Lluís Serra, rector de la ULPGC: “En estas jornadas podremos aproximarnos a las tareas que deben llevar a cabo las unidades de control interno de las universidades y las instituciones de control externo de las comunidades autónomas para la prevención y detección del fraude”
Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas: “La LOSU es una oportunidad perdida, porque no aborda el tema de la transformación de la gobernanza, de la gestión del gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas de las universidades”
El Consejo Social de la ULPGC y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas inauguraron el pasado mes de julio, en Gran Canaria, unas jornadas nacionales bajo el título los ‘Fondos Next Generation para la recuperación europea y el control antifraude para su recepción: una obligación para las Universidades públicas’, que se enmarcaron dentro del programa de la XXX Universidad de Verano de Maspalomas.
El acto inaugural contó con las intervenciones de Ángel Tristán, presidente del Consejo Social de la ULPGC; Lluís Serra, rector de la ULPGC; Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas; Padua Ortíz de Mendívil, consejero del Tribunal de Cuentas para la Fiscalización de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas; Pedro Pacheco presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y Manuel Ramírez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias.
Ángel Tristán, centró su intervención en el proyecto de la nueva ley que marcará el destino de las universidades españolas (LOSU) sumándose a las razones por las que la Conferencia de Consejos Sociales está en desacuerdo con su articulado y lamentando que el Ministerio de Universidades no haya recogido las recomendaciones del estudio encargado a la OCDE por el Gobierno de España.
“Si el Gobierno de España, en este marco Next Generation encarga, por mandato del Congreso, un estudio sobre universidades a la Unión Europea, y la Unión Europea lo encarga a la OCDE, y la OCDE aconseja un urgente cambio de gobernanza cuyo eje motor sea la configuración de un nuevo Órgano Principal de Gobierno, híbrido de Junta de Gobierno y Consejo Social, que contrate al rector en una convocatoria abierta y en función de su trayectoria y proyecto, y le dota de todos los poderes para la ejecución de su programa, la CRUE ha elegido el camino del ‘sostenella y no enmendalla’. No solo desoye las reiteradas recomendaciones de estudios diversos, organizaciones internacionales, ejemplos de éxito creciente, sino que encima intenta controlar a los consejos sociales”.
Tristán Pimienta recordó que los consejos sociales fueron elementos clave de la primera ley de universidades de la democracia, que se articulaban como los encargados del control y supervisión de todas las actividades económicas y de eficiencia de los servicios. “La LOU los potenció, cumpliendo en realidad el proyecto inicial de la convergencia con Europa, de la que ya éramos parte desde 1986”.
Ángel Tristán consideró contradictorio que la LOSU trate de perpetuar un modelo agotado, que habría que actualizar en línea con el Espacio Europeo de Educación Superior. “Lo que nos lleva, como señala el presidente de nuestra Conferencia, Antonio Abril, a estar rozando una oportunidad perdida”.
Sobre el nuevo modelo que propugna la Conferencia para los consejos sociales, dijo que es abierto y competitivo, respetuoso con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que se está imponiendo en todo el EEES; “es más eficaz, y, sobre todo, más democrático que el actual, y al dar más poderes al rector aumentan en la práctica las capacidades operativas y la autonomía de la universidad”.
Tristán Pimienta reconoció su confusión.“Estamos aquí trabajando en montar un sistema de prevención y control del fraude, que nos exige Bruselas para la gestión de los fondos post pandémicos Next Generation y, justo en este momento, el ministro Subirats trata de despojar, aunque lo envuelva en papel celofán, a los consejos sociales de las funciones para las que fueron creados, precisamente la supervisión y el control en nombre de la sociedad, que es quien paga y manda, y que pocas veces han podido ejercerlas en plenitud por la influencia de las fuerzas corporativas”.
El presidente del Consejo Social de la ULPGC señaló que la CRUE nunca aceptó que los consejos sociales ejercieran en plenitud su papel “adoptando una estrategia de ninguneo cuando no de abierto boicot y acoso rayano en desvío de poder, como en el caso de los órganos de contratación” y recordó que precisamente “el obstruccionismo” a que se vieron sometidos los consejos sociales fue el origen de la creación de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.
Ángel Tristán indicó que los consejos sociales han sido pioneros en la prevención y el control del fraude lo que implica a su vez ser pioneros en la ‘compliance’ o normas de buen gobierno corporativo, a pesar de todas las dificultades.
Para Tristán Pimienta que la ULPGC naciera “de una enorme movilización ciudadana» ha hecho que su Consejo Social siempre haya tenido una especial relevancia y respeto social y político, si bien añadió que “no siempre con el apoyo y la sinceridad de todos sus rectores”. Destacó, sobre todo, el apoyo recibido por, Francisco Rubio Royo, “uno de sus más entregados impulsores; y del actual rector, Lluís Serra.
Por su parte, Lluís Serra, rector de la ULPGC, comenzó su intervención destacando la importancia de este curso, ya que «podremos aproximarnos a las tareas que deben llevar a cabo las unidades de control interno de las universidades y las instituciones de control externo de las comunidades autónomas para la prevención y detección del fraude”.
Serra aseguró que estas jornadas serán un paso más en la profundización respecto a la rendición de cuentas en las universidades públicas, puesto que“se trata de un elemento esencial para recuperar y consolidar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y con ello reforzar nuestro propio sistema democrático”.
El rector de la ULPGC puso también en valor el papel de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en materia de detección y prevención del fraude y anunció que en el mes de junio firmó la resolución por la que entra en vigor el plan de medidas antifraude de la institución universitaria.
Al respecto, el rector añadió que ya está operativo un canal de denuncias a través del portal de transparencia. “Si hiciéramos un ranking al respecto, nuestra universidad estaría también a la cabeza”, aseguró y dijo que, recientemente, se publicó una clasificación de transparencia en la que “nuestra universidad estaba entre las primeras”.
Por último, Lluís Serra explicó que “las universidades canarias tenemos un papel importante en el desarrollo de la propia región” y resaltó que es muy importante que los gobernantes tengan una buena actitud y aptitud, “aspectos que, en muchos casos, han faltado en el pasado”.
Por su parte, Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, se mostró muy crítico con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), recientemente aprobada por el Consejo de ministros. “La LOSU es una oportunidad perdida, porque no aborda el tema de la transformación, de la gobernanza, de la gestión del gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas de las universidades».
Antonio Abril comentó que esta ley supera el hecho de que la universidad pública española tenga un sistema de gobernanza que es único en el mundo, y que es absolutamente anómalo y ha sido criticado por todos y cada uno de los informes que se han hecho. Además, echó en falta que el documento incluya el fortalecimiento de la competencia de los consejos sociales. “La OCDE, por mandato de Europa, presentó un informe el pasado 21 de noviembre que pone como principal asignatura lograr la transformación de la gobernanza y ese fortalecimiento”, comentó Abril.
Continuando con la LOSU, Antonio Abril quiso llamar la atención sobre el artículo 47 que “incluye entre las competencias de los consejos sociales velar por el cumplimiento de los principios éticos y de la integridad académica, así como las directrices antifraude que deben guiar la función docente y la investigación”. Además, dijo que los cuatro elementos clave para el buen gobierno de las universidades son la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes.
Por último, Abril Abadín destacó que, en su opinión, es una “gravísima responsabilidad por omisión, de la sociedad española que ha permitido que, en este siglo XXI, tremendamente competitivo, tecnológico y extraordinariamente cambiante, la universidad pública española tenga los defectos de gobernanza y de financiación que tenemos actualmente”, así como la “gravísima responsabilidad por acción de quienes están impidiendo la modernización de la universidad española”.
En su intervención, Luis Antonio Padua Ortiz de Mendivil Zorrilla, consejero del Tribunal de Cuentas para la fiscalización de las Comunidades Autónomas, así como de las entidades del sector público autonómico, dijo que “los fondos Next Generation son «una oportunidad de modernización de los sistemas productivos de los países miembro y suponen un papel trascendental en la reactivación de la economía de la Unión Europea”.
Por su parte, Pedro Pacheco González, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, enumeró todas las competencias y actividades que realizaba con las instituciones, la Comunidad Autónoma y los Consejos Sociales de las dos universidades canarias.
Para terminar, Manuel Ramírez Sánchez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias, manifestó que “el reto que tenemos por delante es hacer las cosas bien, porque son muchos los ojos que están pendientes de lo que vamos a hacer desde las instituciones públicas, sobre la gestión de los fondos. Tenemos que estar a la altura y ejecutarlos de la mejor manera posible”.
