En Canarias tenemos un contexto en el que cada vez más hay grupos de población “cronificados” en la exclusión múltiple. Cerca de la mitad de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social y el gasto de protección social en Canarias es inferior a la media española. El Sistema de funcionamiento es excesivamente lento y burocratizado, y una organización excesivamente compartimentada, sin contar con la falta de desarrollo normativo, cartera de servicios inexistentes y ambigüedad sobre la responsabilidad de los distintos niveles administrativos. La actuación en servicios sociales se concentra prioritariamente en la gestión: tramitación de prestaciones y ayudas en detrimento de la promoción, apoyo, empoderamiento y tutorización de las personas. Por otro lado, el modelo sociosanitario actual ha demostrado no ser la mejor opción para responder a las necesidades sociales y sanitarias en situación de pandemia.
Sin lugar a dudas la exclusión y la desigualdad tienen efectos muy graves sobre la cohesión de la sociedad canaria y si no hay un cambio de rumbo ambicioso, rápido y decidido las consecuencias serán imprevisibles en nuestra comunidad. Por ello, no podemos seguir con políticas continuistas tras la COVID19, debemos encontrar nuevas fórmulas y transformar los modos de hacer, impulsando una recuperación sostenible, preservando y creando nuevos trabajos sin dejar a nadie atrás, creando una economía más equitativa y resiliente. Para ello se hace necesario:
- Modelo de desarrollo sostenible integral, que contemple como objetivo estratégico la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Para ello es clave el desarrollo en Canarias de la economía social y solidaria, así como nuevas fórmulas para el fomento de la capacitación y desarrollo profesional (formación dual, nuevos modelos de ocupación y empleo, etc.), donde el papel de las empresas cobra un valor clave en la apuesta hacia el nuevo desarrollo social y económico en Canarias (responsabilidad social, cláusulas sociales…), pero debe basarse en una serie de principios que tengan en cuenta a las personas, al medio ambiente y al desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria por encima de otros intereses meramente economicistas.
- Modelo de Ciudadanía para todas las personas: comunidades amables, cercanas e inclusivas. Desarrollar y reforzar los servicios de apoyo comunitario, teniendo en cuenta la nuclearización de las familias y su limitada capacidad para apoyar a las personas que necesitan cuidados de larga duración, así como la necesidad de reorientar servicios institucionalizados hacia servicios comunitarios. Las mejores respuestas y más sostenibles están en la comunidad, en los barrios, en las casas de las personas. Existen múltiples experiencias de éxito en España desde este enfoque que se pueden replicar en nuestra comunidad autónoma, desde una promoción de la participación y dinamización de lo local.
- Los servicios públicos como garantía de bienestar y de progreso, no como gasto insostenible. Es imposible resolver situaciones complejas de las personas con soluciones estancas e inconexas, por ello se requiere reformas en el actual sistema hacia un enfoque más integral, flexible y dinámico. Para unos servicios sociales eficientes es necesario contar con una Administración fuerte y una sociedad civil que actúen en estrecha colaboración. Por ello, el valor añadido que aportan las entidades del Tercer Sector por su flexibilidad, capacidad de innovación, motivación, proximidad…. que requiere una colaboración preferencial, especial, estable y continuada con las administraciones públicas y tejido empresarial. Por ello cobra relevancia el desarrollo de normativas tales como la Ley del Tercer Sector en Canarias, la Concertación Social, Ley de Economía Social y Solidaria, etc.
- Innovación y desarrollo. Hay que poner en marcha proyectos pilotos, experimentales, que ensayen nuevas formas de hacer, y evaluar si dan o no respuesta a las necesidades de las personas e incorporan nuevas fórmulas de desarrollo económico.
- La tecnología al servicio de las personas. Intensificar las medidas y actuaciones para hacer frente a las consecuencias generadas por la brecha digital invirtiendo en capacitación de las personas, accesibilidad cognitiva, inteligencia artificial….