una mayor competitividad económica del entorno, basada en el conocimiento y la innovación.
- Además, pide al Estado la concreción de compromisos financieros plurianuales de cara al aseguramiento de la suficiencia financiera de la universidad y de los propios consejos sociales, con especial atención al sostenimiento de la investigación básica, a la cooperación con el sector productivo para la transferencia de los resultados de la investigación y a la potenciación de los procesos de internacionalización de las universidades.
La Conferencia ha venido reiterando que la LOSU “no responde a las necesidades actuales de la universidad española y no va a servir para resolver los problemas estructurales que vienen limitando su excelencia”.
Durante las Jornadas, organizadas por los consejos sociales de las tres universidades públicas gallegas, A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, se han abordado los retos presentes y futuros de la universidad española, la relación entre la Educación Superior y el Camino de Santiago y cómo medir la aportación de las universidades a su territorio, entre otros temas.