La Radiografía de la financiación de las universidades públicas en España (2009-2024) muestra que la inversión universitaria equivale al 0,74 % del PIB, un 20 % por debajo de la media europea
La Conferencia de Consejos Sociales participó en la reunión, representada por su secretario general, Miguel Ángel Acosta, quien destacó la necesidad de vincular la suficiencia financiera con la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia
Comunidades autónomas y universidades reclamaron un modelo estable y mecanismos que garanticen el cumplimiento del objetivo del 1 % del PIB previsto en la LOSU
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades presentó el pasado 24 de octubre de 2025 en la Comisión de trabajo sobre financiación universitaria el estudio Radiografía de la financiación de las universidades públicas en España (2009-2024), primer análisis global que permite evaluar la evolución de la financiación del sistema universitario público durante los últimos quince años.
El secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, explicó que las transferencias corrientes de las comunidades autónomas a las universidades públicas alcanzaron en 2024 un valor equivalente al 0,49% del PIB nacional, mientras que la financiación global —sumando capital, fondos europeos y aportaciones locales— se aproxima al 0,65%. En ese periodo, las transferencias autonómicas crecieron un 21,78%, frente al 56,2% de los presupuestos regionales, lo que evidencia la pérdida de peso relativo de la educación superior dentro del gasto público.
El estudio revela, además, que el gasto público medio por estudiante en España asciende a 7.830 euros, un 76% de la media europea (10.265 euros), y que la financiación pública universitaria equivale al 0,74% del PIB, frente al 1,44% en Dinamarca, el 1,05% en Alemania y el 0,91% en Francia.
Durante la sesión, el secretario general del Ministerio subrayó que el objetivo del 1% del PIB previsto en el artículo 55.2 de la LOSU debe ir acompañado de indicadores de suficiencia, equidad y eficiencia, y de un modelo que tenga en cuenta la diversidad económica y competencial de las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo estable y coordinado, que combine aportaciones estatales y autonómicas y garantice la sostenibilidad de la financiación. En representación de Andalucía, su secretario general de Universidades, Ramón Herrera de las Heras, explicó que su comunidad destina el 0,74% del PIB regional al gasto universitario, cifra que se aproxima al 1% si se incluyen los fondos europeos y las transferencias de capital. La Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla-La Mancha defendieron igualmente la necesidad de contar con indicadores comparables que reflejen de manera realista la capacidad de financiación de cada territorio.
Por parte de las universidades, el rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López, valoró que el estudio ofrece una base homogénea y útil para el debate, y subrayó la necesidad de abordar la financiación con una visión de sistema, evitando desigualdades entre comunidades.
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) participó en la reunión representada por su secretario general, Miguel Ángel Acosta, quien trasladó el reconocimiento de la CCS al esfuerzo técnico del Ministerio y destacó el valor del estudio como herramienta de rendición de cuentas y transparencia. Acosta recordó que los consejos sociales son los órganos de supervisión económica y participación de la sociedad en la universidad, y defendió que el cumplimiento del objetivo del 1% del PIB debe vincularse a una financiación que promueva la eficiencia, la calidad y el impacto social de la actividad universitaria.
La Secretaría General de Universidades concluyó la sesión presentando sus conclusiones, en las que advierte que el 1% del PIB, por sí solo, no bastará para corregir los desequilibrios actuales del sistema. El Ministerio propone, por ello, acompañar este objetivo con fórmulas complementarias de financiación estructural, que garanticen una mejora sostenida de los recursos en todas las comunidades autónomas.
La reunión finalizó con el compromiso de remitir el estudio completo a los miembros de la Comisión y de convocar una nueva sesión antes de final de año para definir el calendario de trabajo que permita avanzar hacia un modelo de financiación estable, equitativo y alineado con los objetivos de la LOSU.