Informe de expertos: Las propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español

El Presidente del Consejo Social de la ULPGC, Lothar Siemens, comunicó a los asistentes a reunión del Pleno celebrado el 28 de febrero, un resumen del Informe de la Comisión de Expertos designada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en donde se destaca “que el sistema educativo español es muy insuficiente y por eso necesita de una profunda reforma”.

El Informe elaborado por los expertos, denominado ‘Las propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español’, destaca la reforma de aspectos como a la contratación del nuevo personal docente, a la autonomía de las universidades y a su gobierno, o a la revisión de sus títulos.

Lo comentado por el Presidente del Consejo Social de la ULPGC se reproduce integramente a continuación.

Resumen de las Propuestas para la Reforma y Mejora de la Calidad y Eficiencia del Sistema Universitario Español que ha presentado la Comisión de Expertos al Ministro de Educación, Cultura y Deporte el pasado 12 de febrero.

Como ustedes recordarán, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte creó una Comisión de Expertos para elaborar un informe de cara a una Reforma del Sistema Universitario Español. De ella les he informado en otras sesiones, por lo que no profundizaré en su composición ni en otros aspectos.

Este informe, que fue remitido por correo electrónico a todos los miembros del Consejo Social a través de la Secretaría, fue entregado hace unos días al Ministro, don José Ignacio Wert, bajo el título «Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español». En este documento se recogen las conclusiones del grupo de trabajo.

El informe ha sido suscrito por la totalidad de los miembros de la Comisión que han participado en la misma hasta la conclusión de sus trabajos (dos de sus miembros: el profesor Barberá y la profesora Chuliá causaron baja en el grupo de trabajo, por razones personales, hace unos meses).

El profesor Alzaga y la profesora Urrea, con independencia de haber firmado el informe en su conjunto, han suscrito una adenda con reservas sobre dos de los capítulos del informe, los referentes a la selección del profesorado y a la gobernanza de las universidades.

Dicho esto, quiero resumirles el contenido de este informe sin entrar en ninguna valoración.

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Reconociendo el progreso realizado por la universidad española durante las últimas décadas y su contribución a la corrección de las desigualdades sociales, el documento considera que actualmente “la calidad del Sistema Universitario Español es muy insuficiente”, por lo que plantea la necesidad de emprender su “profunda reforma” al objeto de que nuestras universidades puedan cumplir con el “papel crucial” que, tanto en formación como en innovación, les corresponde desempeñar en la actual sociedad del conocimiento. Esta reforma ha de fundamentarse en la consideración de la universidad como servicio público destinado a satisfacer las necesidades de los estudiantes y el conjunto de la sociedad y no de los miembros de la comunidad universitaria, debiendo abarcar, al menos, 5 grandes ámbitos de actuación: la selección del personal docente e investigador, la evaluación de la calidad, el sistema de gobierno, la financiación y la oferta de estudios y títulos.

A falta de un análisis más exhaustivo de sus contenidos, a continuación les comento las propuestas de reforma más destacadas que ofrece el documento.

1. En materia de selección de personal, propone la adopción de un sistema de acceso del personal docente e investigador por dos vías: por una parte, la acreditación pública nacional mediante comisiones seleccionadoras de ámbito estatal y con una oferta moderada de plazas, modificando tanto los procedimientos como los baremos del actual sistema de acreditación; por la otra, el incremento de la capacidad de las universidades para contratar directamente a doctores de prestigio, tanto nacionales como extranjeros, así como su capacidad para incentivar el rendimiento. También propone mejorar la selección y eficacia del PAS introduciendo criterios de calidad y rendimiento en sus procesos de selección.

2. En cuanto a la evaluación de la calidad de las universidades, plantea que esta debe fundamentarse en la investigación e innovación, más que en la docencia, con el objetivo de conseguir a medio plazo un nuevo mapa universitario en el que exista una docena de universidades de calidad en condiciones de competir internacionalmente, un grupo de 25 o 30 universidades especializadas en algunas áreas determinadas, y el resto de las universidades caracterizadas por poner mayor énfasis en la enseñanza con algunos buenos departamentos investigadores. Para ello, propone realizar una evaluación de la calidad de las universidades cada cuatro años sobre la base de tres grandes componentes: los rankings internacionales existentes, los sexenios del personal docente e investigador y los proyectos de investigación y demás financiación externa. Complementariamente, también estima necesario considerar la empleabilidad como indicador de la calidad de la enseñanza, para lo cual propone la creación Observatorio nacional de empleo de los egresados universitarios con difusión pública de los resultados alcanzados a estudiantes y empleadores.

3. En el ámbito del gobierno de las universidades, el documento considera necesario reforzar la autonomía de las universidades; incrementar sus niveles de transparencia y de rendición de cuentas; reducir el número, tamaño y atribuciones de los órganos de gobierno, y tender a una creciente profesionalización de la gestión. A tal fin propone sustituir los actuales Consejos de Gobierno y Consejos Sociales por Consejos de la Universidad de tamaño reducido (21 a 25 miembros) en el que estén representados los intereses académicos y de la sociedad. La elección del 50% de sus miembros correspondería al Claustro, aunque con requisitos de elegibilidad para el personal docente e investigador (tener dos sexenios vivos) y presencia de al menos 1 estudiante y 1 miembro del PAS. Otro 25% lo designaría la Comunidad Autónoma entre “personas de elevado prestigio profesional o académico” y el restante 25% sería propuesto por los dos grupos anteriores entre “personas internas o externas a la Universidad que sean de interés para el desarrollo de los proyectos universitarios”. La pertenencia a este nuevo Consejo de Gobierno sería incompatible con tener o haber tenido en los 4 años anteriores a su nombramiento cualquier tipo de cargo político, empresarial o sindical. El Consejo elegiría al Rector, que tendría que ser un académico de reconocido prestigio, bien de la propia Universidad o de fuera de ella, tanto nacional como extranjero, después de la convocatoria de un proceso de selección con publicidad internacional. Se recomienda, además, reforzar la autoridad del Rector y que sea éste quien nombre no solo a su equipo de gobierno sino también a los decanos y directores de centros docentes, mientras que el gerente sería designado por el Consejo a propuesta del Rector. Finalmente, el Claustro de la Universidad, de carácter consultivo, reduciría considerablemente el número de sus miembros (60-70 miembros para las universidades de mayor tamaño) y estaría compuesto por PDI en un 80%, por estudiantes en un 10% y por miembros del PAS en otro 10%.

4. En cuanto a financiación, el documento propone, por una parte, la necesidad de disponer de una financiación suficiente, sostenible y estable basada en contratos programas y planes de financiación plurianuales en la que se reduzca su grado de vinculación a los costes estructurales de la oferta y se refuerce su componente asociado a la demanda y a los resultados alcanzados; y, por la otra, la mejora y ampliación de la política de becas, apostando decididamente por las becas-préstamo, como medio para compensar el mayor esfuerzo de las familias por el aumento de los precios públicos, así como diversificar las fuentes de ingresos de las universidades, para lo cual propone mayores dotaciones para proyectos competitivos de investigación. con incremento de los porcentajes de retención de las universidades por overheads, y una nueva ley de mecenazgo que incentive la inversión privada en las universidades.

5. Finalmente, en materia de estudios y títulos, el documento propone una revisión a fondo de todo el proceso de Bolonia con el fin de pasar del actual sistema de 4+1 años existente en España al 3+2 que se ha adoptado en la mayoría de los países europeos y, al mismo tiempo, reducir significativamente la elevada oferta de títulos actualmente existente en la universidad española (2.541 de grado, 3.292 másteres y 1.751 programas de doctorado). También se plantea el mantenimiento de los títulos propios para la realización de una oferta de formación continua de calidad y el reforzamiento de la interdisciplinariedad y la internacionalización de las enseñanzas ofertadas. Para este proceso de reconversión universitaria el documento aboga por la fusión o eliminación de centros docentes cuando sea necesario y la formalización de acuerdos y alianzas en el marco de una programación nacional de las necesidades de formación universitaria a medio y largo plazo.

Aunque todavía no se conoce el alcance efectivo que van a tener las propuestas realizadas por la Comisión y su traducción en reformas legislativas concretas, es recomendable que todos ustedes lean detenidamente este documento al objeto de poder valorar sus contenidos en una próxima reunión del Consejo Social.