El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha aprobado hoy el informe de contabilidad analítica correspondiente al ejercicio 2024, “una herramienta que nos permite fundamentar mejor la planificación y la asignación de recursos, reforzar la supervisión económica y la rendición de cuentas y analizar las necesidades de financiación de la Universidad”, explicó la presidenta del Consejo Social, Ana B. Suárez.

Es el cuarto ejercicio consecutivo en el que la Universidad presenta este informe al Consejo Social, tras los correspondientes a 2021, 2022 y 2023, y el segundo desde la modificación de la Ley de Consejos Sociales de Canarias, que atribuye expresamente a este órgano la competencia para aprobar los informes de contabilidad analítica de la Universidad.

El objetivo principal del estudio es conocer el coste de las 6.500 actividades que desarrolla la ULPGC en los ámbitos de docencia, investigación y transferencia, extensión universitaria y actividades anexas, que ha pasado de 160 millones de euros en 2023 a 171 millones en 2024. La docencia concentra el mayor volumen de recursos, con un coste de 98,83 millones de euros, equivalente al 57,57% del total de las actividades universitarias. La investigación y la transferencia de conocimiento suman otros 55,64 millones, el 32,41%. En conjunto, ambas funciones representan cerca del 90% del coste de las actividades de la ULPGC.

El documento incorpora una comparativa con los resultados de 2023 y ofrece información detallada sobre los costes de las distintas titulaciones, incluyendo indicadores como el coste por crédito y por estudiante equivalente. Asimismo, desarrolla el panel de indicadores de gestión revisado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) en 2024, “información que nos permitirá profundizar en el conocimiento de cómo se utilizan los recursos y fundamentar mejor nuestras decisiones sobre la planificación y la sostenibilidad de la Universidad”, afirmó la presidenta del Consejo Social.

En la enseñanza presencial, entre los grados con mayor coste anual por estudiante equivalente destacan Veterinaria, con 15.280 euros; Ciencias del Mar, con 15.011 euros; Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, con 12.550 euros; Ingeniería Biomédica, con 11.696 euros, y Arquitectura, con 10.939 euros. Estas diferencias responden a factores como las necesidades de profesorado, el uso de laboratorios e instalaciones especializadas y el número de estudiantes entre los que se distribuyen los costes de impartición. Los grupos más reducidos pueden presentar costes unitarios superiores, al repartirse los recursos necesarios para mantener la enseñanza entre menos alumnado.

En el extremo de menor coste se sitúan los grados en Trabajo Social, con 3.572 euros por estudiante equivalente, y Enfermería en Fuerteventura, con 3.804 euros. En esta misma titulación, el coste alcanza los 5.703 euros en Gran Canaria y los 5.752 euros en Lanzarote. Los importes corresponden a una formación equivalente a 60 créditos durante un año y no al coste de la carrera completa ni al precio de la matrícula que abona el alumnado.

Informe favorable a un nuevo máster universitario

En el ámbito académico, el Consejo Social ha acordado informar favorablemente la propuesta de implantación del Máster Universitario en Lingüística Aplicada y Multilingüismo, promovido por la Facultad de Filología de la ULPGC, condicionando esta decisión a que se acredite la disponibilidad efectiva del profesorado necesario y a que su implantación y mantenimiento no supongan un incremento del gasto estructural de la Universidad.

La nueva titulación ofrecerá formación avanzada en lingüística aplicada y multilingüismo, combinando la preparación para la investigación con aplicaciones en los ámbitos educativo, social y profesional. Además de facilitar la continuidad hacia los estudios de doctorado, el máster aborda cuestiones de especial interés para Canarias, como la educación plurilingüe, la enseñaza de lenguas y la diversidad lingüística y cultural.

Mejoras en los procedimientos de control e información internos

Durante la sesión también se ha abordado la modificación de los actos y actuaciones de fiscalización e intervención limitada previa que desarrolla el Servicio de Control Interno de la ULPGC, con el objetivo de agilizar la tramitación administrativa y evitar comprobaciones duplicadas, sin reducir las garantías de supervisión económica. La propuesta contempla la reorganización de los requisitos aplicables a los encargos a medios propios y sus modificaciones, la eliminación de comprobaciones repetidas en determinados expedientes de obras y la supresión, en la fase de reconocimiento de la obligación, de verificaciones sobre gastos plurianuales y tramitación anticipada que ya se realizan en fases anteriores del procedimiento.

Además, se ha abordado la propuesta de Reglamento del Sistema Interno de Información, que establece los procedimientos y garantías para comunicar posibles infracciones e irregularidades en el ámbito universitario. El documento regula un sistema seguro, confidencial y accesible, dirigido tanto a la comunidad universitaria como a terceras personas vinculadas con la institución, que permitirá denunciar infracciones penales o administrativas graves o muy graves, vulneraciones del Derecho de la Unión Europea, situaciones de violencia, discriminación o acoso y actuaciones que afecten al correcto funcionamiento de los servicios universitarios.

El Consejo Social ha informado la propuesta de reglamento y ha planteado recomendaciones para garantizar la independencia y confidencialidad del sistema, facilitar su coordinación con el Comité de Integridad Institucional y Antifraude y preservar las funciones de supervisión y rendición de cuentas que corresponden al Consejo Social.

Actividad intensa del Consejo Social

Durante el pleno, la presidenta del Consejo Social dio cuenta de la actividad realizada en el último mes y medio, “un periodo especialmente intenso, marcado por la negociación del futuro modelo de financiación de las universidades públicas canarias, el fortalecimiento de nuestros instrumentos de gobierno y control y la preparación de nuevas fórmulas de cooperación institucional”.

Destaca entre ellas, la participación activa del Consejo en la negociación del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas canarias para el periodo 2027-2030. El Consejo Social ha defendido la necesidad de garantizar recursos suficientes y estables, reconocer adecuadamente los costes estructurales y establecer mecanismos de seguimiento, eficiencia y rendición de cuentas. En ese sentido, tal y como explicó la presidenta, aunque se han producido avances en las negociaciones, el presupuesto destinado a la financiación es provisional y todavía persisten diferencias sobre determinados criterios económicos.

“Existen motivos para pensar en que se conseguirá el acuerdo”, dijo el rector de la ULPGC, Lluís Serra, quien destacó la intensa labor institucional del Consejo Social para obtener una financiación estable para las universidades canarias. “La financiación univesitaria no es una reivindicación del equipo de gobierno, es un asunto que afecta a toda la sociedad canaria”, afirmó.

La presidenta destacó también los trabajos realizados para la constitución, el próximo 29 de octubre, de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Canarias, así como la aprobación por el Gobierno autonómico del nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social.

En materia de supervisión y gestión universitaria, Ana B. Suárez resaltó el refuerzo del Servicio de Control Interno, el desarrollo de las auditorías de recursos humanos y de los fondos europeos Next Generation y las iniciativas para mejorar los mecanismos de integridad institucional y prevención del fraude. También puso en valor las actuaciones destinadas a estrechar la relación entre la Universidad y la sociedad, como la difusión de las propuestas de Canarias Importa II y el apoyo al emprendimiento universitario a través del programa START ULPGC.

Por último, expresó su preocupación por la financiación pendiente de los incrementos salariales del personal universitario correspondientes a 2025 y 2026, que, según las estimaciones trasladadas en septiembre, asciende a unos 4,46 millones de euros en el caso de la ULPGC, acordándose solicitar al Gobierno de Canarias que agilice las transferencias necesarias para atender estas obligaciones.

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, celebra estos días la Semana de la Arquitectura. Coincidiendo con el Día Mundial de la Arquitectura, la Escuela ha organizado un programa de conferencias y encuentros, además de una zona expositiva que muestra las últimas novedades en productos soluciones para la edificación.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, visitó hoy la feria, en la que señaló que «la arquitectura tiene un papel central en los grandes desafíos que afronta Canarias», especialmente ante retos como la vivienda y la necesidad de diseñar espacios y ciudades adaptados a la realidad de las islas. «No se trata solo de tener un proyecto de vida en Canarias, sino también de cómo queremos vivirlo y de cómo queremos organizar nuestras ciudades», apuntó.

Asimismo, puso en valor el talento de los estudiantes de la Escuela de Arquitectura y destacó la importancia de generar espacios de encuentro y reflexión como la Semana de la Arquitectura. «En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hay mucho talento y muchas ideas que pueden contribuir a pensar cómo afrontamos los desafíos que tenemos por delante», afirmó.

En la misma línea se pronunció Miguel Ángel Acosta, secretario del Consejo Social de la ULPGC, quien resaltó el esfuerzo de la Escuela de Arquitectura por «formar titulados de calidad y competitivos», así como el papel de la universidad en relación con la empresa y el mercado laboral. En ese sentido, afirmó que «la Escuela constituye un ejemplo por su estrecha vinculación con el colegio profesional, una relación singular que refuerza su conexión con el ejercicio de la profesión».

Por otro lado, animó al alumnado de la escuela a participar en la segunda edición de los premios ArchipiélaGO, cuya convocatoria está abierta hasta el 1 de diciembre de 2026 y en la que el año pasado, en su primera convocatoria, ganó precisamente un estudiante de la Escuela de Arquitectura. «Estos premios son importantes para que los estudiantes vean materializados sus proyectos y comprueben el impacto social que pueden tener para Canarias», explicó.

El decano del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, Ovidio Macho, por su parte, aprovechó la visita a la feria para animar a los alumnos a participar en las conferencias que el colegio ha organizado en la Fundación Martín Chirino, en el Castillo de la Luz para conmemorar esta fecha y recordó que la Semana de la Arquitectura «no lo es por casualidad, sino por la celebración internacional del Día de la Arquitectura». «Es realmente el día más importante para la Semana de la Arquitectura porque es el que conmemora nuestro trabajo como arquitectos y también es el día mundial del Hábitat», afirmó Nelson Flores, director de la Escuela.

Conferencias, encuentros y exposiciones

En el marco de la Semana de la Arquitectura se celebra esta semana un programa de conferencias, encuentros y exposiciones que aborda los retos de la construcción, la sostenibilidad y la relación entre arquitectura, ciudad y territorio.

Las dos primeras jornadas se han centrado en la construcción arquitectónica, con intervenciones sobre refuerzo de estructuras, rehabilitación de edificios, actuaciones en comunidades de propietarios y soluciones para fachadas, carpinterías y juntas. El programa de este martes incluye también sesiones dedicadas al acondicionamiento acústico, la industrialización de la construcción y el confort en la edificación, además de una reflexión sobre la adaptación de la certificación energética al clima futuro de las zonas costeras de Canarias.

El miércoles 7, la programación estará dedicada a los proyectos y la expresión gráfica, con la apertura de la exposición ‘Arquitectura contemporánea en Sicilia’ y la participación de representantes de la Escuela de Arquitectura de Siracusa-Catania. Las conferencias y la presentación de proyectos permitirán explorar distintas formas de habitar y construir la ciudad y el territorio. La jornada incluirá asimismo la presentación de publicaciones del Gabinete de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC y de guías docentes de proyectos arquitectónicos.

El jueves 8, el foco se trasladará al arte, la ciudad y el territorio, con sesiones sobre el impacto del turismo de masas en Mogán, las estrategias de renaturalización de los barrancos de Santa Cruz y las posibilidades de las cubiertas verdes en el contexto canario. El encuentro ‘Naturaleza y refugio. Cómo habitar un territorio que cambia’ reunirá a especialistas en biodiversidad, ordenación territorial, geología y arquitectura para abordar la adaptación del territorio desde distintas disciplinas, como parte de la jornada de clausura.

Paralelamente a las ponencias organizadas, la Semana de la Arquitectura contempla una exposición sobre las novedades y últimas tendencias en el ámbito de los productos para la edificación y arquitectura, en la que participan marcas punteras del sector.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, recibió este jueves a una representación del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), encabezada por su vicepresidente, Jesús León Lima, que le trasladó los contenidos de la iniciativa ‘Canarias Importa II: Bienestar Social. Equidad y dignidad, pilares de una nueva sociedad’.

Durante el encuentro, Astrid Pérez mostró su interés por un documento construido a partir de las aportaciones de un amplio grupo de personas vinculadas a diferentes sectores de la sociedad canaria, que han participado de manera colectiva y desinteresada en su elaboración.

Jesús León Lima destacó la necesidad de que las propuestas recogidas en ‘Canarias Importa II’ cuenten con un respaldo amplio y con la participación coordinada de las instituciones, las administraciones públicas, las organizaciones sociales y el conjunto de la ciudadanía.

Por su parte, Astrid Pérez valoró especialmente el análisis de la realidad social de las islas que recoge el documento y el planteamiento de medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población. La presidenta del Parlamento defendió la importancia de reforzar la colaboración entre las administraciones y el tercer sector para avanzar hacia un modelo social basado en la inclusión, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades.

Los consejos sociales estudiarán el documento y formularán propuestas antes de aprobar los respectivos planes plurianuales de financiación, de acuerdo con las competencias que les atribuye la legislación canaria.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, presentó a los representantes de los consejos sociales de las dos universidades públicas canarias la propuesta del nuevo acuerdo de financiación universitaria para el periodo 2027-2030.

En representación del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asistieron su presidenta, Ana B. Suárez Calvo, y su vicepresidente, Jesús León Lima. Por parte del Consejo Social de la Universidad de La Laguna participaron su presidente, Francisco Almeida Ossa, y la secretaria del órgano.

Durante el encuentro, la consejera expuso las principales cifras y características de un modelo que pretende sustituir la negociación presupuestaria anual por un marco estable, previsible y evaluable. La propuesta contempla un incremento de la financiación autonómica de 45 millones de euros hasta 2030, lo que representa un aumento del 16% respecto a la previsión inicial.

El marco cuantificado para ambas universidades asciende a 1.242,8 millones de euros entre 2027 y 2030. De esta cantidad, 9,78 millones se destinarían a corregir el desfase acumulado entre los costes estructurales y las aportaciones autonómicas durante el periodo 2021-2026.

La propuesta prevé que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria alcance una financiación de 153,65 millones de euros en 2030, un 16,18% más que en 2026. Por su parte, la Universidad de La Laguna llegaría ese año a 173,24 millones, lo que representa un incremento del 15,76%.

El documento programa también 34 millones de euros para la modernización tecnológica durante el cuatrienio: cuatro millones en 2027, seis millones en 2028, diez millones en 2029 y catorce millones en 2030. El Gobierno de Canarias plantea solicitar al Estado una aportación equivalente, aunque esta posible cofinanciación todavía no está confirmada y, por tanto, no se incluye en las cifras del acuerdo.

El modelo incorpora igualmente una financiación variable vinculada a resultados, que comenzaría a abonarse en 2028 y podría alcanzar un máximo del 1% de la financiación básica. Entre los ámbitos que se evaluarían figuran la formación continua, las titulaciones duales, la reducción del abandono, la eficiencia académica, la investigación, la captación de fondos, la transferencia de conocimiento, el emprendimiento y la internacionalización.

Los consejos sociales estudiarán ahora el documento con detalle y formularán las aportaciones que consideren necesarias para reforzar la suficiencia, estabilidad y previsibilidad de la financiación. Su análisis prestará especial atención a la evolución de las aportaciones durante los cuatro años, la cobertura efectiva de los costes estructurales, la financiación de las infraestructuras y las necesidades singulares de cada universidad.

Asimismo, analizarán los requisitos asociados a la financiación por objetivos para contribuir a que los indicadores sean claros, realistas, verificables y previamente acordados. También valorarán los criterios de medición, la disponibilidad de la información necesaria, las diferencias existentes entre ambas universidades y la vinculación efectiva de los objetivos con la mejora de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento, el emprendimiento y la empleabilidad.

Los consejos sociales consideran esencial que la financiación variable se configure como un incentivo para la mejora y no como un elemento que pueda comprometer la cobertura de los gastos estructurales de las universidades.

Su participación resulta, además, preceptiva. El artículo 3 ter de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, atribuye a cada Consejo Social la competencia para aprobar el plan plurianual de financiación de su universidad y, en su caso, los contratos-programa u otros instrumentos de financiación pública negociados con la Comunidad Autónoma en los que se sustente.

La misma ley establece que una representación del Consejo Social debe participar en el proceso de negociación de la financiación de su universidad, cualquiera que sea el instrumento utilizado para articularla. Los consejos sociales también estarán representados en la comisión encargada del seguimiento del nuevo acuerdo.

Tras presentar la propuesta a los consejos sociales, Migdalia Machín se reunió con los rectores de las dos universidades públicas canarias, Lluís Serra Majem, rector de la ULPGC, y Francisco García, rector de la Universidad de La Laguna, para continuar avanzando en la arquitectura, las cifras y los aspectos técnicos del acuerdo.

La negociación proseguirá hasta completar el texto y validar sus elementos financieros y jurídicos. Entre las cuestiones que aún deben concretarse se encuentran las reglas de los indicadores, las garantías de aplicación, la gobernanza, los anexos financieros y la financiación extraordinaria de infraestructuras y necesidades singulares.

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha cerrado este jueves un intenso curso institucional marcado por el desarrollo de las nuevas competencias atribuidas al órgano, el impulso de un modelo de financiación estable para las universidades públicas canarias y el fortalecimiento de la relación entre la Universidad y la sociedad.

Durante el Pleno ordinario, la presidenta del Consejo Social, Ana Suárez, presentó el balance de la actividad desarrollada y dio cuenta de la Memoria de Actividades correspondiente a 2025, que recoge las principales iniciativas impulsadas por el órgano a lo largo del último ejercicio. En su intervención destacó además que este ha sido un periodo marcado por el despliegue de las nuevas competencias atribuidas al Consejo Social por la reciente reforma de la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, consolidando su papel como espacio de participación de la sociedad en la Universidad.

Entre las principales actuaciones destacó el trabajo conjunto desarrollado con el Consejo Social de la Universidad de La Laguna para defender un modelo de financiación suficiente, estable y sostenible para las universidades públicas canarias, así como las reuniones mantenidas con el Gobierno de Canarias, cabildos y otras administraciones para impulsar el futuro Plan de Financiación del Sistema Universitario Público de Canarias, explorar nuevas vías de financiación y reforzar la coordinación institucional en materia de supervisión y control financiero.

La presidenta repasó también las iniciativas en las que ha participado para acercar la Universidad a la sociedad, entre ellas la difusión del informe Canarias Importa II, los encuentros mantenidos con representantes institucionales y agentes sociales, los Desayunos Universidad-Sociedad, la Liga Universitaria de Debate, o el programa Bridge to Africa y otras acciones dirigidas a fortalecer la innovación, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre la Universidad, las administraciones públicas y el tejido empresarial. Asimismo, puso en valor las iniciativas desarrolladas para reconocer el talento universitario y reforzar la proyección institucional de la ULPGC.

Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, hizo balance de los principales avances de la Universidad durante el último curso y situó como uno de los grandes retos inmediatos la negociación del futuro contrato programa y del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas canarias, que calificó de determinantes para garantizar la estabilidad y el desarrollo de la ULPGC en los próximos años. Por otro lado destacó la aprobación de los nuevos Estatutos de la Universidad, la mejora de los indicadores de calidad, investigación y transferencia de conocimiento, reclamó un mayor protagonismo de las universidades públicas en la futura Ley Canaria de Ciencia y agradeció el respaldo del Consejo Social a los principales proyectos estratégicos de la institución.

En el apartado económico, el Pleno ratificó diversos suplementos de crédito financiados con remanente de tesorería para atender gastos correspondientes al ejercicio 2025 y analizó una nueva aportación a la Fundación Parque Científico Tecnológico destinada a cubrir las pérdidas registradas por el Hospital Clínico Veterinario durante ese mismo ejercicio.

Este Pleno supone el último antes del periodo estival, tras varios meses de intensa actividad institucional. El Consejo Social retomará su agenda en septiembre con el desarrollo de las nuevas competencias que le atribuye la legislación canaria, el seguimiento de las iniciativas en materia de financiación universitaria y el impulso de nuevos proyectos destinados a reforzar la conexión entre la Universidad, las administraciones públicas y el tejido económico y social del Archipiélago.

Los presidentes de los consejos sociales de las dos universidades públicas canarias, Ana B. Suárez Calvo, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Francisco Almeida Ossa, presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, mantuvieron una reunión de trabajo con la presidenta de la Federación Canaria de Islas (FECAI) y presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García. En el encuentro participó también el vicepresidente del Consejo Social de la ULPGC, Jesús León Lima.

El encuentro se enmarca en la ronda de contactos institucionales que vienen desarrollando los consejos sociales de las dos universidades públicas canarias para trasladar a las distintas administraciones la necesidad de avanzar en un modelo de financiación estable y suficiente que permita afrontar los retos presentes y futuros del sistema universitario público de Canarias.

Durante la reunión, los representantes de los consejos sociales expusieron la importancia estratégica que tienen las universidades públicas para el desarrollo económico, social y territorial del archipiélago, destacando su contribución a la formación del talento, la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo y las administraciones públicas. “Las universidades canarias constituyen un activo esencial para afrontar los grandes retos de las islas por lo que es necesario reforzar su conexión con la sociedad y el tejido empresarial para maximizar su impacto”, aseguró la presidenta del Consejo Social de la ULPGC, Ana B. Suárez, al respecto.

En este contexto, se abordó la posibilidad de explorar fórmulas que permitan una mayor implicación de los cabildos insulares en el fortalecimiento del sistema universitario público canario, profundizando especialmente en las oportunidades que podrían ofrecer los recursos procedentes del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para financiar iniciativas vinculadas a la formación superior, la investigación aplicada, la innovación y la generación de oportunidades para la juventud canaria. El presidente del Consejo Social de la ULL, Francisco Almeida, destacó la necesidad de “seguir fortaleciendo la colaboración entre universidad, empresas e instituciones para garantizar que el conocimiento generado en las aulas y los centros de investigación contribuya de manera efectiva al progreso de Canarias”.

Los representantes de los consejos sociales recordaron que esta propuesta se enmarca en la petición trasladada recientemente al Gobierno de Canarias para avanzar en la definición y puesta en marcha del nuevo plan plurianual de financiación universitaria, incorporando mecanismos que permitan reforzar la contribución de las universidades al progreso económico y social de todas las islas.

La presidenta de la FECAI mostró su disposición a analizar las distintas propuestas planteadas y a mantener una línea de diálogo permanente con las universidades públicas canarias y sus consejos sociales, reconociendo el papel esencial que estas instituciones desempeñan para el futuro de Canarias.

“Desde los cabildos compartimos el objetivo de seguir fortaleciendo la formación superior y de mantener una colaboración permanente con las universidades públicas, porque su trabajo tiene una repercusión directa en el desarrollo social y económico del archipiélago”, añadió la presidenta de la FECAI.

La reunión permitió reforzar la colaboración institucional entre los consejos sociales universitarios y los cabildos insulares, compartiendo la necesidad de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo equilibrado del archipiélago y a la mejora de las oportunidades de formación, empleo e innovación para la ciudadanía canaria.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha alcanzado algunos de los mejores indicadores académicos de los últimos años tras la implantación de la nueva Normativa de Progreso y Permanencia aprobada por el Consejo Social en octubre de 2024. Los datos del curso 2024-2025 reflejan una tasa de éxito del 89,42%, lo que significa que prácticamente nueve de cada diez créditos a los que se presentan los estudiantes son superados.

Esta normativa nació con el objetivo de establecer un marco propicio para aprovechar el máximo rendimiento y capacidades del estudiantado, favorecer la continuidad de los estudios y sustituir mecanismos excesivamente rígidos por medidas de acompañamiento y seguimiento académico.

De este modo, el informe presentado por el vicerrector de Estudiantes, David Sánchez Rodríguez ante el Pleno del Consejo Social, pone de manifiesto una evolución muy positiva tanto en los resultados académicos como en los indicadores de continuidad de los estudios.

Junto a la elevada tasa de éxito, la Universidad registra una tasa de rendimiento del 72,32%, lo que supone que más de siete de cada diez créditos matriculados son finalmente aprobados. Los mejores resultados corresponden a titulaciones vinculadas a las Ciencias de la Educación y a las Ciencias de la Salud. Así, el Grado en Educación Primaria alcanza una tasa de rendimiento del 94,9%, Enfermería en Fuerteventura el 95,1% y Fisioterapia el 91%. En términos de éxito académico, Educación Primaria alcanza el 97,3%, mientras que las titulaciones de Enfermería superan el 95%.

Durante su intervención, David Sánchez Rodríguez destacó que “de diez créditos a los que se presenta el estudiante, aprueba nueve”, subrayando además los elevados resultados obtenidos por las titulaciones relacionadas con la educación y la salud.

Uno de los efectos más visibles de esta reforma se observa en las situaciones de desvinculación. El número de estudiantes que agotaron todas las convocatorias disponibles y tuvieron que abandonar definitivamente sus estudios se redujo de 75 en el curso anterior a únicamente 2 en el curso 2024-2025. Del mismo modo, los casos vinculados al bajo rendimiento académico descendieron de 296 a 57 estudiantes.

El vicerrector explicó ante el Consejo Social que la nueva regulación ha permitido introducir respuestas más proporcionadas a las dificultades académicas, y señaló aspectos claves como por ejemplo que “a los estudiantes de continuación ya no se les desvincula; simplemente se adapta el número máximo de créditos que pueden matricular”.

La presidenta del Consejo Social, Ana Suárez Calvo, valoró positivamente los resultados alcanzados y destacó que la nueva normativa “busca compatibilizar la exigencia académica con el apoyo efectivo al estudiantado, favoreciendo que quienes tienen capacidad y compromiso puedan culminar con éxito sus estudios universitarios”.

Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem, afirmó que estos indicadores “reflejan el esfuerzo conjunto realizado por toda la comunidad universitaria para mejorar el acompañamiento al estudiantado y facilitar su progreso académico sin renunciar a los estándares de calidad y excelencia que caracterizan a la Universidad”.

El informe también constata una importante reducción de la carga administrativa asociada a la gestión de la permanencia. Las resoluciones tramitadas por la Comisión de Progreso y Permanencia pasaron de 149 en el curso 2023-2024 a 61 durante el curso 2024-2025, primer año completo de aplicación de la nueva normativa.

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha aprobado hoy la liquidación de su presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, así como las cuentas anuales de la Universidad y de sus entidades dependientes relativas al mismo ejercicio.

Los acuerdos adoptados permiten constatar, por una parte, el elevado grado de ejecución y cumplimiento de las actuaciones impulsadas por el Consejo Social durante el último ejercicio y, por otra, la solidez económica y financiera de la Universidad, que mantiene una situación de equilibrio presupuestario y capacidad de financiación positiva.

El Consejo Social ejecutó más del 94% de su presupuesto y cumplió ampliamente las actuaciones previstas

La liquidación del presupuesto del Consejo Social refleja una ejecución presupuestaria del 94,06% sobre el crédito definitivo disponible, porcentaje que se eleva hasta el 96,28% si se excluyen los créditos afectados correspondientes a la Cátedra del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. El presupuesto inicial para 2025 ascendió a 732.654,58 euros y, tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio, el crédito definitivo se situó en 763.480,14 euros.

La memoria de liquidación pone de manifiesto el elevado grado de cumplimiento de las actuaciones previstas y la intensa actividad desarrollada por el Consejo Social durante un ejercicio especialmente relevante para el sistema universitario canario, marcado por la aprobación de la modificación de la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias.

Los recursos gestionados por el Consejo Social permitieron desarrollar un amplio conjunto de actuaciones vinculadas a las funciones que la legislación atribuye a este órgano, abarcando ámbitos como la supervisión económica, la rendición de cuentas, la integridad institucional, la empleabilidad, la innovación, la transferencia del conocimiento y la relación entre la Universidad y la sociedad.

Entre las iniciativas impulsadas durante 2025 destacan la celebración de nuevas ediciones de los Desayunos Universidad-Sociedad y de los Desayunos Tecnológicos, la puesta en marcha del Club de Mentores de la ULPGC, la presentación del informe Canarias Importa II. Bienestar Social, el estudio sobre nuevas titulaciones universitarias en Fuerteventura, el apoyo a programas de debate, oratoria y empleabilidad dirigidos al estudiantado, así como diversas actuaciones vinculadas a la cooperación internacional, la sostenibilidad y la transferencia del conocimiento.

Por primera vez, además, la memoria incorpora una evaluación sistemática de las actuaciones desarrolladas por el Consejo Social en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, avanzando hacia un modelo de rendición de cuentas que no solo analiza la ejecución de los recursos disponibles, sino también el impacto de las actuaciones desarrolladas y su contribución a la Agenda 2030.

Las cuentas anuales reflejan la solidez económica y financiera de la ULPGC

Durante la sesión plenaria fueron presentadas las cuentas anuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de sus entidades dependientes correspondientes al ejercicio 2025, culminando así el proceso de análisis desarrollado previamente por la Comisión de Planificación y Asuntos Económicos del Consejo Social.

Las cuentas anuales muestran una situación económica y financiera sólida de la ULPGC. Durante 2025, la Universidad reconoció derechos por importe de 180,39 millones de euros y obligaciones por valor de 169,04 millones de euros, obteniendo un resultado presupuestario del ejercicio de 11,4 millones de euros y un resultado presupuestario ajustado de 7,6 millones de euros.

Asimismo, la Universidad mantiene el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), la ULPGC presenta una capacidad de financiación de 4,5 millones de euros, que se sitúa en 4,1 millones de euros al considerar conjuntamente las entidades dependientes clasificadas como administraciones públicas.

Las cuentas aprobadas incluyen también las correspondientes a la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, la Fundación Canaria Lucio de las Casas, RIC ULPGC, S.A.U. y TIC ULPGC, S.L.U., así como los estados agregados del conjunto del grupo universitario.

La aprobación de estas cuentas constituye uno de los principales instrumentos de rendición de cuentas de la Universidad y permite al Consejo Social ejercer las funciones de supervisión económica que le atribuye la legislación universitaria.

El Consejo Social refuerza sus funciones de supervisión y control

En el ejercicio de las funciones que le atribuye la legislación universitaria, el Consejo Social continuará reforzando durante 2026 los mecanismos de supervisión económica, control interno, integridad institucional y rendición de cuentas de la Universidad.

En este contexto, el Pleno del Consejo Social aprobó hoy una propuesta dirigida a reforzar la estructura técnica del Servicio de Control Interno mediante la creación de un nuevo puesto especializado, con el objetivo de fortalecer las capacidades de supervisión, auditoría y control de la institución. Con la incorporación de este nuevo perfil, el Consejo Social continúa impulsando el desarrollo de una universidad cada vez más eficiente, responsable y conectada con las necesidades de su entorno y, en definitiva, fortaleciendo la relación entre la Universidad y la sociedad canaria.

Una representación del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado hoy el informe ‘Canarias Importa II: Bienestar Social. Equidad y dignidad, pilares de una nueva sociedad’, a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. Durante la reunión, los miembros del Consejo Social y del Gobierno canario han coincidido en la necesidad de trabajar conjuntamente en algunas de las propuestas incluidas en el informe.

En la reunión, la presidenta del Consejo Social, Ana B. Suárez, explicó a los representantes del Gobierno canario las principales conclusiones de este estudio elaborado de forma altruista y colectiva por un equipo multidisciplinar de más de 30 personas vinculadas a distintos ámbitos sociales, económicos y profesionales de las islas. El informe, que incluye propuestas reales para que Canarias avance, se articula en torno a nueve ejes estratégicos que abordan de forma interconectada ámbitos clave como la salud, el empleo, los cuidados, la gobernanza o la innovación social.

«Este documento nace con la voluntad de convertirse en una herramienta útil para impulsar acuerdos amplios y sostenibles que sitúen el bienestar y la dignidad de las personas en el centro de las políticas públicas», dijo la presidenta, quien agradeció a la consejera «una implicación activa y coordinada de las instituciones, del tejido social y del conjunto de la ciudadanía».

Por su parte, la consejera aseguró que «el informe está muy alineado» con los objetivos del Gobierno canario, por lo que valoró la organización de mesas de trabajo conjuntas, «para hacer realidad algunas de las propuestas, mientras otras ya las estamos llevando a cabo». «Es enriquecedor tener la visión de instituciones como el Consejo Social de la ULPGC, y comprobar que no vamos desencaminados en las políticas de atención a la ciudadanía», comentó la consejera tras la reunión.

Además de la presidenta del Consejo Social, asistieron por parte de la entidad Jesús León, su vicepresidente; el secretario de la entidad, Miguel Ángel Acosta; y Francisco Rubio, coordinador del informe; Natacha García y Antonio Rico, coordinadores de diversos ejes del documento; mientras que, por parte del Gobierno canario lo hicieron el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil; el viceconsejero de Igualdad, Juan Martínez Doreste; y el viceconsejero de Universidades e Investigación, Ciro Gutiérrez.

El pronunciamiento pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un marco plurianual de financiación que permita a las universidades públicas canarias afrontar adecuadamente los retos vinculados a la calidad docente e investigadora, la transferencia de conocimiento, la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad y la cohesión territorial.

En este sentido, el documento considera prioritario que el futuro plan plurianual de financiación del Sistema Universitario Público de Canarias pueda alcanzar su plena operatividad a partir del ejercicio 2027, dotando a las universidades públicas de un marco estable, suficiente y previsible para afrontar sus necesidades estructurales y sus procesos de modernización.

El Pleno valoró positivamente la posibilidad de articular, en el marco de la futura revisión del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), líneas complementarias de financiación destinadas a infraestructuras universitarias, I+D+i y programas de transferencia de conocimiento, apelando expresamente a la implicación y participación del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares, fundamentalmente, en el fortalecimiento y modernización del sistema universitario público canario.

Del mismo modo, el Consejo Social subrayó la importancia de reactivar los trabajos previstos en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, relativos al objetivo de avanzar progresivamente hacia una inversión pública equivalente al 1% del PIB destinado a educación universitaria pública antes del año 2030.

Lea el manifiesto aquí.