“El índice de percepción de la corrupción en 2022 revela escasos avances, en un contexto mundial cada vez más violento. Los niveles de corrupción en España no han variado en once años consecutivos, con la bajada solo de un punto y una calificación de 60 sobre 100, lo que sitúa a nuestro país en el puesto 35 del ranking de 180 países”, manifestó Beatriz Montes Sebastián, en las jornadas nacionales sobre ‘Tendencias y desafíos del compliance en la universidad española: hacia una cultura de integridad y buen gobierno’, que se celebran en Maspalomas, organizadas por el Consejo Social de la ULPGC, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y la Fundación para Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP).
Beatriz Montes Sebastián, presidenta del Comité Antifraude de la Consellería de Vivienda de la Generalitat Valenciana, letrada de la Universidad Politécnica de Valencia en excedencia y profesora del máster propio de Contratación Pública y Compliance de la Universidad de Valencia, intervino en la ponencia ‘Compliance en la administración pública: dificultades y propuestas’, junto a María Concepción Campos Acuña, doctora en Derecho y Directiva Pública Profesional por la Universidad de Santiago de Compostela, y Carlos Alberto Saiz Peña, presidente de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo(CUMPLEN) y socio Governance Risk&Compliance de EcixGroup. Jesús León Lima, expresidente del Consejo Social de la ULPGC presentó a los ponentes y moderó la mesa redonda.
Beatriz Montes expuso en su intervención que el fraude y la corrupción provocan la pérdida de ingresos públicos y menoscaban la credibilidad de las instituciones, “produciendo la desafección de los ciudadanos respecto a las instituciones y a la gestión pública. Por ello, es obligación de las administraciones públicas combatirlos”. Destacó que los Sistemas de Integridad son una herramienta eficaz para la lucha contra el fraude, la corrupción, las malas prácticas y para prevenir los conflictos de interés. “Es necesario trasladar una cultura ética, de integridad, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública que mejore los procesos y contribuya a optimizar nuestros recursos públicos. Actualmente, existen dificultades para implantar estos sistemas debido a la falta de digitalización de la Administración, necesidad de profesionalización y especialización, resistencia a los cambios, etcétera”.
Concienciación y formación
Montes explicó sus propuestas para implantar los Sistemas de Integridad, como son el compromiso y liderazgo de los máximos responsables de las Instituciones para que trasladen dicho sistema a toda la organización. Para ello, deben actuar con ejemplaridad, honestidad, compromiso y demostrando la tolerancia cero contra tales prácticas”. Y añadió que concienciación y formación de todos los que participan en la gestión pública es fundamental para poder aplicar el Sistema, informando y formando sobre ética e integridad, análisis y evaluación de riesgos, conductas prohibidas y medidas de prevención, detección, corrección y persecución. “Las Universidades, en cuanto a instituciones que tienen por misión, entre otras, la prestación de servicio público de educación superior y la transferencia del conocimiento, pueden jugar un papel fundamental a la hora de trasladar la cultura de la ética y la integridad en todas las facetas de la vida.
Sobre la prevención y detección de los conflictos de intereses dijo que aunque no suponen corrupción, constituyen un riesgo de parcialidad y subjetividad en la toma de decisiones públicas que pueden derivar, si no se detectan y tratan, en casos de corrupción. “Por ello, se exige que las Administraciones Públicas informen a todos los implicados sobre la definición de conflictos de interés, procedimiento para tratarlos, exijan la firma de las declaraciones de ausencia de conflictos de interés y utilicen herramientas de data mining para comprobar tales declaraciones. El Tribunal de Cuentas Europeo concluye en su informe 6/2023 de enero de 2023 que, pese a que la Comisión Europea y los Estados Miembros han realizado un importante esfuerzo en establecer procedimientos y normativa en materia de prevención y detección de conflictos de interés, existen lagunas que dificultan su detección y tratamiento, recomendando mejorar la capacidad para prevenir, detectar y notificar los conflictos de intereses y promover la transparencia.»
El modelo de gobernanza del compliance
Por su parte, Concepción Campos Acuña abordó el modelo de gobernanza del compliance, del que dijo que “es la clave para que su implantación en el sector público, en general, y en la Universidad, en particular, sea un éxito y ayude a la construcción y consolidación de la cultura de integridad y buen gobierno”.
En su opinión, el sector público debe promover las mejores prácticas, “no como algo teórico y formulaciones generales, sino precisamente buscando la eficacia y la mejor eficiencia en la gestión pública y en la utilización de los recursos públicos”, por lo que analizó cómo debe ser ese modelo de gobernanza en el ámbito universitario, afirmando que “los consejos sociales están llamados a ser los Compliance Officers de la Universidad”.
Campos Acuña finalizó su intervención citando el decálogo de errores a evitar para avanzar en la materia, “máxime en un contexto de exigencia de planes de medidas antifraude para la gestión de los Fondos NextGeneration, porque debemos aprender desde la experiencia y saber qué no hacer, qué no funciona para así fijar la hoja de ruta correcta”.
Por su parte Carlos Alberto Sáiz, expuso que en las administraciones públicas se han dado algunos pasos importantes para la implantación de Sistemas de compliance, “pero aún queda mucho por hacer. Uno de los retos es profesionalizar la función pública, dotando de los recursos necesarios a las personas y áreas a los que se encomiende dicha responsabilidad. En este sentido, es preciso incorporar la transformación digital a la propia función de compliance, para hacer más eficientes los procesos de control y cumplimiento, automatizando gran parte de las tareas recurrentes habituales, para lograr un mejor nivel de gestión y report, en cuanto al cumplimiento normativo”.
Otro de los retos que citó es la necesidad de ajustar los modelos de compliance a las singularidades de cada organismo, institución o empresa. “Aunque hay elementos comunes, no puede haber un sistema de compliance exactamente igual entre una entidad y otra, por ello, resulta necesario adaptar los análisis y mapas de riesgos a la actividad concreta de cada organización, proponiendo controles a medida, para garantizar un sistema de Cumplimiento robusto en las fases de prevención, detección y reacción ante incumplimientos. Para terminar, Sáiz expuso los riesgos del compliance tecnológico a los que las administraciones públicas deben hacer frente en los próximos años, poniendo énfasis en la protección de los datos personales, la ciberseguridad y el uso de la Inteligencia Artificial.