«La nueva LOSU encomienda a los Consejos Sociales la función de velar por la ética, la integridad académica y las medidas antifraude en la universidad. Velar ha de interpretarse como control y supervisión efectiva del compliance universitario», así se manifestaba el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), Antonio Abril Abadín, en el Acto de Clausura de las jornadas nacionales sobre ‘Tendencias y desafíos del compliance en la universidad española: hacia una cultura de integridad y buen gobierno’, dentro del programa de la XXXI Universidad de Verano de Maspalomas.
El Acto de Clausura contó, además, con la asistencia del presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán Pimienta; la vicerrectora de Proyección Social y Comunicación de la ULPGC, Suny Beerli Palacio, y el presidente de la Fundación para Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP), José Carlos Naranjo Sintes.
El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas declaró que «no podemos reproducir el esquema actual del control económico y presupuestario que, salvo en muy concretos casos como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no es real y efectivo, porque el control interno no depende de los Consejos Sociales y no intervenimos en la elaboración de la documentación económica y presupuestaria».
Para Antonio Abril, todo sistema de compliance tiene en su vértice, como norma interna esencial, un Código Ético y «para ponerlo en práctica tiene que existir un canal ético o de denuncias, elaborado en el marco mínimo de la Ley 2/2023 de Protección del Informante. Un buen sistema de compliance limitará los riesgos de responsabilidad penal, donde pueda existir y, en todo caso, disminuirá los riesgos de deterioro reputacional de las universidades».
Añadió, que hay que desarrollar en las universidades medidas organizativas para la implementación del compliance, como tener un Comité de Ética y un responsable de compliance. «La garantía última de la autonomía y del buen funcionamiento del sistema tiene que estar en el Consejo Social. Existen ya modelos eficientes de compliance en las universidades españolas, que están «más desarrollados en las universidades privadas que en las públicas».
En su opinión, alcanzar el modelo deseado en las universidades públicas «no va a ser fácil», puesto que el compliance es siempre «un límite del poder de quien lo ejerce. En buena medida, lo que se consiga va a depender del trabajo, del esfuerzo y del buen hacer de los Consejos Sociales».
Sobre estas jornadas nacionales, Antonio Abril destacó: el gran nivel de las ponencias, la brillante organización de las jornadas por parte del Consejo Social de la ULPGC, y el agradecimiento a la Fundación FIASEP y a las empresas colaboradoras.
Intervención de Ángel Tristán
Por su parte, Ángel Tristán manifestó la necesidad del compliance en torno a la sociedad occidental y capitalista e industrializada, en el mundo financiero «surgió como consecuencia de grandes quiebras producidas por la desregularización masiva en las épocas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Sobre todo tras la desaparición en Europa de la democracia cristiana tradicional y ese neoliberalismo, esa derecha radical que fue ocupando todo el sector económico».
Para el presidente del Consejo Social de la ULPGC, «esa doctrina económica en Estados Unidos, por ejemplo, tuvo su primera consecuencia con la quiebra fraudulenta de Enron, ese gigante energético que en un momento determinado, las autoridades y la propia empresa no pudieron seguir adelante con su trabajo porque tenía un agujero de 60.000 millones, los créditos se habían convertido en activo y porque se había maquillado la famosa ingeniería financiera. Uno de los grandes damnificados fue, precisamente, uno de los propagandistas de la desregularización, el presidente Ronald Reagan, que prácticamente se arruinó y tuvo que vivir de las pensiones de los antiguos presidentes».
En lo que atañe a la Universidad, Tristán Pimienta puso de manifiesto que la necesidad de compliance es, entre otras razones, porque no se ha aplicado una fórmula de compliance que es precisamente la relativa a las funciones del Consejo Social en materia de control interno. Al no aplicarse ni la LRU en toda su dimensión en su momento, ni la LOSU, ni el texto consolidado con anterioridad a la LOSU, la Universidad vivía fuera de la ley. Entonces no había posibilidad alguna de llevar adelante un servicio de control interno, un servicio preventivo con estudio y auditorías preventivas que impidieran, en lo máximo posible, la comisión de irregularidades. Llega un momento donde el compliance se hace necesario en toda Europa y se aprueba una Directiva Europea, que se quiere extrapolar a España, porque hay un hueco, porque si no habría una fórmula que habría evitado las irregularidades e ineficiencias que se han producido en las universidades». Por este motivo, Ángel Tristán declaró que el Consejo Social de la ULPGC y el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales «estamos empeñados en analizar lo que puede ser el compliance en las Universidades y cómo hay que adecuarlo».
Suny Beerli Palacio y José Carlos Naranjo
La vicerrectora de Proyección Social y Comunicación de la ULPGC, destacó la importancia de estas jornadas centradas en el «papel fundamental que juega todo lo que es el cumplimiento normativo y a los comportamientos éticos que tienen gran relevancia en nuestras instituciones universitarias».
En su opinión, el comportamiento ético y el cumplimiento normativo que debe existir y que es de obligado cumplimiento en las universidades, muchas veces se percibe por parte de los que estamos dentro de las universidades como una carga de procedimientos administrativos y es todo lo contrario. Debemos entender a los programas de compliance como una oportunidad de fortalecer las universidades y su credibilidad».
Suny Beerli Palacio expuso que «los que estamos en las universidades con un cargo de responsabilidad también tenemos que tener un cierto liderazgo proactivo que promueva todos estos comportamientos, que los impregnemos dentro de lo que es la cultura organizativa. Porque si esto no lo tratamos de introducir en la cultura del ADN de nuestras instituciones, pues tampoco acabamos contagiando a los miembros para que tengan comportamientos responsables en su día a día, íntegros, gestiones transparentes, porque es fundamental la transparencia, la responsabilidad en las gestiones».
El presidente de la Fundación para Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP), José Carlos Naranjo Sintes, destacó que durante estas jornadas se ha podido analizar «las tendencias actuales en materia de ética y cumplimiento normativo, así como los desafíos específicos que enfrenta la universidad en la promoción de una cultura de integridad y buen gobierno. Hemos abordado cuestiones clave como la gestión de riesgos, la ética institucional y la responsabilidad social».
En su opinión, es fundamental destacar que el cumplimiento normativo y la cultura de integridad, «no es solo responsabilidad de los líderes y responsables de cumplimiento, sino de cada uno de nosotros como miembros de la comunidad universitaria. Todos tenemos un papel crucial que desempeñar en la construcción de un entorno universitario ético y transparente, así que me permite recordarles que el aprendizaje no termina aquí».
Estas jornadas han estado organizadas por el Consejo Social de la ULPGC, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y la Fundación para Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP), con la colaboración de Lopesan, ASTICAN, Grupo Newport y TIRMA.