El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) celebró este martes un Pleno Extraordinario en el que se presentó un informe comparativo entre los Barómetros de estudiantes de la ULPGC de 2016 y 2023, realizado por José Juan Castro y Jorge M. Rodríguez, por encargo del Consejo Social.
El pleno contó con la intervención de la presidenta de la Defensoría de la ULPGC, Alejandra Sanjuán Hernán-Pérez, que presentó la Memoria de las actuaciones realizadas por la Defensoría, que en 2022 gestionó 85 actuaciones y destacó la importancia del trabajo que desarrolla este departamento, “porque detecta las debilidades de las instituciones universitarias. Con estos resultados se puede decir que la ULPGC está funcionando dentro de los parámetros de excelencia en la gestión”.
El presidente del Consejo Social de la ULPGC destacó la importancia de las secuencias históricas de los distintos barómetros (estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios, bachillerato y FP), para poder extraer conclusiones de la evolución de los datos. Así, por ejemplo, la comparación entre la opinión del alumnado sobre la ULPGC desde 2016 ha evolucionado muy positivamente. “Esto demuestra que los déficits, los defectos, se pueden corregir si se conocen y reconocen los problemas, y las causas”.
Tristán Pimienta destacó que, mientras en 2016 el alumnado que volvería a matricularse suponía un 39.8 %, esta cifra en la actualidad se ha incrementado al 47.4%. “Lo que indica que ha mejorado la percepción reputacional. También aumenta, significativamente, el porcentaje de alumnado que se muestra a favor de un Reglamento de Progreso y Permanencia, que pasa del 57.5% al 60.9%. Este es un asunto muy sensible, que se ha ido encauzando gracias a una permanente labor, según las circunstancias. En este sentido, entre el rectorado y el Consejo Social se han ido adoptando distintas medidas, que también han tenido un reflejo en la mejora de otros indicadores”.
Para el presidente del Consejo Social, “vienen tiempos duros por el aumento de costes sobrevenidos, tanto en salarios y nuevas contrataciones, obligadas por la LOSU, como por la escalada insoportable de la factura eléctrica, que hacen insuficientes los aumentos actuales de la financiación pública y que pueden requerir medidas de ajuste y de búsqueda a la desesperada de ingresos extrapresupuestarios y externos.”
Valoraciones sobre la enseñanza universitaria
El informe comparativo entre los Barómetros, realizados por encargo del Consejo Social, indica, en líneas generales, que la percepción de la calidad del sistema educativo y de la propia ULPGC, mejora de 2016 a 2023. En el caso de la percepción de la calidad de la ULPGC, aumentan las opiniones positivas. Los motivos para elegir a la ULPGC se incrementan, de 39,7% a un 47,7%, porque ofrece la titulación que quieren estudiar, pero no así para quienes la eligen por estar cerca de su familia, que disminuye del 36,8% al 31,3%.
Una cuestión relevante y positiva es la nueva proporción de las personas que la eligen por no tener recursos económicos para estudiar en otra universidad, una cifra que disminuye, al pasar del 16,1% al 8,7%. La cifra de quienes la eligen por la calidad de la enseñanza se duplica, al pasar del 2,6% al 6,3%. La evolución del alumnado que volvería a matricularse se incrementa del 39,8% (2016) al 47,4% (2023), mientras que la proporción de quienes elegirían otra universidad, disminuye del 40,1% al 30,1%.
En general, las puntuaciones otorgadas en 2023 a diferentes servicios que ofrece la ULPGC son ligeramente más bajas que en 2016, a excepción de los laboratorios, cuya valoración aumenta ligeramente. Se mantienen las posiciones de los servicios más valorados y las variaciones de valoración son muy pequeñas, con la excepción de las instalaciones deportivas, la calidad del profesorado, la atención al estudiante y la eficacia de la gestión administrativa, cuyas caídas son ligeramente más pronunciadas.
La frecuencia de uso de los servicios (una o más veces por semana) ha disminuido, excepto en las instalaciones deportivas, que sube del 8,3% al 11,4% y las actividades culturales (del 1,9% al 2,8%). Por otra parte, las salas de estudio se usan cada vez menos, ya que del 9,3% que no las usaba en 2016, se pasa al 14,2%, en 2023, al igual que las salas informáticas, que no las usa casi la tercera parte de estudiantes (31,1%) y el servicio de préstamo de libros, no lo usa casi la mitad del estudiantado.
Destaca la disminución de la proporción de quienes cuentan con coche o moto para asistir a clase, pasando del 44,0%, al 36,3%. También disminuyen quienes poseen ordenador fijo en casa (del 66,8% al 61,2%). En cambio, aumenta la proporción de las personas que disponen de ‘tableta’ (pasan del 61,9%, al 65,4%). La proporción de quienes disponen de ordenador portátil y teléfono inteligente permanece igualada, aunque va en aumento (del 91%, pasa al 96%).
En cuanto al tipo de alojamiento, las diferencias entre 2016 y 2023 son poco importantes, puesto que residen con sus padres (sobre el 77%); en pisos con amigos (9%) y en las residencias universitarias y con otros familiares (casi el 4%).
La percepción sobre la preparación que han recibido en la universidad, ha empeorado. En 2016, el 21,8% opinaba que ‘poco o nada’, mientras que en 2023 esta valoración asciende al 32,7%.
Entre los motivos para elegir los estudios en que se han matriculado, se observa una ligera disminución de las vocaciones, que pasan del 74,3%, al 70,9%, mientras que aumenta el número de quienes eligen en función de las posibilidades de trabajo que ofrece la titulación (del 13,5%, al 18,5%). Existen pocas variaciones en las diferentes percepciones sobre los planes de estudio, aunque casi todas están ligeramente a la baja.
Gobernanza en la ULPGC
En general, el alumnado no se muestra muy satisfecho con la Gobernanza de distintos órganos de gobierno, ni con la transparencia en la gestión o con cómo son escuchados. La mayoría de las puntuaciones roza el valor medio de 3 y todas han crecido o se han mantenido entre 2016 y 2023, a excepción de ‘me gustaría participar más en los órganos de gobierno de la ULPGC’, que baja de 2,65, a 2,30.
Aumenta la proporción de personas que se muestra a favor de la existencia de un Reglamento de Progreso y Permanencia en los estudios, que pasa del 57,5%, al 60,9%. Más significativa es la disminución de quienes se oponen, que pasan del 31,8%, a un 15,0%.
Ha crecido de manera significativa el grado de conocimiento de la financiación pública. En 2016, no se atrevía a dar una cifra por desconocimiento el 55,2%, mientras que en 2023 se redujo al 44,5%. Además, este año más de la mitad de las respuestas (54,5%) estiman un nivel de financiación pública superior al 70% (apenas era un 25%, en 2016) y un 37%, lo sitúa por encima del 90%, frente al 2,9% (2016).
El 86% de los encuestados no conoce las funciones del Consejo Social, porcentaje que apenas ha variado en los últimos siete años. No obstante hay que destacar el aumento de quienes si saben que el Consejo Social aprueba los presupuestos de la universidad que pasa del 38,7%, al 46,7%, entre quienes decían conocer sus funciones, aunque también aumenta significativamente el número de quienes piensan erróneamente que nombra a los decanos y directores (que pasa del 20,4%, al 30,3%)
Valoraciones y expectativas sobre el mercado laboral
El sueldo es el aspecto más valorado a la hora de elegir un puesto de trabajo, una cifra que se incrementa desde 2016, llegando al 74%, en 2023. El siguiente aspecto que valoran es que el trabajo se ajuste a su titulación, aunque desciende su valoración en 2023. Destaca el aumento de la importancia que dan al horario y jornada flexible (pasa del 27,6% al 36%) y a los días de vacaciones o descanso (del 10,5% al 16,7%). El resto de aspectos presenta algunas variaciones, pero en general aumenta la importancia que dan al sueldo y a una forma más cómoda de trabajar, con horarios flexibles y días de descanso.
En los últimos 7 años, se mantiene en alza la disponibilidad para cambiar de residencia para conseguir trabajo (entre el 61,1% y el 73,3%) y disminuye la disponibilidad para viajar a la Península o al extranjero, que se reduce en torno a 15 puntos porcentuales. Destaca la preferencia por Europa (del 69,9%, al 75,0%), mientras que desciende la de Norteamérica (del 17,1%, al 12,8%). Aunque el Reino Unido sigue siendo el país preferido, desciende del 20,6% al 12,0%, y le siguen los descensos en Alemania (del 13,2%, al 11,7%) y Estados Unidos (del 12,9%, al 9,9%), mientras que aumenta el interés hacia los países escandinavos (del 10,3%, al 12,2%), Italia (del 3,9%, al 7,0%) y Australia (del 4,8% al 6%).
Entre los motivos por los que el alumnado manifiesta que cambiaría de residencia para trabajar hay que señalar dos cambios importantes. Por una parte, desciende la búsqueda de mayores oportunidades de desarrollo profesional (del 61,0%, al 47,9%) y, por otra, aumenta la posibilidad de obtener un mayor salario (del 26,8%, al 36,5%).
En 2023, se encuentra trabajando un mayor número de estudiantes, que llega al 20,9%, frente al 15,6%, en 2016. Esta tendencia se debe principalmente al aumento de quienes tienen un trabajo fijo a tiempo parcial (del 2,9% al 5,2%) y de quienes trabajan sin contrato (del 3,2% al 5,0%). Se registra un cambio importante en los motivos para trabajar mientras se estudia, al disminuir la necesidad de trabajar para pagarse los estudios (del 37,9, al 23,6%); aumenta el interés por independizarse (del 11%, al 19,4%) y disminuye la proporción de estudiantes que se encuentra en búsqueda de empleo (del 30,4%, al 26,7%).
El informe comparativo registra un incremento de quienes piensan orientar su futuro profesional hacia la función pública (del 46.1%, al 53,0%), en detrimento de quienes piensan trabajar en la empresa privada como empleados (del 29,7%, al 25,5%). El interés por el emprendimiento y el trabajo autónomo, desciende ligeramente.
En general, el alumnado es ‘más pesimista’ con respecto a las tendencias de cambio, tras las crisis. De esta forma, se observa que en 2016 el 46,7% pensaba que el cambio provocado por la crisis se resolvería con una situación peor a la anterior, mientras que en 2023 esta cifra se eleva al 55,7%. De forma simétrica, también disminuye el ‘optimismo’, puesto que, mientras el 26,2% pensaba en 2016 que el cambio sería a mejor, en 2023 solo lo piensa el 16.1%.
Aumenta la confianza en la pervivencia de los servicios públicos. En 2023, el 87% confía en que seguirá existiendo un sistema público de educación, frente al 62,2% que confiaba en lo mismo, en 2016. La confianza en el sistema público de pensiones pasa del 32,8%, al 50,9% y disminuye la creencia en que la Sanidad será mayoritariamente privada en el futuro, del 66,4%, al 42%.
Respecto al apartado ‘crisis económica y calidad de vida’, aumenta la confianza en que el bienestar económico y material que será el principal elemento que influya en el progreso y en la calidad de la vida, que pasa del 35,6% al 47,5%. Disminuye la confianza en un modelo económico de desarrollo sostenible, que pasa del 26,3% al 14,1%; aumenta la confianza en los avances científicos, del 9,7 al 12,4%, y la conservación del medio ambiente, del 5,3% al 8,5%. Para concluir, el informe comparativo expone que disminuye la confianza en la competitividad de España, que pasa del 12,9%, al 9,9%.
Informe anual de la Defensora de la ULPGC
Por invitación del presidente del Consejo Social, Ángel Tristán, la Defensora de la ULPGC, Alejandra Sanjuán Hernán-Pérez, presentó la Memoria de las actuaciones realizadas por la Defensoría de la ULPGC, en 2022. Su intervención es el inicio de una colaboración entre ambas entidades, tal y como se estableció en el XXV Encuentro Nacional de Defensorías Universitarias, celebrado en el Paraninfo de la ULPGC, del 25 al 27 de octubre, en el que Miguel Acosta, destacó que entre las funciones esenciales de los Consejos Sociales, existen algunas competencias que también “forman parte del ADN de las defensorías universitarias”, como son el contribuir a la mejora de la calidad universitaria, manteniendo unos principios éticos y de integridad básicos.
En su informe, Alejandra Sanjuán expuso que la Defensoría realizó 85 actuaciones, entre consultas (7), quejas (19), reclamaciones (39) y mediaciones (20). La implantación de la sede electrónica y el sistema Gestiona se han convertido en la vía de acceso principal a la Defensoría. Hay que descontar las actuaciones que no cumplen parte del reglamento de la Defensoría, al no haber agotado las vías previas según establece el Reglamento de la Defensoría, lo que supone un total de 42 actuaciones en 2022, que representa el 0,17% de la comunidad universitaria, una cifra menor a la contabilizada en 2021, que ascendió a 51 expedientes.
Según explicó Alejandra Sanjuán, la Defensoría sigue recibiendo “consultas por teléfono o correo y, en caso de necesitarlo, son derivadas a la sede digital para su tramitación”. Los usuarios más frecuentes para las actuaciones de la Defensoría son el alumnado (74’11%).
Los principales asuntos atendidos durante el año 2022 fueron los relativos a: problemas de convivencia: malos comportamientos, régimen disciplinario, acoso, riesgos psicosociales, actitudes xenófobas y discriminatorios y normas de convivencia, seguidos de las quejas con los Trabajos de Fin de Título relativos a: asignaciones de tutores, seguimiento del trabajo, evaluación, gestión de incidencias y conflictos, requisitos, incidencias en la defensa, constitución de tribunales. En tercer lugar, están los asuntos sobre los problemas con la administración, sobre reconocimientos, traslado de expediente, emisión de certificados, permanencia, compensatoria/compensación y emisión de títulos.
“Es importante dar a conocer entre el estudiantado la normativa aplicable dentro de la Universidad, para que puedan acudir a los órganos competentes a la hora de resolver una discrepancia”, manifestó la Defensora, que recomendó un mayor control y seguimiento de las reclamaciones presentadas, “dado que es habitual que a la Defensoría lleguen asuntos que han sido planteados de forma simultánea ante otras instancias”.