Los aspectos más novedosos de la conocida Ley de Bienestar Animal, que se aplicará en septiembre, fueron los protagonistas del primer debate público del Club de Humanidades, organizado por el Consejo Social de la ULPGC, celebrado en el salón de actos del Edificio de Humanidades en el Campus del Obelisco, que a juicio de los profesionales veterinarios y expertos tiene muchas carencias, como la falta de financiación para desarrollar sus obligaciones. Las cifras en España ponen de manifiesto un grave problema social, ya que cada año se abandonan a más de 300.000 perros y gatos, a los que hay que sumar más de 400.000 animales exóticos.
Los invitados en este debate, moderado por la periodista Marian Álvarez, fueron Miguel Batista Arteara, decano de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC; Marisa Fernández de Miguel, consejera de Pequeños Animales del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife; Octavio Pérez Luzardo, catedrático de Toxicología de la ULPGC; Ruth Yánez Santana, veterinaria municipal de Arucas, y Gustavo Viera Ruiz, responsable de Área de GESPLAN, entidad encargada de la gestión del Albergue Insular de Animales del Cabildo de Gran Canaria.
Como preámbulo, intervino el presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán Pimienta, para destacar que esta iniciativa está “encaminada a mejorar la interrelación de la universidad y la sociedad. Pero si esta conexión es importante en todas las universidades, sean públicas o privadas, la ULPGC tiene éste ingrediente en su ADN. No se puede olvidar, aunque muchas veces se intente borrar esta parte de la historia verdadera, que la Universidad ‘completa’ de Las Palmas nació de una pertinaz y masiva movilización ciudadana y de todo el tejido, o mejor, el complejo calado, social que dibuja la voluntad de todo un pueblo que a la voz de ‘Ahora Sí’ se puso en marcha”.
En su presentación, Tristán Pimienta expuso que el Club de Humanidades quiere convertirse en “un punto de encuentro y un foro de debate plural y abierto, y asimismo de información de primera mano sobre lo que se hace en los diferentes campus. Y también para que los alumnos tengan la oportunidad de crear ambiente universitario en una ciudad que tiene universidad, pero no vida universitaria. O al menos, de cierta intensidad. Y se llama Club de Humanidades por dos razones principales: porque este campus urbano es el de Humanidades, y porque es de humanidades, entendida esta palabra en sentido amplio, que englobe también la investigación, la ciencia en general, la técnica, los nuevos inventos, todo lo que se mueve a nuestro alrededor, es de lo que queremos hablar preferentemente”.
Por su parte, el Vicerrector de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campus de la ULPGC, José Miguel Álamo Mendoza, felicitó al Consejo Social por esta iniciativa que permitirá exponer diferentes puntos de vista y conocer todo tipo de opiniones sobre el tema a tratar en cada debate.
Para Miguel Batista esta Ley de Bienestar Animal era muy necesaria “puesto que en los últimos 30 años la percepción de las mascotas, sobre todo el perro y el gato, ha cambiado, puesto que se considera como un miembro más de la familia”. Batista explicó que durante la redacción de esta Ley no se tuvo en cuenta la opinión de algunos sectores “que no se han sentido escuchados”, como se puso de manifiesto en la última Conferencia de Decanos de Colegios de Veterinarios de España, celebrada en León, en la que se denunció que para redactar la Ley de Bienestar Animal no se contó con ninguno de los 9 decanos de las facultades públicas y de las 3 privadas.
Aseguró que la Ley tiene efectos positivos sobre determinadas cuestiones, aunque considera que le falta definir competencias administrativas y tiene lagunas en la esterilización obligatoria de todos los animales de compañía, salvo para los inscritos en el registro de criadores.
Por su parte, Marisa Fernández explicó que esta normativa, aprobada por un solo voto en el Parlamento, “ha nacido de la conflictividad, debido a la controversia que hay detrás de la norma”. El Consejo General de Veterinarios de España cuenta con 34.000 miembros que trabajaron para recoger en un documento todas sus alegaciones a la normativa al anteproyecto de Ley, sobre las cuestiones más comunes.
Sin embargo, para la presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife “en esta Ley no prima el bienestar animal, sino la protección de los derechos de los animales. Hablar de derechos y de dignidad es muy complejo, por eso para los veterinarios es más práctico hablar de bienestar animal porque es algo que se puede medir”. Entre las carencias citó la falta de financiación para ponerla en marcha y destacó lagunas sobre la formación de los cursos.
Destacó el papel de los veterinarios municipales, “que son muy pocos en nuestro país y que incluso, a veces, los ayuntamientos solo cuentan con personal que no es profesional y no tiene la experiencia necesaria para tratar con animales”.
Para el Catedrático de Toxicología de la ULPGC, Octavio Pérez, esta Ley intenta dar un marco normativo a más de 20 millones de animales de compañía, pero se quejó de que España “se suma tarde a las Leyes de animales de compañía”, en comparación con otros países europeos donde la legislación promueve que no existan colonias callejeras y los albergues para animales estén cerrados, puesto que existe una gran concienciación para adoptar.
Octavio Pérez, miembro del comité de asesores científicos del Gobierno en el desarrollo de la citada Ley, señaló que se ha redactado un borrador de 200 páginas para su desarrollo, esta Ley es insuficiente” y se mostró partidario de poner sanciones más duras.
Sobre los aspectos positivos resaltó a las medidas para evitar el abandono de animales, promueve la tenencia responsable, regula “de forma decisiva y valiente” la cría de animales exóticos, que suponen una “amenaza brutal para la biodiversidad”, y regula, por primera vez, “una cuestión olvidada por la administración pública durante décadas, como es el problema que supone tener a más de dos millones de gatos en la calle, que están “totalmente desatendidos” y lo único que han hecho las administraciones públicas es “ningunear el problema” y dejarlo en manos de los voluntarios de las colonias y las protectoras de felinos.
La veterinaria Ruth Yáñez no se mostró favorable con el contenido de esta Ley.
“No estoy de acuerdo porque en ningún momento se habla de bienestar animal, solo veo sanciones millonarias que a la hora de castigar a un ciudadano, además de hundirlo económicamente, va a tener unas consecuencias que pueden sufrir los animales”.
En su exposición la veterinaria municipal de Arucas afirmó que “esta Ley es discriminatoria en cuanto a especies”, puesto que mira más la calidad y el bienestar de los gatos callejeros que la de los perros y eso me parece muy cruel”. Pese a su opinión, Yáñez dijo que desde los ayuntamientos se van a poner todos los medios y capacidades para hacer cumplir la Ley.
Para el responsable del Albergue insular de animales, Gustavo Viera, esta ley es necesaria y una gran noticia, pero “le ha faltado más cabeza facultativa”. Las leyes no se aprueban con partidas presupuestarias, sino para “marcar un camino a las administraciones. Los albergues de animales somos los que más sufrimos el problema del abandono, pero no tenemos capacidad para solucionarlo. No sé cómo hemos llegado hasta el 2023 con esta situación. Al albergue llegan muchos animales y tenemos que darles una salida digna”. Tener mascotas no es una obligación, afirmó Viera, “sino una decisión que hay que tomar con responsabilidad, por eso hay que poner Leyes que sean muy duras”.
El debate se centró en los aspectos más polémicos, ya que muchos profesionales consideran que es discriminatoria, puesto que obliga solo a los propietarios de los perros, a realizar un curso formativo obligatorio, gratuito, que tendrán que realizar durante el proceso de adopción. Seguramente esta condición, como explicó Miguel Batista, existe “porque los perros tienen más interacción social, salen a la calle y se relacionan con otros perros”.
Además de la tenencia responsable, la nueva norma también pone obligaciones a los propietarios para evitar la reproducción de sus mascotas, pero Batista se plantea si los veterinarios están obligados a denunciar que un animal no esté esterilizado cuando llega a sus consultas. En este sentido, para Marisa Fernández los veterinarios no son una autoridad sanitaria para denunciar.
Octavio Pérez defendió las medidas para favorecer la tenencia responsable de los animales y dijo que ésta es la mejor que podemos tener el 2023, aunque los perros de caza hayan quedado fuera, y por eso no contenta a nadie, “pero si a unos más que a otros”. El principal cometido era regular la tenencia responsable de todos los animales y promover la adopción y no la compra, pero al final solo los perros han quedado recogidos en el texto legal.
Como explicó Ruth Yáñez, con la nueva Ley, los ayuntamientos serán los responsables de todos los gatos que estén en la calle y tienen la obligación de ponerles chip y castrarlos. En su caso expuso la situación del ayuntamiento de Arucas que en lo que va de año ha recogido más perros que en todo el año pasado, a lo que hay que sumar el problema de que el albergue no los recoge “porque dicen que están saturados, yo me llevo perros a mi casa y es una situación insostenible”.