La directora técnica de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas participó en las Jornadas sobre ‘Fondos Next Generation para la detección del fraude ligadas a su recepción: una obligación para las universidades públicas’
Intervino junto a Miguel Ángel Acosta, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas haciendo una radiografía del control interno de las universidades en nuestro país
Estas jornadas han supuesto un espacio de reflexión y diálogo en el que diferentes miembros de los consejos sociales han reivindicado que el control interno de las universidades sea gestionado por el órgano del que forman parte, siguiendo así las recomendaciones emanadas del Tribunal de Cuentas
“Canarias y Asturias son las únicas comunidades autónomas que han legislado respecto a la dependencia de las unidades de control interno de las universidades a los Consejos Sociales”, declaró Pilar Muñoz, directora técnica de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, durante la presentación del informe “Una radiografía de las universidades públicas españolas a través de los informes de las instituciones de Control Externo”. Muñoz, dijo no explicarse que “después de tantos años de la llegada de la LOU, el resto de las regiones no haya promulgado un margen regulatorio”.
Este informe se presentó en las Jornadas sobre ‘Fondos Next Generation para la detección del fraude ligadas a su recepción: una obligación para las universidades públicas’, organizadas por la asociación en la que trabaja y el Consejo Social de la ULPGC, dentro del programa de la XXX Universidad de Verano de Maspalomas.
Durante su intervención, Pilar Muñoz comentó la situación de algunas de las universidades públicas españolas que más le habían sorprendido. En el caso de Canarias, dijo que los años fiscalizados por los órganos de control externo de Canarias han sido 2013, 2014 y 2015 y que recientemente “se ha hecho un nuevo informe que tendrá que salir pronto, por eso no hemos podido contar con él para hacer este trabajo”.
Respecto a la Comunidad de Madrid, Pilar Muñoz confesó que “es el caso que nos ha resultado más impactante”, puesto que, “con sus seis universidades públicas, es la Comunidad que más presupuesto recibe en este ámbito y aún así no se ha fiscalizado ninguna desde el año 2012”, en total son “14.402 millones de euros no fiscalizados por ningún órgano de control externo”.
Muñoz detalló la situación de cada universidad madrileña y, en cuanto a la Universidad de Alcalá, expresó que “hace diez años realizaba su labor de acuerdo con la programación anual de actuaciones y esa programación sí que estaba aprobada por el Consejo Social, pero la hacía el gerente y dependía del rector”, una dependencia “orgánica y funcional del gerente” que también sucedía en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Politécnica.
Por otro lado, Muñoz Martínez afirmó que “la Universidad Carlos III en 2012 no contaba con un órgano de control interno, sino que estaba disperso en varias unidades administrativas” y que “tampoco tenía planes de actuación, ni memorias anuales de las actuaciones, ni informes”.
Al referirse al presupuesto de la Complutense, admitió que se trata de unas cifras “que se me escapan de la mente, estamos hablando de un presupuesto inicial de 4.219 millones y uno definitivo de 4.936”, sobre esta institución explicó que “hasta 2011, el control interno solamente consistió en la fiscalización previa de los gastos y los ingresos” y “que no hubo actuaciones de control financiero permanente ni de auditoría interna, aunque están previstas en el reglamento”.
Sobre el mismo asunto, Muñoz aludió por último a la Rey Juan Carlos, universidad en la que “en ese momento, el área de control e intervención general dependía orgánica y funcionalmente del rector y estaba dotada de autonomía respecto al gerente”.
Como conclusión a la situación madrileña, la directora técnica dijo que “en ninguna de las universidades públicas, la unidad del servicio encargado del control interno depende del Consejo Social como viene recomendando de forma reiterada el Tribunal de Cuentas”, algo que también sucede “en Andalucía, la comunidad autónoma que más universidades tiene”.
Muñoz Martínez expuso también el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas de Aragón, porque “me ha resultado muy curiosa una alegación que hace la universidad cuando la Cámara de Cuentas le dice que el control interno no debe depender en ningún caso del rector”, “es muy interesante porque la argumentación es concisa, corta y tajante”.
Algo similar ocurre con la Región de Murcia, “un caso en el que tanto la Comunidad Autónoma, como la Universidad hacen alegaciones, cosa que es cuanto menos extraña”, dijo Pilar Muñoz. En una de ellas, la Comunidad Autónoma se comprometía a modificar la ley para otorgar la dependencia de la unidad de control interno a los consejos sociales de la Región.
Muñoz finalizó con algunas conclusiones generales como que “todos los órganos de control externos inciden en la necesidad de adaptación de la unidad a la normativa aplicable, estableciendo su dependencia funcional del Consejo Social”, por lo que “ponen de manifiesto la necesidad de regulación por parte de las Comunidades Autónomas” o que “todos coinciden en que la mayoría tiene falta de planes de actuación, de manuales de procedimiento y de memorias anuales”.
La ponencia también fue desarrollada por Miguel Ángel Acosta, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, quien abordó los informes de 2003 y 2012 realizados por el Tribunal de Cuentas sobre la situación de las universidades diciendo que “estos documentos son muy útiles para la universidad, porque tienen un alcance muy relevante” y que “analizan la gestión económica y financiera relacionada con la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de las instituciones académicas”.
Por otro lado, Acosta puso en valor la figura de los consejos sociales, porque aseguró que se trata de “un órgano de supervisión importante para la universidad y para mejorar sus ineficiencias e ineficacias”, así como que “si el control económico dependiera de los consejos sociales, éstos podrían dedicarse a cuestiones para valorar el rendimiento de determinados servicios como señala la ley”.
Estas jornadas, en las que han participado más de 50 personas de universidades y consejos sociales de toda España y de miembros de las audiencias de cuentas de varias comunidades autónoma, han supuesto un espacio de reflexión y diálogo en el que diferentes miembros de los Consejos Sociales han reivindicado que el control interno de las universidades sea gestionado por el órgano del que forman parte. Ángel Tristán, presidente del Consejo Social de la ULPGC, defendió que España debe, “por consejo de la Unión Europea y la OCDE hacer un urgente cambio de gobernanza cuyo eje motor sea la configuración de un nuevo Órgano Principal de Gobierno”, y la importancia de “montar un sistema de prevención y control del fraude, que nos exige Bruselas para la gestión de los fondos post pandémicos Next Generation”.
Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, reivindicó también la figura de los consejos sociales y en relación con la LOSU dijo que “echa en falta que el documento incluya el fortalecimiento de la competencia de estos órganos”, ya que tenemos “un sistema de gobernanza universitario anómalo y criticado por todos los informes”. Añadió que “la LOSU es una oportunidad perdida, porque no aborda el tema de la transformación, de la gobernanza, de la gestión del gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas de las universidades”.
Abril se dirigió al gobierno central diciendo que “con el anteproyecto de Ley, el diálogo con el Ministerio ha sido francamente frustrante, nos han tratado como un órgano paralizante y molesto”. Recordó que “en 2013 se propuso que el control interno dependiera de los consejos sociales y que sus presidentes fueran oídos en el nombramiento de miembros, pero el gobierno no incluyó en la legislación ninguno de esos aspectos”, y enumeró los cuatro elementos clave para el buen gobierno de las universidades: la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes”. Además, añadió que “los consejos sociales debemos ser muy proactivos y lo más militantes posibles durante el desarrollo de la ley”.
