La presidenta del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Ana B. Suárez Calvo, compareció en la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Parlamento de Canarias, sobre la Propuesta de Ley para la modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, donde defendió la necesidad de reforzar el papel de los Consejos Sociales de las universidades como los órganos de participación social, como “la voz de la sociedad dentro de la universidad”. Suárez sostuvo que “nuestras universidades no pueden permitirse funcionar de forma aislada”. “Hoy, más que nunca, necesitan estar alineadas con las necesidades de la sociedad, del mercado de trabajo, del tejido productivo, de los avances científicos y tecnológicos”.
Explicó la relación entre el fortalecimiento de los Consejos Sociales y la fortaleza de las propias universidades y sostuvo que “existe una correlación directa y evidente: cuando los Consejos Sociales son fuertes, las universidades también lo son”.
Oferta académica, transferencia de conocimiento e integridad
Ana B Suárez se refirió en concreto al papel de los Consejos Sociales en la definición de la oferta académica, desde la perspectiva de que las universidades “deben ser capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado de trabajo” y defendió cómo los Consejos Sociales pueden ayudar “a identificar cuáles son las áreas de conocimiento más demandadas, y promover la creación de programas que respondan a esas necesidades”.
Hizo alusión también al reto de la transferencia de conocimiento, señalando que es especialmente relevante para la economía canaria donde se impone una imperiosa necesidad de diversificación económica “y para ello es esencial que la universidad esté más conectada con el mundo empresarial”.
En el contexto de la promoción de la integridad académica y los principios éticos, la presidenta del Consejo Social de la ULPGC consideró “esencial” que las universidades “actúen con los mayores y mejores estándares de ética en todas sus actividades, desde la investigación hasta la gestión de los recursos públicos”.
Propuestas de mejora
En cuanto a las propuestas de mejora para el articulado de la norma, Ana Suárez aludió a la necesidad de dotar de suficiente financiación y autonomía a los Consejos Sociales para diseñar su propia plantilla así como garantizar los recursos necesarios para que el Consejo pueda desempeñar las funciones de supervisión y análisis que tiene encomendadas y que garantice la sostenibilidad de las actividades del Consejo Social, reforzando su independencia y mejorando su capacidad para responder a las demandas de calidad y transparencia de la comunidad universitaria y la sociedad.
Autonomía Universitaria
El debate de esta Proposición de Ley ha encontrado detractores que cuestionan que reformar el papel de los Consejos Sociales pueda suponer una interferencia en la autonomía universitaria. En este contexto, la presidenta sostuvo tajantemente que “la propuesta de ley que hoy discutimos respeta plenamente la autonomía universitaria”. “Los Consejos Sociales no están aquí para interferir en las decisiones académicas, sino para complementarlas. Así también lo ve el Consejo Consultivo de Canarias en su informe sobre la proposición de ley”, señaló.
Finalmente, la presidenta del Consejo Social de la ULPGC manifestó el deseo y compromiso del Órgano con el consenso que merece la tramitación y aprobación de esta normativa, pero garantizando que no se desmantelen aspectos fundamentales de la legislación vigente, ni aquellos puntos que la LOSU ya contempla y protege”.