La Asamblea General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) se reunió a comienzos de diciembre en un formato híbrido: presencial y videoconferencia. En el encuentro participó el secretario general del Ministerio de Universidades, José Manuel Pingarrón, quien se desplazó hasta el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid para explicar la marcha de la redacción del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
En el informe del presidente, Antonio Abril Abadín resaltó los numerosos encuentros mantenidos con representantes de diferentes organismos e instituciones para encontrar adhesiones y puntos coincidentes para conseguir que el texto de la LOSU recoja las verdaderas necesidades de la universidad española. “El anteproyecto está lejos de lo que queremos”, aseguró Abril Abadín, quien destacó, entre otras, las reuniones con la CEOE, Cámara de Comercio de España y entidades vinculadas al ámbito científico.
Durante estos meses también se han mantenido encuentros con los responsables del Ministerio de Universidades, partidos políticos -como PSOE, PNV y ERC-, estudiantes representados a través de CREUP, CRUE y CYD. Además, ha habido contactos con directores generales de universidades de distintas comunidades autónomas.
Desde la CCS se incide en la importancia de que Europa haya señalado la necesidad de contar con una buena gobernanza en el ámbito universitario para favorecer, entre otras cosas, la transferencia de resultados entre la universidad y el sector productivo. Esta es una de las principales recomendaciones de la “Hoja de ruta para la transferencia y la colaboración entre investigación pública y empresa en España”. Se trata de un proyecto impulsado por la OCDE y que ha contado con la colaboración de la Unión Europea. El trabajo, que acaba de ser presentado, parte de una petición del Ministerio de Universidades y del de Ciencia e Innovación para buscar fórmulas de mejorar la cooperación y la transferencia de conocimiento entre las universidades y las empresas. En el acto de presentación el presidente de la CCS participó en una mesa redonda en la que insistió en las debilidades del sistema y en la importancia de actuar para que las universidades españolas puedan adaptarse a las necesidades reales de la sociedad que vivimos. En este marco, también se puso en valor el proyecto de modificación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. En estos cambios está participando de manera activa la CCS.
Sobre estas reformas habló el secretario general del Ministerio de Universidades, José Manuel Pingarrón, quien asistió de manera presencial a la reunión para analizar la marcha actual del anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Tras las informaciones que han aludido al retraso en el inicio de su tramitación parlamentaria, Pingarrón expuso que desde el Ministerio se han dado un mes para redactar el nuevo texto con el fin de buscar el mayor consenso posible entre los actores implicados, entre los que se encuentra la Conferencia. Por ello aseguró que la intención ahora es la de llevar dicho texto a Consejo de Ministros a finales de enero.
El secretario general de Universidades se mostró abierto a incluir algunas de las peticiones de la Conferencia en la LOSU, pero afirmó que “va a ser difícil introducir cambios sustanciales” y que será durante la tramitación parlamentaria cuando eso se pueda intentar. El presidente de la Conferencia, por su parte, pidió a los asistentes “un esfuerzo para continuar impulsando un cambio de sensibilidad que permita que la educación en general, y la universidad en particular, se conviertan en prioridades sociales».
La Asamblea General también aprobó por unanimidad la propuesta de presupuesto para el próximo ejercicio. El secretario general de la Conferencia, Miguel Ángel Acosta, expuso los detalles de las cuentas para un año “que será clave para los Consejos Sociales. Queremos recuperar la actividad que no se ha podido llevar a cabo por la pandemia”.
El secretario general, además, explicó que el próximo año será importante por la elección de un nuevo Comité Ejecutivo antes de finales de febrero. En las próximas semanas se comunicarán los plazos y procedimientos para el proceso electoral.
La Asamblea también conoció que se ha puesto en marcha la segunda edición del programa RADIA, que es fruto del convenio de la CCS con la Fundación CEOE y la Fundación ONCE, al que este año se ha incorporado INDRA.
Durante la reunión, el presidente de la CCS recordó a Joan Pedrerol, presidente del Consejo Social de la Universidad Rovira i Virgili, quien falleció el pasado 19 de noviembre. Destacó su trabajo al frente de su Consejo Social y en el Comité Ejecutivo, al cual perteneció desde diciembre de 2016 hasta junio de 2020.
Situación actual de la LOSU según el Ministro Subirats en declaraciones a El País.
En una entrevista concedida al periódico El País, el ministro Subirats declaró que “tenemos el compromiso de aprobar la ley en el primer semestre de 2023. Si consideramos que la tramitación de una ley orgánica puede llevar entre seis y siete meses de margen, yo pediría a los actores que me permitan hacer un poco mía esta ley. Que pueda tener un tiempo para calibrar y valorar”.
Además el ministro expuso que la LOSU no será una ley que agote toda la normativa., ya que debe ser una ley de bases que contemple las distintas realidades. Añadió que la autonomía, la diversidad y la igualdad tienen que ser los elementos clave que hay que salvaguardar.
Según afirmó Subirats al El Páis, “no me comprometo en decir cuando irá en segunda lectura al Consejo de Ministros”. Según el Ministro, su intención es dialogar con la comunidad universitaria y después reunirse con los partidos más favorables a aprobar la ley: “El debate parlamentario puede servir para afinar algunas cosas, pero es evidente que vamos a ir hablando [con los grupos parlamentarios]”. Las universidades catalanas, y así se lo han transmitido a los partidos nacionalistas, quieren que no se ponga fin al sistema 3+2 (tres años de carrera y dos de máster) como se aprobó en un decreto de 2021 y Subirats no parece dispuesto a revertir esa decisión de Manuel Castells. El ministro recuerda además que es posible mantener el modelo 3+2 si las universidades ofertan grados en colaboración con otros centros europeos.