El órgano emite un informe desfavorable a la creación del nuevo instituto atendiendo a criterios económicos, organizativos y estratégicos. El Pleno aprobó el nuevo Código Ético del Consejo Social, que refuerza su compromiso con la transparencia, la integridad, la responsabilidad y la equidad en el ejercicio de sus funciones.
El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado hoy, en sesión plenaria, su informe desfavorable sobre la propuesta de la ULPGC de crear el Instituto Universitario de Análisis y Evaluación Económica y Social (ECOVAL-ULPGC), atendiendo a criterios económicos, organizativos, reglamentarios y estratégicos.
En su informe vinculante, emitido en ejercicio de las funciones que la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias atribuye al Consejo Social como órgano de representación de la sociedad, rendición de cuentas y supervisión de la sostenibilidad económica y organizativa de la Universidad, el Consejo subraya la necesidad de actuar con prudencia en el actual contexto institucional de la ULPGC.
En este sentido, la presidenta del Consejo Social, Ana Suárez, señaló que «la Universidad atraviesa un proceso de revisión y racionalización de sus estructuras, en un escenario sin un modelo de financiación universitaria aún definido y con claras limitaciones de recursos económicos y de personal, lo que exige extremar la cautela ante la creación de nuevas estructuras permanentes».
El informe también pone de relieve la falta de una financiación específica, estable y garantizada para el instituto propuesto por la ULPGC, así como la insuficiencia de medios materiales y el posible solapamiento de este nuevo órgano con estructuras ya existentes. En definitiva, el Consejo Social considera necesario acreditar en mayor medida el valor añadido que justificaría la creación de un nuevo instituto, dejando abierta la posibilidad de reconsiderar la iniciativa en el futuro, siempre que se subsanen las carencias detectadas y se den las condiciones de garantía de la sostenibilidad económica de la ULPGC.
Un Código Ético que refuerza el compromiso con la transparencia
Durante el pleno extraordinario se presentó y aprobó también el Código Ético del Consejo Social de la ULPGC, un documento que refuerza el compromiso del órgano con la transparencia, la integridad, la responsabilidad y la equidad en el ejercicio de sus funciones. Como órgano de participación de la sociedad en la Universidad, el Consejo Social considera esencial dotarse de un marco ético claro que garantice que sus decisiones y actuaciones estén alineadas con los valores y expectativas de la ciudadanía.
En ese sentido, el Código Ético establece los principios, objetivos y normas de conducta que deben guiar el comportamiento de sus miembros, consolidando la confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad, y reafirmando el compromiso del Consejo Social con la excelencia institucional y el respeto a los derechos de todos los actores implicados.
Entre otros asuntos, el pleno trató además el estudio sobre la percepción del estudiantado de educación superior acerca de la democracia, elaborado por la asociación Democracia Canarias XXI y el Consejo Social, a partir de una muestra representativa de 800 estudiantes universitarios y de ciclos formativos de grado superior de Gran Canaria.
Entre sus conclusiones destaca la existencia de una profunda crisis de legitimidad de la democracia representativa, ya que una amplia mayoría del estudiantado se sitúa en posiciones críticas u observadoras respecto al sistema actual y muestra una clara preferencia por fórmulas de democracia más directa y participativa. “Esta desafección no implica un rechazo a la democracia como principio, sino una desconfianza específica hacia la clase política, percibida como alejada de los intereses reales de la ciudadanía joven”, aseguró la presidenta del Consejo Social, Ana Suárez.
El estudio pone igualmente de manifiesto una brecha significativa entre el consumo de información política y la participación activa, configurando un perfil de “observador informado pero no participante”. La juventud se informa y desarrolla una elevada conciencia crítica, pero percibe los canales tradicionales de participación como poco eficaces para influir en las decisiones que afectan a su futuro.
Estas conclusiones, que serán presentadas a la sociedad el próximo día 12 de febrero, subrayan el reto que afrontan las instituciones democráticas y educativas a la hora de generar espacios de participación reales que permitan canalizar esa conciencia crítica hacia una implicación cívica efectiva.