Fuente: UNIR.
El ciclo de seminarios de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) dedicado a los retos de la universidad pública concluyó con un intenso debate sobre las ‘Limitaciones de las universidades públicas para el cumplimiento de sus objetivos’. Los expertos coincidieron en la urgencia de optimizar la financiación, flexibilizar la gestión administrativa y estrechar lazos con la sociedad.
El seminario, dirigido por José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades entre 2018-2024, contó con la participación de Amparo Navarro Faure, rectora de la Universidad de Alicante y presidenta de la Comisión Sectorial de Gerencias de CRUE; Miguel Ángel Guardia López, gerente de la Universidad de Granada y secretario ejecutivo de la comisión sectorial de CRUE-Gerencias; y Miguel Ángel Acosta Rodríguez, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS).
Infrafinanciación crónica y desafíos de gobernanza
Rafael Puyol, presidente de UNIR, sintetizó los retos estructurales del sistema, destacando la “financiación insuficiente” para la calidad y el “reducido nivel de autonomía organizativa” debido a sistemas de gobernanza inadecuados. Además, señaló el desajuste entre la formación de los egresados y el mercado laboral, convirtiendo la empleabilidad en una “gran asignatura pendiente”. Hizo hincapié en la falta de financiación para infraestructuras tecnológicas (digitalización e IA) y los insuficientes niveles de colaboración público-privada e internacionalización.
Por su parte, José Manuel Pingarrón reconoció que debatir sobre las limitaciones toca el “nudo gordiano del funcionamiento de las universidades públicas”, señalando que estas instituciones lamentablemente suelen estar en los medios de comunicación por problemas como la falta de financiación o infraestructura, lo que contribuye a su “descrédito social”.
No obstante, enfatizó que las universidades públicas realizan muchas más acciones positivas que negativas, y que el objetivo del encuentro al identificar las limitaciones es explorar cómo el sistema universitario puede minimizarlas o gestionarlas de manera más eficaz.
El corsé administrativo y la LOSU
Amparo Navarro Faure, rectora de la UA y presidenta de la Comisión Sectorial de Gerencias de la CRUE, ofreció una perspectiva del contexto normativo de la universidad pública “sujeta a rigideces incomparables con el sector privado”. Afirmó que las principales limitaciones se encuentran en la financiación y la autonomía para organizarse.
La rectora fue tajante al señalar la escasa autonomía financiera en materia de ingresos, donde los precios están intervenidos por los parlamentos autonómicos. “Las universidades privadas, si sube el IPC o los costes energéticos, pueden subir los precios. Las universidades públicas no podemos intervenir en el ámbito de los precios de las tasas y precios públicos”.
Navarro explicó que la financiación pública vía transferencias autonómicas es rígida y depende del nivel de ingresos de cada comunidad autónoma, generando inequidad.
La rectora señaló que la financiación pública (1,8% del gasto público en España) está por debajo de la media de la OCDE y la UE, y que la LOSU, que “incrementa las obligaciones”, no garantiza el objetivo del 1% del PIB y que “los más de 3.000 millones de euros” comprometidos “ni están ni se les espera”.
No obstante, Navarro defendió con convicción el valor del modelo público. Aseguró que la universidad pública, al operar bajo el principio del servicio público, ha sido clave para la democratización de la enseñanza superior en España y goza de gran autoridad social, aunque reconoció que, con la proliferación de universidades privadas y el próximo descenso demográfico, debe adecuar sus instrumentos para competir en un entorno más flexible.
Pingarrón complementó esta visión, afirmando que la LOSU “reconoce claramente la infrafinanciación” y que el 1% del PIB es un “mínimo” para aproximarse a la inversión europea, fijando una corresponsabilidad financiera entre Estado, CCAA y universidades.
El “coste oculto” que asfixia
Miguel Ángel Guardia López, gerente de la UGR, lamentó que las CCAA, aunque están adaptando sus modelos de financiación a la LOSU, no alcanzan el “espíritu de la suficiencia”, resultando en una situación “asfixiante”.
Señaló que la capacidad de las universidades para obtener ingresos es limitada porque los precios públicos están topados, a pesar de que el mantenimiento del sistema de excelencia nacional exige más recursos. “Si el salario sube un 2% para los empleados públicos, el coste del personal de la universidad sube un 3% anualmente.”
Guardia López se refirió al “coste oculto” de los gastos de personal que “crecen de forma continua, más allá de la subida nominal de salarios”. Puso como ejemplo el incremento en las cotizaciones a la Seguridad Social del profesorado funcionario, un coste no reconocido en los instrumentos financieros.
Por ello, incidió, es vital mejorar la comunicación y “aportar evidencia de datos” para que las CCAA reconozcan el coste real de mantener universidades de excelencia.
La brecha con la sociedad y el bloqueo estructural
Miguel Ángel Acosta Rodríguez, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), identificó una limitación fundamental carácter estratégico: la “distancia estructural entre la universidad y la sociedad, una brecha que condiciona todas las demás restricciones”. Argumentó que la universidad opera con una “lógica predominantemente interna” que debilita su capacidad para justificar la petición de más recursos.
En cuanto a la financiación, Acosta señaló un “bloqueo estructural” derivado de dos factores clave: primero, la regla de gasto de las CCAA que restringe la asignación de mayor inversión pública; y segundo, la LOSU, que al fijar el 1% del PIB como un “objetivo compartido” e impedir aumentar los precios públicos de matrícula, limita la capacidad de las universidades para generar ingresos propios y evitar la mayor contribución de las familias, que debería estar compensada con un sistema de becas adecuado.
Finalmente, reiteró que, mientras la sociedad no sitúe a la universidad entre sus prioridades, no habrá reformas financieras, por lo que la clave es “hacer que la sociedad participe más de la universidad” y obtener así el apoyo necesario para demandar recursos.
Resiliencia y vías de colaboración
A pesar de las dificultades, los ponentes destacaron la resiliencia del sistema. Coincidieron en que la formación continua a lo largo de la vida es un área de oportunidad que debe explotarse mediante la colaboración público-privada.
Pingarrón concluyó que el sistema, pese a la infrafinanciación, sigue cumpliendo sus funciones con excelencia y, de hecho, se sitúa con frecuencia entre los mejores del mundo. Hizo un llamamiento a la colaboración institucional entre todas las universidades, públicas y privadas, como una herramienta fundamental para minimizar estas limitaciones.
Finalmente, la vicerrectora de UNIR, Isabel Díez Vial, destacó la capacidad de adaptación de la universidad pública a los grandes cambios, desde Bolonia hasta la Inteligencia Artificial. También la necesidad de mayores inversiones y colaboración entre instituciones para afrontar este reto. No obstante, Díez Vial enfatizó que la esencia de la universidad pública reside en el servicio público: su función es “enseñar el saber universal” y educar en hábitos intelectuales, permitiendo a la institución “sobrevivir” a todas las dificultades.
En anteriores sesiones, el ciclo de seminarios dedicado a las universidades públicas exploró cómo formar al estudiantado universitario en un escenario de disrupción digital; la globalización frente al impacto local; la confluencia hacia un modelo híbrido de enseñanza y la integración de la IA en la Educación Superior.