El gerente, Roberto Moreno, informó sobre la puesta en servicio de la nueva sede electrónica, las medidas de teletrabajo, la Contabilidad Analítica y la homologación salarial de 128 plazas, entre otras cuestiones.
El Consejo Social de la ULPGC celebró el primer pleno ordinario del año para tratar varios asuntos de interés, además de la presentación de informes por parte de su presidente, Ángel Tristán, y del gerente de la ULPGC, Roberto Moreno.
En su intervención, Tristán Pimienta expresó su “satisfacción por el buen entendimiento y la franca y mutua cooperación con el rector Lluís Serra y su equipo de Gobierno, y con el gerente Roberto Moreno, y sus colaboradores “que han entendido y asumido el papel de este Consejo Social”. En este sentido, el presidente del Consejo Social citó varios asuntos que le han satisfecho especialmente, “como el Plan de Mentoría, para tratar de salvar a los alumnos del fracaso final”.
Destacó también la presentación de Alumni y la firma de un convenio entre la Universidad, la Confederación Canaria de Empresarios, que consideró “estratégico para el diseño de la formación, que precisa del vertiginoso mundo de la gran revolución digital”. El pleno también aprobó la renovación del convenio con el Círculo de Empresarios que respalda la Cátedra del REF, creada por iniciativa del Consejo Social en 2014.
En esta línea de trabajo de colaboración institucional recordó la creación de la iniciativa Canarias Importa, que va tener una segunda edición “porque Canarias nos sigue importando”.
Asimismo, citó otras actividades programadas como la celebración de un foro nacional, organizado en colaboración con la Conferencia de Consejos Sociales, dentro de la programación de la XXX Universidad de Verano de Maspalomas, sobre los fondos Next Generation UE para la recuperación europea y medidas para la detección del fraude en las universidades públicas. Estas jornadas contarán con un panel de ponentes compuesto por representantes de los Tribunales de Cuentas de la UE y de España y de varias sindicaturas y audiencias de cuentas autonómicas, así como de responsables de los ministerios de Universidades y de Ciencia e Innovación
Continuando con su informe se refirió a la visita realizada a los campus de Fuerteventura y Lanzarote señalando que el Consejo seguirá hablando con los respectivos cabildos y ayuntamientos para darles el impulso que necesitan y dotarles de los espacios adecuados, así como de su accesibilidad”.
Respecto a la LOSU y a las reuniones que se han celebrado en las últimas semanas, aludió a la mantenida con el ministro de Universidades, Joan Subirats, en la que participaron también el rector de la ULPGC y la rectora de la ULL. En ese encuentro Ángel Tristán trasladó al ministro la opinión de la Conferencia de Consejos Sociales sobre la nueva ley, que “nace vieja al no contemplar las recomendaciones de la OCDE para la reforma estructural de la gobernanza de las universidades españolas”. En este sentido Tristán informó que, junto al secretario general, Miguel Ángel Acosta, participó, también, en una reunión telemática extraordinaria de la comisión ejecutiva de la Conferencia española para ultimar las enmiendas que presentarán al proyecto de LOSU.
Concluyó su informe destacando la cooperación que mantiene el Consejo Social con el rectorado de la ULPGC que ha conseguido incrementar el número de becas dirigidas a estudiantes que deseen iniciar tareas de investigación en régimen de compatibilidad con sus estudios y anunció la celebración de una nueva edición de los Desayunos Universidad- Sociedad, que se celebrará el 22 de julio, con la intervención del profesor Mateo Valero, doctor Honoris Causa de esta Universidad, que hablará sobre un tema de extraordinaria importancia en esos momentos: el chip.
Finalmente, expuso que dentro de las Actividades de Control Interno, hasta enero de 2022, se han tramitado 182 informes de fiscalización.
Informe del gerente de la ULPGC
Por su parte, el gerente de la ULPGC, Roberto Moreno, informó de la puesta en marcha de la nueva sede electrónica, de la tramitación de expedientes y del archivo digital único. En Recursos Humanos destacó las medidas que permiten el teletrabajo, la homologación de 128 plazas de funcionarios, la publicación de la OPE extraordinaria de estabilización, el proyecto de integración de personal administrativo de Departamentos en edificios, el nuevo concurso de facturación de energía eléctrica y la introducción de Contabilidad Analítica.
Roberto Moreno expuso que se están incorporando del orden de 25 trámites nuevos cada semana pasando de un solo trámite de respuesta inmediata, a principios de marzo, a 14 en la actualidad. El descenso del uso de papel en los procesos administrativos supone un 95% menos, aproximadamente.
Moreno destacó la aprobación de la OPE de estabilización, por parte del Consejo de Gobierno tal y como prevé la Ley 20/2021”. Informó, asimismo, que la OPE extraordinaria aprobada por la ULPGC incluye 6 plazas, cuyo proceso de selección será el de concurso-oposición y otras 193 a través de concurso de méritos. Asimismo, recordó que, en mes de mayo, se publicó en el BOC, la modificación puntual de la RPT que permite la homologación salarial de 128 plazas del Personal de Administración y Servicios con sus equivalentes de la ULL y de la Administración Autonómica.
Expresó su preocupación por la facturación de energía eléctrica y explicó que, tras haber quedado desierto el correspondiente concurso público y ante el aumento del coste de la energía eléctrica, se elevó a la Dirección General de Planificación y Presupuestos una propuesta para tomar las medidas legales necesarias que permitan a ambas universidades contabilizar como déficit aceptable el mencionado sobrecoste, que tiene una previsión anual para la ULPGC de más de 2.4 millones de euros.
Sobre la evolución de los trabajos para la implantación de la Contabilidad Analítica, informó de la adhesión a la aplicación denominada Sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para las Organizaciones Administrativas (CANOA) que parte de un modelo contable estándar, personalizable para cada Ente, que permite valorar el coste de las actividades desarrolladas por las distintas unidades y proporciona un conjunto de informaciones dirigidas a analizar el empleo de los recursos públicos y a facilitar la adopción de decisiones sobre la producción de bienes y servicios y la fijación de tasas y precios públicos