Joan Subirats, subraya que la medida permite un sistema de ciencia, investigación y universidad más sólido y más justo y ayuda a que las universidades tengan todas las garantías para poder seguir avanzando en los proyectos de investigación que tienen entre manos.
Diana Morant, destaca que esta medida ofrece estabilidad laboral, beneficiando a miles de investigadores, personal técnico y de gestión que estaban encadenando contratos temporales.
Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de abril un Real Decreto Ley en el que se introduce una modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas. Se trata de una aprobación de urgencia tras la eliminación de los contratos temporales por obra y servicio por la reciente reforma laboral y mientras la Ley de la Ciencia continúa su tramitación parlamentaria.
El Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Universidades han impulsado esta medida «con el objetivo de dotar de mayor estabilidad a la carrera profesional en instituciones públicas del ámbito de la I+D+I como universidades, centros de investigación, fundaciones y consorcios».
Además, estos contratos de duración indefinida no necesitarán autorización previa si su financiación es externa o procede de convocatorias en concurrencia competitiva. En caso de que el grupo de investigación continúe con financiación, los contratos se podrán prorrogar sin necesidad de una nueva contratación.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado que “esta medida ofrece más estabilidad laboral y beneficiará a miles de investigadores, personal técnico y de gestión que hoy en día encadenan contratos temporales”.
Por su parte, el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha subrayado que “esta medida permite un sistema de ciencia, investigación y universidad más sólido y más justo y ayuda a que las universidades tengan todas las garantías para poder seguir avanzando en los proyectos de investigación que tienen entre manos”.
Se calcula que hay más de 150.000 investigadores y personal técnico y de gestión con un contrato temporal que podrán beneficiarse de la nueva normativa.