El Presidente del Consejo Social de la ULPGC considera “un error grave” que las Universidades no hagan caso al Tribunal de Cuentas
La Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS) y el Tribunal de Cuentas han organizado un nuevo encuentro de trabajo en Oviedo, cuyo eje central ha sido la transparencia en las instituciones públicas, y concretamente en las universidades españolas. En este sentido, el Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, destacó que «la Universidad, como institución pública, está obligada a cumplir lo establecido en la ley y debe interiorizar la transparencia en su gestión. Resulta fundamental que desde la Universidad se forme a los ciudadanos para hacer un uso eficiente de su derecho a la información».
En estas jornadas, a las que acudieron el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán, Jesús León y Miguel Ángel Acosta, la Conferencia de Consejos Sociales ha pretendido abrir un foro de debate y cooperación conjunta con el Tribunal de Cuentas, para reforzar el papel de supervisión y control de los Consejos Sociales en la gestión universitaria.
El Presidente del Tribunal de Cuentas ha sido el encargado de abrir la primera sesión, en la que se ha analizado la transparencia como fundamento de la gestión pública, y ha destacado que la transparencia implica facilitar la información pero, también, rendir cuentas “porque no hay transparencia sin responsabilidad”. Además, ha incidido en la importancia de la eficacia en la gestión -que afecta tanto a la relación entre Administración y ciudadanos como a la organización interna- y del comportamiento ético de los agentes implicados como elementos ineludibles para que las instituciones recuperen su credibilidad.
Durante el debate de esta ponencia, el Presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán, intervino para considerar que “siendo la transparencia un ejercicio ineludible, primero es preciso que la información económica esté debidamente auditada por el Consejo Social, a quien le compete esta función en aplicación de la Ley Orgánica de Universidades, y también, el control de la eficiencia”. Consideró que no bastaba con la mera publicación de datos, sino que era imprescindible que dichos datos estuvieran respaldados por la supervisión encomendada por el legislador a los Consejos Sociales.
A este respecto, Ángel Tristán señaló que era “preocupante que las universidades, por lo general, salvo excepciones, no hicieran caso de las reiteradas recomendaciones del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externos, como tribunales de cuentas autonómicos, audiencias, sindicaturas, consellos, según la denominación que se les dé en cada comunidad autónoma”. Se refirió, por ejemplo, a recomendaciones que se reiteran desde el informe de 2002 y que se recordaron en el de 2012. “La necesidad de implantar la contabilidad analítica o de costes; dotar a los consejos sociales del personal cualificado y medios técnicos que ellos consideren precisos para abordar sus funciones; implantar sistemas de control horario de la docencia; la necesidad de que los servicios de control interno dependan de los consejos sociales, caso en que Canarias y Asturias son una referencia”.
Retrasos en cumplir recomendaciones
Tristán señaló que tanto retraso en cumplir estas recomendaciones “tan sensatas y elementales” podría interpretarse “por algunos” como un deliberado obstruccionismo para impedir que los consejos sociales desarrollen en plenitud sus responsabilidades, y que el Tribunal de Cuentas del Estado debería insistir sobre ello. Reflexionó el presidente del Consejo Social de la ULPGC y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Española de Consejos Sociales, de las universidades públicas y las privadas en la actualidad, que “seguramente no puede hablarse de que esta actitud se trate de un desacato, pero si no lo es, lo que sí es, es un claro desprecio al Tribunal de Cuentas y una irresponsabilidad. Ya hemos visto lo que está pasando en el ámbito local y en otras instituciones”.
La segunda sesión de la jornada la han protagonizado Mª Dolores Genaro, consejera de los Departamentos de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social y de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas, y Alberto Gil, gerente de la Universidad de Zaragoza.
Genaro ha repasado desde una perspectiva legal la situación de las fundaciones universitarias y su control partiendo desde el artículo 84 de la LOU, que establece la creación de estas entidades. Ha destacado su origen como vehículo de ámbito común para la colaboración entre la Universidad y la empresa y las dudas que se pueden generar “por su función entre lo público y lo privado” al tratarse de entidades con naturaleza jurídica privada pero creadas por entes públicos. Ante ello, ha planteado la pregunta de a quién deben rendir cuentas -patronato, órganos de control externos, etc.- y ha recordado las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que detecta la ausencia de una normativa clara aplicable para su control y de un inventario de fundaciones universitarias.
En la ponencia sobre el control de las fundaciones universitarias y entes dependientes, Ángel Tristán volvió sobre la cuestión de los medios precisos para desarrollar la función de control en este campo. “Sin personal adecuado y suficiente es una labor imposible de llevar a cabo”. Y añadió que, por lo general, en las universidades públicas españolas, como ha detectado igualmente el Tribunal de Cuentas, no se ha cuidado tanto la profesionalización de la gestión como la contratación del profesorado, “de tal manera que al faltar administrativos y gestores cualificados para unos entes tan complejos como las universidades europeas se resiente todo el conjunto, y por consiguiente no alcanza la eficiencia que se requiere de un servicio público tanto en tiempos de normalidad pero sobre todo en tiempos de crisis”. “Yo siempre digo – señaló finalmente- que la disculpa del ‘techo de gasto’ para mantener congeladas las plantillas de los consejos sociales hay que aplicarla a todos por igual, y no con mayor intensidad, o de forma total, a los Consejos Sociales”.
Por su parte, el Secretario General del Consejo Social de la ULPGC, que a su vez es Secretario General de la Conferencia, mencionó durante su intervención en estas Jornadas que, en sus informes, el Tribunal de Cuentas considera que son los Consejos Sociales los que deben aprobar las cuentas de las fundaciones universitarias y ha apuntado que la tendencia actual es a una limitación en la creación de este tipo de entidades, puesto que el control sobre ellas se ejerce prácticamente igual que el de las universidades.
En la clausura de las jornadas, el Presidente de la Comisión de Transferencia y Relaciones con la Sociedad de la Conferencia, Ladislao Azcona, ha destacado que los Consejos Sociales “deben ser provocadores” para generar los cambios que las universidades necesitan.