Introduce la ‘renuncia’ del alumno a un porcentaje de asignaturas antes de empezar el periodo de exámenes.
La séptima convocatoria recobra ‘plenamente’ su condición de extraordinaria y será concedida tras su estudio personalizado en una comisión.
Durante el Pleno Extraordinario celebrado el 20 de diciembre, el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprobó por mayoría introducir unas modificaciones puntuales en las Normas de Progreso y Permanencia tras el estudio del impacto, “muy positivo”, que las actuales han tenido en la tasa de éxito. “Ahora es el momento de dar nuevos pasos para mejorar el rendimiento, introduciendo, o ‘reinventando’, la figura de la renuncia del alumno a unas convocatorias con antelación razonable a la fecha de los exámenes”. La renuncia, que figurará así en las actas, no será generalizada, sino que se ajustará a un porcentaje sobre los créditos (o asignaturas) de la matrícula.
“Los estudiantes – se señala en el acuerdo- podrán renunciar a la convocatoria de una o varias asignaturas siempre y cuando el cómputo total de los créditos ECTS de estas asignaturas no superen el 30 por ciento de los créditos matriculados en el periodo ordinario. Dicha renuncia solo podrá efectuarse en las asignaturas de los cursos más altos matriculados”.
De lo que se trata es de, con este requisito, impulsar el progreso académico del alumno y conseguir, finalmente, una mejor tasa de graduación. La ‘tasa de graduación’ mide el tiempo que el alumno tarda en terminar la carrera. La óptima es acabar una titulación de cuatro cursos en cinco años, o de cinco en seis años, incluido el trabajo final de título. Las universidades canarias son de entre las españolas las que más tiempo invierten los alumnos en terminar sus estudios. “Esto hay que mejorarlo obligatoriamente. La comunidad universitaria ha de utilizar con una mayor eficiencia los fondos públicos”, afirma Ángel Tristán.
Otro apartado del acuerdo se refiere a la convocatoria adicional, la séptima, prevista en las Normas, que recobra su carácter excepcional y que se autorizará tras un estudio personalizado de las circunstancias académicas del alumno, siempre que se cumpla con el resto de las condiciones de progreso y permanencia establecidas en las Normas y que el alumno figure calificado en las actas al menos en dos convocatorias, la misma exigencia que en las compensatorias.
El presidente del Consejo Social recordó a los señores consejeros que durante los últimos tres años, de acuerdo con el compromiso adquirido en su toma de posesión, se han ido introduciendo modificaciones en las Normas de Progreso y Permanencia “siempre con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado, pero atendiendo a las nuevas circunstancias y a las causas del fracaso”. Por ejemplo, una de las primeras medidas fue aumentar el número de ‘causas sobrevenidas’ que pudieran impedir o dificultar que los alumnos afrontaran con éxito los exámenes, como quedarse en paro el alumno o sus padres, el fallecimiento de un familiar, un problema de trabajo, un accidente, problemas de salud, cuidado de familiares, etc.
Otro de los acuerdos tomados ha sido el de excluir el Trabajo Fin de Título a efectos del cálculo para determinar el rendimiento exigido al estudiante. Recientemente además se adoptó el acuerdo de dar facilidades a los alumnos que tuvieran aprobado el 80% de la titulación, para que pudieran completar sus estudios.
Además, en los últimos cursos se viene concediendo una prórroga a los estudiantes que, aunque no hayan alcanzado el rendimiento exigido, se han esforzado y se han acercado al mismo.
“El Consejo Social ha de combinar varias obligaciones, que impiden la ausencia de normas que incentiven el éxito. Esto es un mandato claro que el Tribunal Constitucional ha ratificado con contundencia en sus sentencias 131 y 134 de 2013, en las que recuerda que dentro de la supervisión del rendimiento de los servicios que le corresponde al Consejo Social no puede negarse que se encuentra la de velar por que exista una adecuada relación entre la duración de los estudios y la permanencia de los alumnos en la universidad pues dicha permanencia implica la utilización de recursos públicos que son, por su propia naturaleza, limitados”, señaló Tristán. “Esta es una obligación, muy claramente expresada por el Tribunal Constitucional, que no puede ser ignorada ni puenteada”.
Sin embargo, el presidente del Consejo Social recordó que es fundamental que en este asunto trabajen al unísono el Consejo Social y el Gobierno de la Universidad “con políticas y estrategias coincidentes”. En este sentido se refirió a la obligación ‘profesional’ de los decanos y directores de atender las recomendaciones del Consejo de Gobierno a través de los vicerrectores competentes para aplicar los ‘protocolos’ previstos ante la detección de asignaturas con un número ‘impropio’ de suspensos, asignaturas también llamadas ‘cuello de botella’, en dos direcciones: analizar qué pasa en esas asignaturas, y poner en marcha las tutorías personalizadas acorde con el reglamento….””La confluencia de ambas medidas, las académicas y las Normas de Progreso y Permanencia son la única manera de que la ULPGC, y en realidad todas las universidades, aumenten la tasa de éxito, lo cual es bueno para el alumno, porque mejora su curriculum, y por lo tanto sus posibilidades de empleabilidad en el futuro, y porque aumenta la eficiencia en el uso del dinero público, como nos manda el TC”.
Con respecto al impacto de las Normas de Progreso y Permanencia en los dos últimos cursos académicos, el presidente señaló que ha sido eficaz pero “relativamente reducido en las personas afectadas”, esto es, en otras palabras, que el número de alumnos desvinculados de la universidad, bien por falta de progreso en sus estudios – número de asignaturas aprobadas o por séptima convocatoria-, “es mucho menor del que se suele decir, con tintes catastrofistas, aunque con que haya uno solo ya es una catástrofe personal, y familiar, porque son las familias las que junto con el estado sufragan los gastos de sus hijos en los campus”. Así en el curso 2016-2017 solo hubo 31 estudiantes desvinculados definitivamente por bajo rendimiento, y 76 por no haber superado la séptima convocatoria. “Esto son los datos reales, y no los cientos o los miles de los rumores…”
Los datos del curso 2017-2018 aún no están cerrados, pero son similares – aunque pueden reducirse porque los exámenes están terminando ahora y las cifras son de hace dos meses- 83 estudiantes desvinculados por falta de rendimiento, y 74 por no haber superado la séptima convocatoria. Estas cifras cobran su pleno sentido si se comparan con el número de alumnos de la ULPGC: unos 20.000. Si bien la desvinculación por agotamiento de la séptima convocatoria es irreversible para seguir estudiando en esta Universidad, la que se produce por no alcanzar el rendimiento exigido es por un año, al cabo del cual el alumno puede reintegrarse y continuar con sus estudios.
También el presidente destacó el factor reputacional de las Universidades, que tal como se puso de manifiesto en el reciente foro de la Conferencia de Consejos Sociales celebrada en Meloneras, adquiere cada día mayor relevancia a la hora de elegir el centro donde estudiar y captar además financiación externa.
Ángel Tristán destacó, por último, el compromiso del Rector Rafael Robaina por afrontar con rigor el problema de las asignaturas ‘cuello de botella’, con un elevado número de suspensos, estudiando las causas y adoptando las medidas apropiadas. Por otra parte, el vicerrector de Estudiantes, Antonio S. Ramos Gordillo, ya recordó el 26 de enero de 2017 a decanos y directores la instrucción de fecha 6 de septiembre de 2016 relativa al seguimiento de los estudiantes afectados por las NPP y las medidas de tutorización específicas que hay que llevar a cabo.
El presidente del Consejo Social anunció a los consejeros que se haría un díptico especial que se repartiría a todo el alumnado, y a la comunidad universitaria en general, conjuntamente con una campaña informativa en las redes sociales.
En los últimos años, y como resultado de la aplicación de las Normas de Progreso y Permanencia, se ha observado un gran avance en el rendimiento de los estudiantes, que han acentuado su esfuerzo. El presidente del Consejo Social a la vez que reconoció esta circunstancia y felicitó a los alumnos, destacó asimismo el compromiso de los docentes animándoles a persistir en el esfuerzo y el compromiso social para, entre todos, mejorar la eficiencia y la calidad en el año 2019, en que se cumple el trigésimo aniversario de la ULPGC.