“Una de las grandes posibilidades que la LOSU entrega a los Consejos Sociales es la de velar por el cumplimiento de los principios n, en colabfakkn con los organismos y o,anes que deben gjiar la funijdiantles ue oreparan su asato a las lustas, como por un maéticoséticos y de integridad académica, así como de las directrices antifraude, que deben guiar la función docente y la investigación, en colaboración, con los organismos y planes de los que disponga cada universidad”, manifestó el presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán Pimienta, en el acto de inauguración de las jornadas sobre ‘Tendencias y desafíos del compliance en la universidad española: hacia una cultura de integridad y buen gobierno’, que se celebran en ExpoMeloneras, dentro del programa de la XXXI Universidad de Verano de Maspalomas.
Estas jornadas, en la que participan 80 personas, están organizadas por el Consejo Social de la ULPGC, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y la Fundación para Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP).
El acto de inauguración contó, además, con las intervenciones del Rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem; la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda Navarro; la concejala de Presidencia, Recursos Humanos y Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo Vega; el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), Antonio Abril Abadín, y el presidente de la Fundación para Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP), José Carlos Naranjo Sintes.
En su intervención, Ángel Tristán destacó la importancia de estas jornadas, en las que durante dos días “vamos a tratar de cómo la universidad pública española va a encarar la nueva etapa que abre la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, y de cómo las Comunidades Autónomas tienen la gran responsabilidad de paliar sus deficiencias con leyes”.
Recordó que la Conferencia de Consejos Sociales considera la LOSU como “una oportunidad perdida” para avanzar hacia una auténtica modernización mediante la equiparación de la universidad española a los modelos de éxito europeos y dijo que, en Canarias, la supervisión se canaliza “y de manera expresa y efectiva, en este Consejo Social de la ULPGC, con el Servicio de Control Interno o Intervención”. Consideró que la supervisión o la encomienda de velar, por algo tan importante como la ética y el buen gobierno, prevenir el fraude o el despilfarro, necesita instrumentos eficaces para detectar y disuadir. “O eso, o estar todos los días en fiscalías y juzgados”.
En su opinión, la LOSU deja abierta a la legislación autonómica muchos artículos. “El Gobierno de Canarias y todos los gobiernos regionales, en realidad, tienen una gran responsabilidad en el diseño del futuro y en la calidad, el prestigio, y reputación de sus universidades y de sus titulados. Mientras mejores sean las universidades, mejores serán sus comunidades. Más sabias, más excelentes, más productivas en investigación y desarrollo y más riqueza, empleo y bienestar generarán en su entorno”. Y añadió que no contempla “ni siquiera remotamente”, la posibilidad de que el Gobierno de Canarias, de pasos atrás, “mientras acecha una ultraderecha recentralizadora que quiere acabar con la España de las Autonomías y darle la vuelta a la Constitución”.
El presidente del Consejo Social de la ULPGC afirmó que la mayor parte de las competencias, de las derivadas del extinguido texto refundido y de la LOSU “se refieren a la calidad, la eficiencia, la supervisión… es decir, al cumplimiento normativo. O sea, a lo que ya se conoce con el término inglés de compliance”.
Finalizó diciendo que “para explorar este camino, para intercambiar puntos de vista, para ponernos de acuerdo en las competencias y en su desarrollo, y asimismo para reflexionar sobre las responsabilidades que adquirimos, personalmente y con la sociedad y el país al que servimos, es para lo que estamos aquí, con un panel de ponentes e invitados de muy alta preparación y experiencia, y de indiscutible prestigio”.
Por su parte, el rector Lluís Serra manifestó que “si logramos que la sociedad conozca, perciba y evidencie que cada euro que invierte en sus Universidades es un euro responsablemente gestionado e invertido, nuestro futuro común es y será siempre una empresa ilusionante, compartida y con impacto social. En un entorno normativo de creciente complejidad, las empresas y las instituciones académicas tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestras prácticas y operaciones cumplen con las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables».
Serra señaló que en las universidades públicas, los consejos sociales, como órganos de participación y representación de la sociedad en la universidad, “tienen ahora la corresponsabilidad de garantizar el cumplimiento de los principios éticos, la integridad académica y las directrices antifraude, que deben guiar la función docente y la investigación. Estas consideraciones resaltan la creciente importancia del cumplimiento normativo y ético en las instituciones académicas, así como la necesidad de que las universidades se involucren activamente en la promoción de una cultura de integridad y ética».
En su intervención, Antonio Abril Abadín recordó una reunión mantenida con el ministro de Universidades, Joan Subirats, en la que mostró el rechazo de la CCS a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU). “La ley es una oportunidad perdida para la remodelación necesaria de la universidad española”, afirmó Abril Abadín, que también señaló que España es el país europeo con menos avance en cuanto a gobernanza en la universidad. Por lo que “se debería haber aprovechado la nueva ley para seguir a los modelos europeos e informes, como la hoja de ruta de la OCDE, pero lamentablemente la LOSU no ha seguido estas recomendaciones”. El presidente de la CCS apuntó que “en la LOSU se indica que los Consejos Sociales obtienen la competencia en compliance, un tema esencial y en el que queda mucho camino por recorrer por parte de la universidad pública”.
Abril Abadín afirmó que “la universidad española tiene un problema con el buen gobierno y la rendición de cuentas, y así lo ha afirmado Europa, que fue quien pidió una nueva ley, donde se abordará el good governance”. Para finalizar, puso de ejemplo de buenas prácticas en este ámbito a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), «ya que es la única universidad española donde el control interno depende del Consejo Social».
La consejera del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, destacó que este Curso «es de importancia y oportunidad, motivando un debate constructivo y de gran alcance en estos momentos que vivimos, que, cuanto menos, observamos como temas delicados como es el compliance, «constituido como un conjunto de políticas, procedimientos, métodos y acciones que una organización lleva a cabo para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables en su ámbito de actuación. Un asunto que se ha tornado imprescindible en el funcionamiento no sólo de las entidades privadas , sino también en la universidad pública».
Miranda señaló que, ante este nuevo escenario, se hará «una reflexión sobre la naturaleza y la gestión de esos procedimientos y, de forma especial en la universidad pública, por que en estos casos, las regulaciones forman un entramado que puede paralizar el desarrollo de instituciones que tienen que ser vivas, que han de adaptarse a los tiempos que vuelan y donde las vertiginosas evoluciones de las tecnologías de la información pueden arrasar con todo. Así lo estamos viendo con los avances de la Inteligencia Artificial, cuyo desempeño deja en el pelotón de cola a gran parte del profesorado, por no decir a los propios programas formativos».
Por este motivo, dijo la consejera insular, se hace imprescindible la planificación y conciencia común en la comunidad universitaria, «de elaborar objetivos que respondan al crecimiento y desarrollo de todas y todos, como sociedad».
La concejala Elena Álamo dio la bienvenida a todos los asistentes a estas jornadas que se enmarcan dentro del programa de la Universidad de Verano de Maspalomas, que acaba de cumplir 31 años de trayectoria y se ha convertido en «un espacio abierto a nuevos retos y nuevas oportunidades». Elena Álamo deseó a todos los participantes en estas jornadas nacionales «que disfruten del trabajo, pero también de las bondades y el clima que ofrece San Bartolomé de Tirajana, que no es solo un municipio de sol y playa, sino también un municipio de impulso de la cultura y de desarrollo económico del sur de Gran Canaria».
Para José Carlos Naranjo Sintes, el objetivo de este encuentro será analizar y debatir “los retos actuales a los que se enfrenta la Universidad, en materia de cumplimiento normativo y fomentar una cultura de integridad y buen gobierno en nuestras universidades, fortaleciendo así su reputación, impacto social y capacidad de formar a profesionales éticos y comprometidos con la sociedad”.
El presidente de la FIASEP consideró que estas jornadas servirán para compartir conocimientos y experiencias sobre las mejores prácticas en compliance universitario y público, contando para ello con la participación de los mejores expertos y profesionales destacados en la materia.