La Asamblea General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) celebró el pasado 20 de marzo una reunión extraordinaria en formato híbrido para analizar el desarrollo autonómico de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El objetivo era poner en común los trabajos que se están realizando para aunar esfuerzos en la mejora del tratamiento que de los Consejos Sociales hace la actual legislación.
Primero, el secretario general de la Conferencia, Miguel Ángel Acosta, explicó los pasos que está dando el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la puesta en marcha de los distintos aspectos que contempla la nueva norma. Aludió a la comisión del plan de financiación de las universidades públicas españolas y a los nuevos criterios de acreditación para los cuerpos docentes universitarios.
Respecto al primer punto, tras diversas reuniones de la Comisión creada para ello, el Gobierno ha presentado el “Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas, que implicará financiar con 150 millones de euros anuales por curso académico un total de 3.400 plazas de profesores y profesoras ayudante doctor en las universidades públicas de nuestro país a partir del próximo curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato”. Las Comunidades Autónomas deberán ahora confirmar si aceptan esta propuesta y asumen la financiación de otras 1.700 plazas, hasta alcanzar las 5.100 inicialmente propuestas.
Por su parte, ANECA acaba de publicar “los nuevos criterios de evaluación de los méritos y competencias requeridos para obtener la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (Profesor/a Titular de Universidad y Catedrático/a de Universidad), y los niveles de referencia exigibles para obtener una evaluación favorable. El programa de acreditación de profesorado funcionario, que en 2023 recibió 6.730 solicitudes (casi un 50 % más que en 2022), queda así adaptado a lo establecido en la LOSU y en el RD 678/2023, actualizándose el anterior sistema aprobado en 2007 y modificado en 2015”. Estos nuevos criterios han entrado en vigor el pasado 1 de abril. La agencia afirma que “el nuevo Procedimiento garantiza la agilidad y la petición de documentación accesible, en modo abierto, abreviada y significativa”.
Desarrollo autonómico de la LOSU
A continuación, representantes de los Consejos expusieron la marcha del desarrollo legislativo de la LOSU a nivel autonómico. Estas negociaciones están condicionadas en varias CCAA porque todavía no se ha formado gobierno tras las últimas elecciones (Galicia) o por las próximas convocatorias electorales (Cataluña y País Vasco). En general, en todas ellas ha habido conversaciones para transmitir a los responsables de Universidades en cada Comunidad la posición de los Consejos Sociales sobre la base de un documento elaborado por la CCS. Aún no se han aprobado las nuevas regulaciones en ninguna.
El presidente de la CCS, Antonio Abril Abadín, reiteró “la importancia de trabajar junto con las CCAA para impulsar la excelencia del sistema universitario e introducir cambios en materias significativas que la ley deja en sus manos, así como en los nuevos estatutos que deben redactar los propios centros”. En esta línea, continúa la ronda de reuniones con los presidentes de los Consejos Sociales. La última se celebró el pasado 13 de febrero con los de las universidades públicas catalanas y está previsto celebrar otra el próximo 4 de abril con los de Castilla y León y a comienzos de mayo con el de La Rioja.
Próximas actividades de la CCS
Durante la reunión, el presidente de la CCS dio la bienvenida a los presidentes y secretarios que se han incorporado en los últimos meses y repasó la actividad reciente de la Conferencia, con menciones destacadas a la presentación del Informe CYD, el desarrollo del acuerdo firmado con la Fundación Bertelsmann y el webinar sobre compliance impulsado junto a la Fundación Haz y la Asociación Española de Compliance (Ascom). Además, recordó la próxima celebración del I Foro de Universidades que organiza FIASEP en Santiago de Compostela y en el que la CCS colabora y la de una jornada en junio sobre universidad y empresa junto a la APD.
Los asistentes a la Asamblea también conocieron los detalles principales del estudio “Análisis de las competencias más demandadas de egresados universitarios”, fruto del convenio suscrito con REDFUE y para el que se ha utilizado una herramienta digital desarrollada por la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP). El trabajo busca favorecer la empleabilidad de los recién egresados, para lo que resulta clave el conocimiento de la demanda con el fin de poder orientar la oferta educativa.
La reunión concluyó con la aprobación, por unanimidad, del nombramiento de Ana Suárez, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como nueva vocal del Comité Ejecutivo tras la salida de Ángel Tristán de dicho Consejo.