Instan a culminar con celeridad el plan plurianual que garantice estabilidad, modernización y una financiación suficiente del sistema universitario público canario. Entre las propuestas destaca una dotación complementaria del FDCAN de 100 millones por universidad en diez años, junto a medidas en infraestructuras, I+D+i, transferencia, precios públicos y estrategia de educación superior.
Los presidentes de los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias, Francisco Almeida y Ana B. Suárez, acompañados de los respectivos secretarios generales, Víctor Díaz y Miguel Ángel Acosta, mantuvieron un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y con la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, en el que se expusieron las principales líneas de trabajo impulsadas por ambos Consejos Sociales en los últimos meses y su proyección futura, al tiempo que se trasladaron al Ejecutivo autonómico diversas propuestas orientadas a reforzar la estabilidad, financiación y proyección estratégica del sistema universitario canario.
En este contexto, se analizó el estado de elaboración del futuro plan de financiación plurianual de las universidades públicas canarias, cuya definición se encuentra en curso, poniéndose de manifiesto la importancia de avanzar en su concreción a la mayor brevedad posible, de forma que pueda disponerse de dicho marco para su plena ejecución a partir de 2027. Todo ello con el objetivo de dotar al sistema universitario de un instrumento estable, suficiente y predecible que permita afrontar con garantías tanto sus retos estructurales como los procesos de modernización de las universidades públicas canarias.
En el encuentro, los Consejos Sociales expusieron al Gobierno la conveniencia de avanzar hacia un marco estable de financiación que permita afrontar con garantías los retos estructurales de las universidades. En este sentido, se planteó la necesidad de que, en el marco de la revisión del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), se contemple una dotación específica de 100 millones de euros para cada universidad pública en un periodo de diez años (equivalente a 10 millones de euros anuales), con autonomía presupuestaria directa para las universidades, destinada a la financiación de infraestructuras universitarias, al impulso de la I+D+i y al desarrollo de programas de transferencia de conocimiento, con carácter complementario al plan de financiación que se articule. A tal efecto, se trasladó la propuesta de configurar un programa plurianual que permita consolidar inversiones estratégicas en el tiempo.
Asimismo, los Consejos Sociales defendieron la conveniencia de reforzar su papel en estos procesos, proponiendo que los proyectos susceptibles de financiación cuenten con el pronunciamiento de estos órganos, en línea con su función de conexión entre la universidad y la sociedad.
Durante la reunión, el presidente del Gobierno de Canarias reiteró el compromiso del Ejecutivo de disponer, antes del próximo verano, de un marco de financiación plurianual para las universidades públicas, en el que ya se estaría avanzando, pendiente de la incorporación de determinados datos por parte de las propias instituciones académicas.
En el ámbito de las políticas de acceso y equidad, los Consejos Sociales plantearon también la posibilidad de aplicar un tipo cero del IGIC a los precios públicos de residencias y colegios mayores universitarios, con el objetivo de abaratar el coste de estos servicios y facilitar el acceso del estudiantado.
Igualmente, se propuso la elaboración de una estrategia para la educación superior en Canarias que defina un marco de actuación compartido para las universidades públicas, orientado a dar respuesta a las necesidades sociales del archipiélago y a reforzar su posicionamiento competitivo a nivel internacional. Esta estrategia debería construirse mediante un proceso participativo que incorpore a los agentes institucionales, económicos y sociales, junto con las universidades y sus consejos sociales.