Las presidencias de los Consejos Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna han emitido hoy una declaración conjunta como respuesta al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2025 de Consejos Sociales realizado por el Defensor del Pueblo a instancias de los rectores de las universidades públicas canarias.
El recurso del Defensor del Pueblo cuestiona únicamente cinco artículos concretos de la Ley hoy vigente, que hacen referencia al informe favorable vinculante que deben emitir los Consejos Sociales para la implantación de titulaciones oficiales; el informe favorable vinculante que también deben emitir estas entidades para la creación de estructuras como centros, institutos o de otro tipo; la aprobación de las normas de progreso y permanencia; la aprobación del régimen retributivo del personal investigador a cargo de proyectos y el acceso a la información que otorga la Ley a los Consejos Sociales o a alguno de sus miembros.
Tal y como se asegura en la declaración, de la que fue informado hoy el pleno del Consejo Social de la ULPGC, las relaciones institucionales entre los rectores y Consejos de Gobierno y los Consejos Sociales “siguen siendo fluidas y colaborativas, con pleno respeto a las funciones asignadas legalmente a cada uno de esos órganos universitarios”.
Las presidencias de los Consejos Sociales recuerdan, que el propósito de la norma recurrida es el de “reforzar la participación social en la vida universitaria”. En ese sentido, consideran contradictorio el recurso, siendo la Ley 3/2025 una norma que contribuye a mejorar “un modelo de gobernanza de la universidad pública que incorpora elementos que lo abren a la ciudadanía”.
El Consejo Social “solo puede cumplir plenamente su misión cuando mantiene un diálogo permanente, leal y estructurado con la sociedad a la que pertenece, e incorpora de forma efectiva su participación en la orientación estratégica de la institución. Una universidad que no escucha ni integra a su entorno corre el riesgo de desatender las necesidades reales de su territorio y de debilitar su capacidad para transformar el futuro de las islas”, afirma la declaración.
En este contexto, las presidencias de los Consejos Sociales de las universidades públicas de Canarias recuerdan que siempre han defendido la autonomía universitaria “como elemento esencial para el desempeño de la función asignada a la universidad”.
Por eso, considera que la intervención del Tribunal Constitucional aclarará los artículos concretos que se cuestionan, “garantizando la seguridad jurídica de las competencias asignadas a los Consejos Sociales y preservando la conexión esencial entre universidad y sociedad”.
La declaración de las presidencias de ambos Consejos Sociales finaliza con un recordatorio claro: “la participación social no limita la autonomía académica: la enriquece y la protege”, y con la defensa de “una universidad abierta, permeable, capaz de rendir cuentas y de incorporar la pluralidad de intereses y perspectivas que conforman la vida social, económica y cultural de Canarias”.
Lea la declaración completa aquí.