El Pleno insta al gobierno de la ULPGC a regular la política de matrículas gratuitas
El Consejo Social ha aprobado hoy, en sesión plenaria extraordinaria, la propuesta de Presupuesto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2018, presentado por la Gerencia de la institución y previamente aprobado por el Consejo de Gobierno de la ULPGC. El presupuesto aprobado asciende a 141,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,35% con respecto al presupuesto del año 2017. La Gerente de la ULPGC, Eulalia Gil, ha destacado “el nuevo rumbo” de este presupuesto, que pretende dotar de nuevas partidas económicas al equipamiento docente, informático e investigador de la ULPGC, a la puesta en marcha de nuevas infraestructuras, y a renovar y estabilizar la plantilla del personal docente y de servicios de la Universidad, “tras varios años de crisis económica”.
El Presidente del Consejo Social, Ángel Tristán, felicitó al equipo de Gerencia de la ULPGC por el proyecto de presupuesto presentado, y también significó la labor del Servicio de Control Interno, dependiente del Consejo Social, y de la Secretaría del propio Consejo, “que tras numerosas e intensas sesiones de trabajo con el equipo de Gerencia de la ULPGC han enriquecido este presupuesto con varias aportaciones y recomendaciones técnicas”.
La aprobación de este Presupuesto por parte del Consejo Social, de obligado cumplimiento tal y como establece la Ley de Consejos Sociales de Canarias, ha incluido diversas recomendaciones al Rector de la ULPGC, entre las que figura “la imperiosa necesidad de incrementar adecuadamente los medios personales y técnicos de la gerencia, tanto con personal cualificado como con las aplicaciones informáticas que permitan este año cumplir con las recomendaciones de los órganos de control externo, Tribunal de Cuentas y Audiencia de Cuentas de Canarias”.
Además, el Consejo Social ha requerido la elaboración de un reglamento regulador de la política de matrícula gratuita al personal de la ULPGC y sus familiares. “Consideramos que esta política de matrícula gratuita no debe prescindir del trámite previo de la petición de becas al Estado o a la Comunidad Autónoma, o a las corporaciones insulares o locales, porque esta dejación implicaría un descenso de los fondos propios de la ULPGC”. En este sentido, el Consejo Social ve necesario que se desarrolle un conjunto de medidas que regule estas bonificaciones de las matrículas, y que, mediante un reglamento, se concreten las personas que pueden ser susceptibles de ser beneficiadas por esta matrícula gratuita en la ULPGC, en función de sus condiciones económicas y de rendimiento académico.