El secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de España (CCS), Miguel Ángel Acosta, intervino en el XXV Encuentro Nacional de Defensorías Universitarias para ofrecer la ponencia sobre la importancia de la colaboración de las Defensorías y los Consejos Sociales, como consecuencia del ejercicio de competencias descritas en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Este Encuentro, que se celebró del 25 al 27 de octubre en el Paraninfo del rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, congregó a más de un centenar de participantes llegados de todas las comunidades autónomas.
En su intervención, el secretario de la CCS manifestó que “los Consejos Sociales estamos disconformes porque la nueva LOSU, al huir de toda reforma estructural de la universidad pública española, supone una oportunidad perdida para su necesaria modernización. Además nos mantiene alejados de los estándares de excelencia de otros sistemas universitarios europeos y del resto del mundo”. Pese a esta postura, añadió que los Consejos Sociales se han comprometido a seguir trabajando para conseguir una universidad pública de excelencia “porque en la Universidad pública española hay mucho talento. Las defensorías universitarias y los Consejos Sociales somos unos actores dentro del sistema universitario español que debemos colaborar en nuestro ejercicio competencial”, expuso Acosta.
Acosta enumeró las funciones esenciales de los Consejos Sociales, que tienen “algunas competencias que también forman parte del ADN de las defensorías universitarias: contribuir a la mejora de la calidad universitaria, manteniendo unos principios éticos y de integridad básicos”.
Además, declaró que los Consejos Sociales deben ser garantes de la independencia de las defensorías universitarias y de las inspecciones de servicios, dotándole de recursos económicos y humanos en la medida de las posibilidades de la universidad. “La LOSU defiende la existencia de un órgano que vele por el respeto de los derechos y las libertades del profesorado, estudiantado y personal técnico, de gestión y de administración y servicios”.
En referencia a las defensorías universitarias, Acosta destacó cinco aspectos clave que deben guiar sus actuaciones: velar por el respeto a los derechos y libertades de todos los miembros de la Comunidad Universitaria; investigar de oficio o a instancia de parte las actuaciones u omisiones de la Universidad; tramitar reclamaciones, quejas, escritos del profesorado, personal de administración y servicios y de estudiantes, buscando las soluciones más apropiadas ante los diferentes órganos y servicios universitarios; formular recomendaciones y actuar como mediador y conciliador.
Citó los elementos comunes para las relaciones entre ambas instrucciones: velar por el cumplimiento de los principios éticos, que engloban derechos y libertades, y por la integridad académica y las directrices antifraude.
Acosta dijo que existe un gran campo por explorar en torno a la ética en el desarrollo de la actividad académica. Desde principios éticos para la confección o definición de un trabajo fin de grado, hasta los principios éticos sobre una línea de investigación determinada. “En definitiva, Consejos Sociales y defensorías universitarias compartimos la responsabilidad de mejorar la convivencia, la transparencia y asegurar la calidad universitaria”.
“La relación entre los dos órganos puede impactar en la defensa de los derechos, la calidad de la educación y la resolución de conflictos en nuestras instituciones educativas, sobre todo en materia de colaboración para la Supervisión y la Transparencia; en la promoción de la participación y la representación de la Comunidad Universitaria, en la mediación y resolución de conflictos y en la evaluación de políticas y procedimientos”, manifestó.
Para concluir, Miguel Acosta manifestó que todos los aspectos que expuso en su ponencia suponen un desafío y una oportunidad para ambas instituciones, cuya colaboración ofrece “oportunidades significativas para fortalecer la gobernanza universitaria y garantizar que las instituciones educativas cumplan con su misión de proporcionar una educación de calidad en un entorno justo y equitativo”.
Para concluir, Acosta expuso algunas características a tener en cuenta para mejorar la relación entre los Consejos Sociales y las Defensorías Universitarias, como mantener una comunicación abierta y clara; la confianza mutua; definir los objetivos compartidos, mantener el respeto mutuo y la necesidad de ser flexibles y estar dispuestos a adaptarse a nuevas situaciones y necesidades.
A modo de conclusión, el secretario del Consejo Social de la ULPGC declaró que la relación entre los Consejos Sociales Universitarios y los Defensores Universitarios es esencial para el buen funcionamiento de las instituciones de educación superior. “Trabajando en conjunto, contribuiremos a garantizar la transparencia, la protección de los derechos, la calidad de la educación y la resolución de conflictos en las universidades. “La independencia, la autonomía y la confidencialidad son los principios clave que guían las actuaciones de los Defensores Universitarios en esta colaboración, para cumplir su misión de manera imparcial y justa, y para ello los Consejos Sociales podemos servir de garantes”, concluyó.