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#15. Julio y agosto de 2022
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Foto del desayuno de trabajo. En el centro, Lluís Serra Majem, junto al vicepresidente del Consejo Social (izq.), José Carlos Naranjo, y al presidente de la CCE (der.), Pedro Ortega Rodríguez.
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El Consejo Social y el vicerrectorado de Investigación y Transferencia organizaron el pasado mes de julio un encuentro con empresarios e investigadores de la ULPGC que contó también con el apoyo de la Confederación Canaria de Empresarios que preside Pedro Ortega. Este encuentro, que se llevó a cabo en un formato de desayuno de trabajo, se celebró con el título «ULPGC: Innovación Abierta».
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Durante este acto, el rector de la ULPGC manifestó que «la economía depende de las empresas que son los tractores del crecimiento, por ello conocernos mejor es la clave para que funcione la relación universidad-empresa, ya que ambas comparten el compromiso con el desarrollo económico y social del Archipiélago».
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Por su parte, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, destacó que «este es el inicio de muchas actividades que queremos realizar para aumentar la interrelación entre la universidad y las empresas, porque trabajando juntos podremos mejorar ya que la universidad aporta valor añadido y, por tanto, riqueza».
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Este acto ha sido el primero organizado junto con la Confederación Canaria de Empresario tras la firma del convenio impulsado por el Consejo Social y suscrito entre la ULPGC, el propio Consejo y la Confederación Canaria de Empresarios. Dicho convenio tiene como principal objetivo el desarrollo de diferentes líneas de colaboración entre la Universidad y los representantes empresariales: mejora de la oferta académica, acercamiento de la investigación y de la innovación al tejido empresarial canario y la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de los estudiantes de la ULPGC.
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Foto previa al acto. El vicepresidente del Consejo, José Carlos Naranjo Sintes (derecha), junto con José Gilberto Moreno, director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y presentador del acto.
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El vicepresidente del Consejo Social de la ULPGC, José Carlos Naranjo Sintes, expuso, durante el encuentro celebrado el pasado 14 de julio en la Sede Institucional de la ULPGC, que «no hay mejor manera de hacer región que haciendo empresa, ya que vivimos en un sistema de economía de mercado donde las empresas son agentes necesarios e imprescindibles del desarrollo económico y social, de la creación de puestos de trabajo y de riqueza, en definitiva, son las garantes de nuestro bienestar social».
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Para José Carlos Naranjo, Universidad y empresa convergen porque tienen los mismos objetivos. Indicó que mejorar la relación entre la ULPGC y la empresa «es un reto necesario y urgente de todos» y en ese contexto situó la firma del convenio entre la ULPGC, su Consejo Social y la Confederación Canaria de Empresarios, el pasado mes de febrero, «convirtiéndose en un acuerdo pionero y referente para todas las universidades españolas».
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Foto del acto de inauguración del curso organizado por el Consejo Social de la ULPGC y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas en el marco de la Universidad de Verano de Maspalomas.
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El Consejo Social de la ULPGC y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) inauguraron el pasado mes de julio, en Gran Canaria, unas jornadas nacionales bajo el título los ‘Fondos Next Generation para la recuperación europea y el control antifraude para su recepción: una obligación para las Universidades públicas’, que se enmarcaron dentro del programa de la XXX Universidad de Verano de Maspalomas.
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El acto inaugural contó con las intervenciones de Ángel Tristán, presidente del Consejo Social de la ULPGC; Lluís Serra, rector de la ULPGC; Antonio Abril, presidente de la CCS; Padua Ortíz de Mendívil, consejero del Tribunal de Cuentas para la Fiscalización de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas; Pedro Pacheco presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y Manuel Ramírez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias.
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Ángel Tristán, centró su intervención en el proyecto de la nueva ley que marcará el destino de las universidades españolas (LOSU) sumándose a las razones por las que la CCS está en desacuerdo con su articulado y lamentando que el Ministerio de Universidades no haya recogido las recomendaciones del estudio encargado a la OCDE por el Gobierno de España.
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Lluís Serra, rector de la ULPGC, destacó la importancia de este curso, ya que «podremos aproximarnos a las tareas que deben llevar a cabo las unidades de control interno de las universidades y las instituciones de control externo de las comunidades autónomas para la prevención y detección del fraude».
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Antonio Abril Abadín, presidente de la CCS, se mostró muy crítico con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), recientemente aprobada por el Consejo de ministros. «La LOSU es una oportunidad perdida, porque no aborda el tema de la transformación, de la gobernanza, de la gestión del gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas de las universidades».
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Para terminar, Manuel Ramírez Sánchez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias, manifestó que «el reto que tenemos por delante es hacer las cosas bien, porque son muchos los ojos que están pendientes de lo que vamos a hacer desde las instituciones públicas, sobre la gestión de los fondos. Tenemos que estar a la altura y ejecutarlos de la mejor manera posible».
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Foto: Padua Ortiz de Mendívil, consejero del Tribunal de Cuentas; y Antonio Abril Abadín, presidente de la CCS (der.).
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«El mayor reto para Canarias, a la hora de gestionar los fondos de recuperación, es decidir los destinos a los que se van a encomendar», afirmó Luis Antonio Padua Ortiz, consejero del Tribunal de Cuentas para la fiscalización de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, así como de las entidades del sector público autonómico.
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El consejero explicó que la razón para que esa decisión sea tan importante es que «hay unos grandes ejes como la transformación digital o la igualdad que ha marcado la Unión Europea», así como que es fundamental «conseguir la digitalización y una transformación de la sociedad y de la administración que nos permita enfrentar el siglo XXI con unas mejores condiciones que las que hemos tenido por culpa de la pandemia».
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En su ponencia, Luis Antonio Padua Ortiz de Mendívil abordó los Fondos Next Generation, sobre los que destacó «que tienen que aplicarse bien conociendo los requisitos que impone la Unión Europea para la correcta ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia» o, de lo contrario, «habría que devolvérselos», destacó también que «se deben aplicar todos los procedimientos de control que eviten que haya tráfico de influencias y fraude».
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Finalmente, respecto a la dependencia de las unidades de control interno en las universidades, el consejero destacó que las Unidades de Control «no se configuran como oficinas de control independientemente como se exige de manera expresa en la normativa de los fondos europeos» y defendió que dependan «de los consejos sociales y no de quien realiza las funciones de gestión y contabilidad».
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Foto: vista general del salón durante la intervención del secretario general de universidades, José Manuel Pingarrón.
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Debemos llevar a cabo proyectos que mejoren la enseñanza digital, porque ha venido para quedarse», afirmó José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades del Gobierno de España.
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Pingarrón detalló que el Ministerio de Universidades entregó 400 millones de euros a las comunidades autónomas para acabar con la ‘brecha digital’, una acción que «es bastante inusual porque es una invasión de competencias, pero en este caso se nos ha permitido hacerlo». En relación con los Fondos Next Generation, el secretario general explicó que se ha ejecutado el 100% del dinero que corresponde a su Ministerio, una cantidad que, en su opinión, «es limitada» y que se centró en dos actuaciones: «la recualificación del profesorado, con un foco especial en los doctores jóvenes y para la atracción de talento extranjero».
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José Manuel Pingarrón, que compartió ponencia con Teresa Riesgo, secretaria general de innovación del Gobierno de España y Antonio López, rector de la Universidad de Santiago de Compostela, puso en valor la importancia de las universidades para la recualificación de la población trabajadora, para que puedan hacer frente “a los cambios urgentes y rápidos que va a sufrir el mercado de trabajo en los próximos años”.
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Por su parte, Teresa Riesgo se refirió a los grandes retos que tiene el sistema de ciencia e innovación en España. «Nuestro país publica muchos papers, un área donde ocupamos el décimo puesto mundial», y explicó que ocupamos la 30ª posición en los rankings de innovación, «lo cual genera riqueza, puestos de trabajo estables y un pago de impuestos, gracias a los beneficios de las empresas muy competitivas». Para ello, destacó que las universidades cumplen el papel de «generadoras de conocimiento y profesionales».
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Foto: Edu William, empresario y profesor asociado doctor de la ULPGC.
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Edu Wiliam, empresario, director de Canarias Living Lab y profesor asociado doctor de la ULPGC, impartió una de las conferencias de las jornadas.
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El ponente comenzó explicando el proyecto «'Canarias Importa', un modelo para planificar el uso de los fondos europeos en Canarias», que nació a iniciativa del Consejo Social de la ULPGC, en 2020, liderado por el rector honorario de la ULPGC, Francisco Rubio Royo que coordinó a más de 50 expertos, para acabar exponiendo el proyecto Canary Living Lab, que surgió de 'Canarias Importa' y que ha presentado el Gobierno de Canarias, junto a empresas privadas, a los Fondos NextGenerationEU. William definió 'Canarias Importa' como la propuesta de un modelo económico y social transformador y estructural, capaz de llevar a cabo la diversificación que necesita Canarias y establecer las bases para un futuro sostenible, digital, diversificado, integrador y resiliente, de reformas y transformaciones estructurales para comenzar de forma inmediata. Ese propósito se asienta en tres pilares que son la renovación ecológica, la transformación digital y el bienestar social para toda la población. El proceso nació con un propósito, una identidad y unos principios capaces de guiar en el tiempo, la diversificación de Canarias.
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Para el medio plazo se proponen 18 acciones piloto enmarcadas en un proyecto «paraguas», que permita una mejor comunicación y refuerzo internacional cuyo mejor exponente es el proyecto Canary Living Lab definido como «un proyecto tractor, transformador del turismo hacia un modelo inteligente, con capacidad de arrastre y efecto multiplicador para acelerar la diversificación».
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Foto (de izq. a der.): Simón Rego, Roberto Fdez., Pedro Pacheco y Alfonso Peña.
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En su intervención, Alfonso Peña, presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, manifestó que, «necesariamente, los organismos de control externo, cuando hagamos las auditorías y la gestión de los presupuestos de las entidades que auditamos, como las universidades públicas, vamos a tener que enfrentarnos a los posibles riesgos por fraudes en la gestión que estos programas van a tener, aunque no tengamos una mención expresa en el marco que regula el plan». En este sentido, Peña afirmó que «tenemos que estar preparados y con la metodología prevista para realizar estos controles, ya que se van a tener que gestionar un alto volumen de recursos, con unas reglas de gestión muy especiales, en un plazo de tiempo muy corto y con un número inmenso de órganos ejecutores y eso implica un riesgo de fraude en la gestión».
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Simón Rego Villar, conselleiro del área de Corporaciones del Consello de Contas de Galicia, manifestó que el Concello de Contas es distinto al resto del país, puesto que desde 2015, «tenemos una competencia en materia de prevención de la corrupción, que no es habitual, ya que normalmente solo estamos autorizados al control el gasto a posteriori, pero en Galicia podemos colaborar con las entidades públicas para prevenir la corrupción».
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Por su parte, Roberto Fernández Llera, Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, explicó que, dentro de la prevención del fraude, «es verdad que la normativa casi nos ha olvidado, no nos menciona como órgano de control, pero nuestras leyes reguladoras tienen un papel relevante, no solo en la prevención del fraude, sino en la ejecución de estos fondos».
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Foto (de izq. a der.) Roberto Moreno, gerente de la ULPGC; Miguel Ángel Acosta, secretario general de la CCS; y Alberto Tejero, vicegerente de la UCA. En la proyección, Alberto Gil, gerente de la Univ. de Zaragoza.
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Roberto Moreno, gerente de la ULPGC, participó en estas jornadas sobre los fondos Next Generation. En su intervención, manifestó que «debemos esforzarnos por integrar en la vida universitaria el papel del control interno». A su juicio, esa integración se debe hacer mediante «pedagogía en la comunidad universitaria no solo en la prevención del fraude, sino sobre cómo evitar errores que pueden llevar a situaciones indeseadas» y a través de «una mayor interacción con la comunidad universitaria con seminarios, cursos o clases». El gerente de la ULPGC, que intervino junto a Alberto Tejero Navarro, vicegerente de Organización de la Universidad de Cádiz; y Alberto Gil Costa, gerente de la Universidad de Zaragoza, añadió que para lograr ese objetivo «debemos seguir un camino de concienciación y de formación». En su turno, Alberto Tejero se centró en el papel del control interno en la prevención del fraude y, además, definió el fraude como «el engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual alguien queda perjudicado«.
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Por su parte, Alberto Gil defendió que «no hay que ver al control interno como a un enemigo, hay que integrarlo en el sistema porque ayuda a que lo que se ejecuta sea mucho más eficaz y eficiente». Añadió que la falta de autocrítica es una «mala política». Gil abordó también las comisiones antifraude, dijo que «deberían ser un instrumento que fomente y mejore la transparencia y la rendición de cuentas», así como «la llave que permita la implantación de una cultura preventiva». Gil abordó también las comisiones antifraude, dijo que «deberían ser un instrumento que fomente y mejore la transparencia y la rendición de cuentas».
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Foto (de izq. a der.) Pilar Muñoz Martínez, directora técnica operativa de la CCS; José Carlos Naranjo Sintes, vicepresidente del Consejo Social de la ULPGC; y Miguel Ángel Acosta, secretario general de la CCS.
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“Canarias y Asturias son las únicas comunidades autónomas que han legislado respecto a la dependencia de las unidades de control interno de las universidades a los Consejos Sociales”, declaró Pilar Muñoz, directora técnica operativa de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, durante la presentación del informe “Una radiografía de las universidades públicas españolas a través de los informes de las instituciones de Control Externo”.
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Muñoz, dijo no explicarse que “después de tantos años de la llegada de la LOU, el resto de las regiones no haya promulgado un margen regulatorio”. Durante su intervención, Pilar Muñoz comentó la situación de algunas de las universidades públicas españolas que más le habían sorprendido. Respecto a la Comunidad de Madrid, Pilar Muñoz confesó que “es el caso que nos ha resultado más impactante”, puesto que, “con sus seis universidades públicas, es la Comunidad que más presupuesto recibe en este ámbito y aún así no se ha fiscalizado ninguna desde el año 2012”, en total son “14.402 millones de euros no fiscalizados por ningún órgano de control externo”.
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La ponencia también fue desarrollada por Miguel Ángel Acosta, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, quien abordó los informes de 2003 y 2012 realizados por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las universidades y sus mecanismos de control interno. Recordó que, en ambos informes, el Tribunal de Cuentas ha recomendado que la dependencia de estos órganos recaiga en los consejos sociales de las universidades públicas españolas.
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Foto de archivo: el ministro Subirats acompañado del secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.
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El Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario presentado por el ministro Subirats. El nuevo texto es el resultado de un largo proceso de consulta y escucha con los diferentes actores del sistema universitario que ya ha iniciado su trámite parlamentario. A juicio del ministro, «Necesitamos una ley para los próximos 20 años que sea capaz de responder a las necesidades actuales que demanda la sociedad».
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Según el ministerio, el proyecto de ley pretende reducir la precariedad; aumentar la financiación de las universidades; establecer la formación a lo largo de la vida como un objetivo para conectar las universidades a las necesidades actuales de la sociedad; aumentar la internacionalización; y consolidar una carrera académica más predecible, más corta, y más estable.
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Foto de la reunión celebrada el 28 de junio.
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El pleno del Consejo Social de la ULPGC aprobó las cuentas anuales de la Universidad presentadas por el gerente, Roberto Moreno.
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Las Cuentas Anuales 2021 destacan el alto nivel de ejecución, más del 86 por ciento, el esfuerzo inversor en la investigación y el balance de una tesorería saneada. Así, la ULPGC vuelve a cerrar un ejercicio económico con suficiencia financiera, estabilidad presupuestaria y nulo endeudamiento de futuro. No obstante, el gerente manifestó la necesidad de contar con un plan plurianual de financiación pública de las universidades canarias, ya que «en 2022 tendremos que hacer frente a situaciones no previstas, como el aumento de la inflación, por tanto, de un mayor coste de suministros y de bienes y servicios, así como de un disparatado sobrecoste de la energía eléctrica».
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La capacidad de financiación de la ULPGC alcanzó el millón de euros y de los entes dependientes -1,17 millones de euros, lo que resulta un importe global de -0,17 millones de euros. Si no se consideran los gastos relacionados directamente con la COVID, este último importe ascendería a 0,8 millones.
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Foto de la reunión celebrada el 21 de julio.
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El Consejo Social de la ULPGC anunció, en el Pleno ordinario celebrado el pasado 21 de julio, su «total apoyo» a la implantación de las ‘microcredenciales’, como parte de la oferta formativa permanente, «que combina metodologías flexibles y modulares que pueden contribuir a ampliar las oportunidades de aprendizaje, a lo largo de la vida de todas las personas», manifestó su presidente Ángel Tristán Pimienta.
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El rector Serra Majem expuso que la nueva normativa del Gobierno cambiará el mapa de nuevas oportunidades que no se puede desaprovechar, «hay un impulso al nuevo mapa de titulaciones, con las nuevas opciones como los microtítulos y las dobles titulaciones. Además, estamos impulsando un mejor reconocimiento institucional de los títulos propios, ya que no es de recibo que los títulos propios de la ULPGC se pongan en duda en las tablas de valoración de las oposiciones de la Comunidad Autonóma de Canarias. Es totalmente inadmisible», concluyó.
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En esa misma sesión fue aprobada la Memoria del Servicio de Control Interno de la ULPGC y la Memoria de Actividades del propio Consejo correspondientes a 2021.
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Foto del acto sobre 'microcredenciales' organizado por ANECA en la que participó Miguel Ángel Acosta, secretario del Consejo Social de la ULPGC.
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Foto (de izq. a der.): Antonio Abril, presidente de la CCS; el ministro Joan Subirats; y José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España.
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Otras noticias de la prensa contadas brevemente:
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Entrevista a Manuel Ramírez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias: «Hay titulaciones universitarias con unas tasas de abandono alarmantes».
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El director general de Universidades del Gobierno canario afirma en esta entrevista que ULPGC y ULL deben «hacer autocrítica» porque su problema «no es el dinero».
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El porcentaje de alumnos que cursan una formación profesional en un centro privado se ha más que triplicado en una década, pasando del 6,6% sobre el total en el curso 2010-2011, al 20,5% en el de 2019-2020. En el mismo lapso de tiempo ha aumentado en 8,8 puntos el alumnado de las universidades de pago, hasta alcanzar una representatividad del 22,8%.
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El Ministerio de Universidades ha cumplido un 68% de sus compromisos para la transformación del sistema universitario. Durante los próximos seis meses seguirá trabajando en algunas cuestiones claves como la elaboración del Estatuto del PDI y el Real Decreto por el que se establece las condiciones y procedimiento de homologación, entre otras.
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