El nuevo texto desoye las recomendaciones de la Unión Europea y de la OCDE y disminuye la participación de la sociedad en el gobierno universitario, alejando a España de los sistemas europeos comparables.
El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) considera que el nuevo anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) presentado por el Ministerio de Universidades “es una oportunidad perdida y nos aleja de los sistemas europeos comparables”.
Para la CCS -que aglutina a los Consejos Sociales de todas las universidades públicas y a los consejos y patronatos de universidades privadas- el texto disminuye la participación de la sociedad en el gobierno universitario y es un paso atrás en la definición de las competencias de los Consejos.
El anteproyecto remitido por el Ministerio que encabeza Joan Subirats sigue sin abordar la transformación profunda del actual modelo de gobernanza universitaria para lograr una verdadera autonomía operativa e institucional y no refleja las directrices marcadas por la Unión Europea y la OCDE, esenciales, como sería un cambio en el modelo de gobierno universitario que acerque el modelo de España a las Instituciones de Educación Superior de Europa. El anteproyecto pone en manos de cada universidad la definición de los criterios de elección de rector y elimina cualquier referencia a fórmulas alternativas, como contemplaba el primer borrador del anteproyecto.
Los modelos de éxito internacionales están caracterizados por la intervención de representantes de la sociedad civil, externos a la universidad, en las responsabilidades de gestión, transparencia y rendición de cuentas de la universidad, entre ellas la elección del rector por concurso de méritos. Sin embargo, el nuevo anteproyecto no fija ninguna postura al respecto y deja en las comunidades autónomas y en los equipos rectores la definición de estos aspectos. De esta manera, los intereses de la sociedad, a quienes debe servir la universidad, siguen alejados del centro de la reforma.
El nuevo anteproyecto no solo no amplía las competencias de los Consejos Sociales para ejercer la supervisión de la actividad económica y del rendimiento de sus servicios, sino que sigue sin garantizar la dotación de recursos necesaria para que puedan ejercer de manera adecuada el control de la gestión, transparencia y rendición de cuentas de la universidad a la sociedad.
Durante los últimos meses la CCS ha mantenido diversas reuniones tanto con Joan Subirats y su equipo como con su predecesor en el cargo, Manuel Castells. En dichos encuentros siempre ha insistido en la importancia de que el Ministerio cuente con la Conferencia “como interlocutor activo de la universidad, sin condicionantes corporativos, ideológicos o políticos, para abordar la nueva legislación, fruto de un pacto de Estado con amplio consenso parlamentario”.
Desde la CCS se insiste en que, si no se acometen los cambios estructurales que la universidad necesita, España continuará siendo una excepción en el mundo de las universidades modernas y la excelencia del servicio público de educación superior seguirá inevitablemente comprometida.