El presidente y el secretario general de la CCS, Antonio Abril y Miguel Ángel Acosta, mantuvieron una reunión en la Sede del Ministerio de Ciencia e Innovación con el ministro Pedro Duque y el subsecretario Pablo Martín.
La reunión, celebrada el pasado 11 de mayo, ha servido para abordar el refuerzo de la transferencia del conocimiento y la mejora de la carrera científica que se pretende acometer con la nueva Ley de la Ciencia que el propio Ministerio está alaborando.
La Ley introduciría reformas en la carrera científica para crear una nueva forma de contratación fija que proporcionará mayor estabilidad al personal investigador. Además, se actualizará la normativa reguladora de la transferencia de resultados de la actividad investigadora, para fomentar la innovación.
Resolver las carencias
El objetivo del anteproyecto de ley, como indica el Ministerio en un comunicado, es resolver las carencias detectadas en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. En particular, se pone el acento en las relativas a la carrera científica y en la transferencia de conocimiento.
Con estas modificaciones se busca la mejora de las infraestructuras científicas, tecnológicas e innovadoras, tanto desde el punto de vista de su capital humano –promoviendo la contratación de los mejores profesionales y la retención del talento en las organizaciones de ámbito público– como desde el punto de vista de la transferencia de los resultados de la investigación al ámbito público y privado, fomentando una política innovadora que no había sido desarrollada de manera completamente satisfactoria en el texto vigente de la ley, de 2011.
Propuestas de mejora
Capital humano
El objetivo de modificar el sistema actualmente vigente para el acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, es estabilizar la situación laboral de los científicos y acabar con la precariedad laboral y la concatenación sucesiva de contratos de trabajo temporales.
Para ello, se creará un contrato de incorporación estable sujeto a una evaluación externa en el cuarto año del periodo. Es lo que se conoce como ‘tenure track‘.
La base de partida sería un contrato fijo obtenido por un investigador o investigadora como consecuencia de un proceso selectivo sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso de la Administración Pública, debería cumplir los requisitos exigidos con carácter ordinario. Esto quiere decir que la plaza tiene que haber sido convocada con carácter público, y que las plazas convocadas deben formar parte de la Oferta Pública de Empleo concedida, o autorizada, a la institución convocante.
Transferencia de resultados de I+D+i
El segundo de los ejes sobre el que se asienta el anteproyecto es el relativo a la transferencia de resultados de las actividades de I+D+I. Entre otros aspectos, la nueva regulación mandata a los agentes públicos de ejecución del sistema de Ciencia a promover estructuras eficientes. Éstas estarán dedicadas a facilitar y fomentar la actividad de transferencia, pudiendo desempeñarse a través de entidades dependientes o vinculadas, incluidas sociedades mercantiles públicas, si así lo aconsejan razones de ventaja económica, de gestión o de impacto social y difusión.
Además, se amplía el plazo de las excedencias temporales para incorporarse a agentes públicos y privados de ejecución del sistema de Ciencia. También se prevé la participación en los beneficios que obtengan las entidades para las que presten servicio los investigadores por la explotación de los resultados de la actividad de investigación, estableciendo de manera expresa que dicha participación ascenderá como mínimo a un tercio de tales beneficios.