La futura Ley Canaria de la Ciencia, presentada en el encuentro SER Canarias en el Museo Elder con patrocinio del Consejo Social de la ULPGC, avanza en su tramitación parlamentaria tras recibir luz verde el 9 de julio. La consejera Migdalia Machín expuso sus principales objetivos, como elevar la inversión en I+D+i al 3% en 2030 e impulsar infraestructuras científicas estratégicas. Los rectores de la ULPGC y la ULL apoyaron la norma pero reclamaron mayor participación universitaria, estabilidad presupuestaria y reconocimiento expreso al papel central de las universidades.
El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria acogió una nueva edición del encuentro SER Canarias, centrado en la futura Ley Canaria de la Ciencia. El acto, que contó con el patrocinio del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), contó con la participación de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, quien expuso las principales claves de la norma.
La consejera destacó que el nuevo texto sustituirá a la ley vigente desde 2001, ya obsoleta, e incorpora medidas como la referencia a la Inteligencia Artificial, incentivos fiscales a la investigación —con autorización de la Consejería de Hacienda— y el objetivo de alcanzar en 2030 una inversión del 3 % del presupuesto autonómico en ciencia, frente al 0,83 % actual. Entre sus metas figuran también la dotación de un buque oceanográfico propio y la implantación del Centro Vulcanológico Nacional en La Palma.términos de patentes solicitadas por entidades españolas.
La tramitación parlamentaria avanza en el Parlamento de Canarias
El pasado 9 de julio, el Parlamento de Canarias dio luz verde al inicio de la tramitación de la Ley Canaria de la Ciencia. La propuesta no recibió enmiendas a la totalidad, salvo la presentada por VOX, lo que permitirá un avance parlamentario sin obstáculos iniciales.
Posición de los rectores de las universidades públicas canarias
En el marco de la tramitación previa, los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de la Universidad de La Laguna (ULL) comparecieron ante la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación para trasladar su valoración y propuestas de mejora.
Ambos rectores coincidieron en que la Ley Canaria de la Ciencia es una norma oportuna y necesaria para reforzar el sistema de I+D+i de las islas, pero lamentaron que las universidades públicas, responsables de más del 95 % de la producción científica y de la transferencia de conocimiento en Canarias, hayan tenido una participación limitada en su elaboración. Señalaron que las pocas ocasiones en las que fueron consultadas no contaron con un texto base sobre el que poder trabajar, lo que dificultó un diálogo más productivo.
En una carta remitida previamente a los grupos parlamentarios, y reiterada en la comparecencia, los rectores expusieron una serie de propuestas que consideran esenciales para mejorar el texto. Entre ellas, reclamaron la incorporación de un título específico dedicado a las universidades públicas canarias, que reconozca su papel central en el sistema de ciencia y tecnología. Asimismo, solicitaron que se garantice la estabilidad presupuestaria de las universidades como base para planificar la actividad investigadora a medio y largo plazo, y que se reconozcan y financien de forma estable las estructuras de investigación de excelencia.
También plantearon la necesidad de desarrollar una carrera investigadora pública estable y atractiva, que contribuya a retener y atraer talento, así como la inclusión de un título específico sobre transferencia de conocimiento, como herramienta clave para conectar la investigación con el tejido productivo y social.
Los rectores aprovecharon su comparecencia para responder a cuestiones planteadas sobre la burocracia universitaria, explicando que se están implementando reformas para agilizar trámites administrativos. En relación con la transparencia, destacaron que las universidades públicas canarias son entidades sometidas a una estricta fiscalización: sus presupuestos y cuentas son aprobados por los respectivos consejos sociales y todas las facturas y datos económicos están publicados en los portales de transparencia institucional.