La propuesta del Gobierno de Canarias contempla un incremento de 45 millones de euros hasta 2030 y sitúa en 1.242,8 millones la financiación autonómica de las dos universidades públicas durante los cuatro años.
Los consejos sociales estudiarán el documento y formularán propuestas antes de aprobar los respectivos planes plurianuales de financiación, de acuerdo con las competencias que les atribuye la legislación canaria.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, presentó a los representantes de los consejos sociales de las dos universidades públicas canarias la propuesta del nuevo acuerdo de financiación universitaria para el periodo 2027-2030.
En representación del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asistieron su presidenta, Ana B. Suárez Calvo, y su vicepresidente, Jesús León Lima. Por parte del Consejo Social de la Universidad de La Laguna participaron su presidente, Francisco Almeida Ossa, y la secretaria del órgano.
Durante el encuentro, la consejera expuso las principales cifras y características de un modelo que pretende sustituir la negociación presupuestaria anual por un marco estable, previsible y evaluable. La propuesta contempla un incremento de la financiación autonómica de 45 millones de euros hasta 2030, lo que representa un aumento del 16% respecto a la previsión inicial.
El marco cuantificado para ambas universidades asciende a 1.242,8 millones de euros entre 2027 y 2030. De esta cantidad, 9,78 millones se destinarían a corregir el desfase acumulado entre los costes estructurales y las aportaciones autonómicas durante el periodo 2021-2026.
La propuesta prevé que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria alcance una financiación de 153,65 millones de euros en 2030, un 16,18% más que en 2026. Por su parte, la Universidad de La Laguna llegaría ese año a 173,24 millones, lo que representa un incremento del 15,76%.
El documento programa también 34 millones de euros para la modernización tecnológica durante el cuatrienio: cuatro millones en 2027, seis millones en 2028, diez millones en 2029 y catorce millones en 2030. El Gobierno de Canarias plantea solicitar al Estado una aportación equivalente, aunque esta posible cofinanciación todavía no está confirmada y, por tanto, no se incluye en las cifras del acuerdo.
El modelo incorpora igualmente una financiación variable vinculada a resultados, que comenzaría a abonarse en 2028 y podría alcanzar un máximo del 1% de la financiación básica. Entre los ámbitos que se evaluarían figuran la formación continua, las titulaciones duales, la reducción del abandono, la eficiencia académica, la investigación, la captación de fondos, la transferencia de conocimiento, el emprendimiento y la internacionalización.
Los consejos sociales estudiarán ahora el documento con detalle y formularán las aportaciones que consideren necesarias para reforzar la suficiencia, estabilidad y previsibilidad de la financiación. Su análisis prestará especial atención a la evolución de las aportaciones durante los cuatro años, la cobertura efectiva de los costes estructurales, la financiación de las infraestructuras y las necesidades singulares de cada universidad.
Asimismo, analizarán los requisitos asociados a la financiación por objetivos para contribuir a que los indicadores sean claros, realistas, verificables y previamente acordados. También valorarán los criterios de medición, la disponibilidad de la información necesaria, las diferencias existentes entre ambas universidades y la vinculación efectiva de los objetivos con la mejora de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento, el emprendimiento y la empleabilidad.
Los consejos sociales consideran esencial que la financiación variable se configure como un incentivo para la mejora y no como un elemento que pueda comprometer la cobertura de los gastos estructurales de las universidades.
Su participación resulta, además, preceptiva. El artículo 3 ter de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, atribuye a cada Consejo Social la competencia para aprobar el plan plurianual de financiación de su universidad y, en su caso, los contratos-programa u otros instrumentos de financiación pública negociados con la Comunidad Autónoma en los que se sustente.
La misma ley establece que una representación del Consejo Social debe participar en el proceso de negociación de la financiación de su universidad, cualquiera que sea el instrumento utilizado para articularla. Los consejos sociales también estarán representados en la comisión encargada del seguimiento del nuevo acuerdo.
Tras presentar la propuesta a los consejos sociales, Migdalia Machín se reunió con los rectores de las dos universidades públicas canarias, Lluís Serra Majem, rector de la ULPGC, y Francisco García, rector de la Universidad de La Laguna, para continuar avanzando en la arquitectura, las cifras y los aspectos técnicos del acuerdo.
La negociación proseguirá hasta completar el texto y validar sus elementos financieros y jurídicos. Entre las cuestiones que aún deben concretarse se encuentran las reglas de los indicadores, las garantías de aplicación, la gobernanza, los anexos financieros y la financiación extraordinaria de infraestructuras y necesidades singulares.