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#32. Diciembre de 2025 - enero de 2026
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Foto de la reunión del Pleno del Consejo Social de la ULPGC celebrada el pasado 16 de diciembre. De izq. a der.: Jesús León Lima, Ana B. Suárez y Miguel Ángel Acosta.
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El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprobó el pasado 16 de enero el Presupuesto de la ULPGC para 2026, que asciende a 194,36 millones de euros, un 1,2% más que en el ejercicio anterior. El documento refleja una planificación económica prudente, orientada a garantizar la sostenibilidad financiera en un contexto marcado por el aumento de los costes estructurales, especialmente los de personal, y por el refuerzo de los mecanismos de control y supervisión.
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El gasto de personal alcanza los 132,8 millones de euros, con un incremento de unos 5 millones respecto a 2025, destinado fundamentalmente a absorber las subidas retributivas aprobadas a nivel estatal, sin aumento general de plantilla. No obstante, la financiación prevista resulta insuficiente para cubrir íntegramente el incremento adicional del 1,5% previsto, lo que pone de manifiesto las limitaciones del actual modelo de financiación. En este contexto, se incluye también una programación económica plurianual 2026-2028, condicionada por la falta de un marco estable de financiación universitaria.
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La presidenta del Consejo Social, Ana B. Suárez, subrayó la necesidad de avanzar hacia un plan de financiación estable con la Comunidad Autónoma de Canarias que garantice recursos suficientes y previsibles. Por su parte, el rector, Lluís Serra, anunció la creación de una asociación de las dos universidades públicas canarias para defender una financiación adecuada.
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Asimismo, el Consejo Social aprobó su propio presupuesto para 2026, de 824.477,91 euros, un 12,53% más, orientado a reforzar el control interno, la auditoría, la integridad institucional y la relación de la universidad con su entorno social y productivo.
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Foto general de la reunión del Pleno del Consejo Social de la ULPGC celebrada el pasado 16 de diciembre bajo la presidencia de Ana B. Suárez.
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Las presidencias de los Consejos Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna han emitido una declaración conjunta en defensa de una gobernanza universitaria más abierta, como respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 3/2025 de Consejos Sociales. El recurso, promovido por el Defensor del Pueblo a instancias de los rectores, cuestiona cinco artículos concretos relacionados con informes vinculantes, aprobación de normas académicas, régimen retributivo del personal investigador y acceso a la información.
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Los Consejos Sociales defienden que la ley tiene como objetivo reforzar la participación social en la vida universitaria y avanzar hacia un modelo de gobernanza más abierto, sin menoscabar la autonomía académica. En la declaración se subraya que las relaciones entre los órganos de gobierno universitarios y los Consejos Sociales siguen siendo fluidas, colaborativas y respetuosas con las competencias de cada parte.
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Asimismo, recuerdan que una universidad conectada con su entorno social es clave para responder a las necesidades reales del territorio y contribuir al desarrollo de Canarias. En este sentido, confían en que la intervención del Tribunal Constitucional aporte seguridad jurídica y reiteran que la participación social no limita la autonomía universitaria, sino que la fortalece, apostando por una universidad pública más abierta, transparente y comprometida con la sociedad canaria.
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Reunión del Pleno del Consejo Social de la ULPGC del 16 de enero. De izq. a der.: Jesús León Lima, Ana B. Suárez y Miguel Ángel Acosta.
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El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria emitió un informe desfavorable a la creación del Instituto Universitario de Análisis y Evaluación Económica y Social (ECOVAL-ULPGC), atendiendo a criterios económicos, organizativos, reglamentarios y estratégicos. El órgano considera que, en el actual contexto de revisión y racionalización de estructuras y sin un modelo de financiación universitaria definido, es necesario actuar con prudencia ante la creación de nuevas estructuras permanentes.
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El informe subraya la falta de financiación específica y estable para el instituto propuesto, la insuficiencia de medios materiales y el posible solapamiento con estructuras ya existentes. No obstante, el Consejo Social deja abierta la posibilidad de reconsiderar la iniciativa en el futuro, siempre que se acredite un mayor valor añadido y se garanticen las condiciones de sostenibilidad económica de la universidad.
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Foto de los redactores del informe Canarias Importa II. Bienestar Social, tras su presentación ante el Pleno del Consejo.
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El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el informe Canarias Importa II: Bienestar Social. Equidad y dignidad, pilares de una nueva sociedad, un documento estratégico que propone un modelo de desarrollo más justo, inclusivo y sostenible para el Archipiélago.
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El estudio, elaborado de forma colaborativa entre el ámbito académico y la ciudadanía, parte de un diagnóstico de las principales desigualdades sociales y territoriales de Canarias y plantea una estrategia integral basada en nueve ejes prioritarios, con el objetivo de garantizar el bienestar como un derecho real. El documento también pretende reforzar el papel de la ULPGC como puente entre el conocimiento y las necesidades sociales.
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Jesús León Lima, vicepresidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Ante los persistentes retos estructurales de Canarias -como la dependencia del turismo, las desigualdades sociales y las tensiones económicas y medioambientales- el Consejo Social de la ULPGC impulsa un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo del Archipiélago. En un artículo de opinión publicado en La Provincia, titulado “Canarias Importa II: es hora de repensar nuestro bienestar”, el vicepresidente del Consejo Social, Jesús León Lima, vicepresidente del Consejo, invita a leer Canarias Importa II como una propuesta estratégica que sitúa el bienestar, la equidad y la cohesión social en el centro del futuro de Canarias, advirtiendo de que sin corresponsabilidad institucional y social, cualquier crecimiento será frágil e insostenible.
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El secretario del Consejo Social de la ULPGC, Miguel Ángel Acosta (der.), junto con el resto de ponentes. De izq. a der. Isabel Díez, vicerrectora de la UNIR; José Manuel Pingarrón, coordinador del curso; Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante; y Miguel Angel Guardia, gerente de la Universidad de Granada.
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Miguel Ángel Acosta Rodríguez, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, participó en la quinta sesión del ciclo La universidad pública ante los retos sociales organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), donde analizó los principales desafíos estructurales que enfrenta la universidad pública española.
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Acosta argumentó que la brecha entre la universidad y la sociedad es una limitación clave que condiciona otros problemas del sistema, y destacó un "bloqueo estructural" en la financiación debido a restricciones normativas, como la regla de gasto en las Comunidades Autónomas, que impiden tanto un mayor gasto público como la generación de ingresos propios -precios públicos fundamentalmente-, lo que dificulta responder adecuadamente a las demandas sociales en investigación, docencia y sostenibilidad del sistema universitario.
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Además, Acosta señaló que, aunque la autonomía universitaria está reconocida en la legislación, su ejercicio real se ve limitado por un marco normativo que obliga a operar con lógicas administrativas, y advirtió que la competencia con el sector privado se desarrolla en un contexto asimétrico que no incentiva el impacto social. Concluyó que la misión de la universidad está clara y alineada con las expectativas de la sociedad, pero que sin condiciones reales -financieras, fiscales y normativas- para cumplirla, el sistema no podrá sostener una educación superior de calidad centrada en las necesidades de la sociedad.
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Imagen del Pleno del Consejo Social celebrado el pasado 2 de febrero de 2026 en el que se aprobó el Código Ético.
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El Pleno extraordinario celebrado el pasado 2 de febrero, aprobó la propuesta de Código Ético del Consejo Social, un documento que refuerza su compromiso con la transparencia, la integridad, la responsabilidad y la equidad en el ejercicio de sus funciones. Como órgano de participación de la sociedad en la universidad, el Consejo Social considera esencial dotarse de un marco ético claro que oriente su actuación y garantice que la toma de decisiones se realice conforme a los valores y expectativas de la ciudadanía.
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El código establece los principios y normas de conducta que deben guiar la actuación de sus miembros, con el objetivo de fortalecer la confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en la labor del órgano.
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Se trata del primer Consejo Social de España que cuenta con un documento de este tipo.
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Antonio Romero recoge el premio de manos del consejero de Obras Públicas del Gobierno, Pablo Rodríguez.
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El estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio José Romero, ha recibido el Premio ‘Archipela-Go’ en la modalidad de Innovación en Obras Públicas por su proyecto Alumbrado Solar: Innovación en Obras Públicas, que propone la implantación de farolas solares inteligentes de bajo coste en municipios de Gran Canaria y Tenerife. La iniciativa ofrece una solución sostenible y autónoma al elevado consumo del alumbrado público tradicional, mejorando la eficiencia energética, reduciendo emisiones y contaminación lumínica.
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Los Premios ‘Archipela-Go’, impulsados por la ULPGC, a través del Consejo Social, y el Gobierno de Canarias, reconocen proyectos universitarios innovadores que contribuyen al desarrollo sostenible y fortalecen la conexión entre la universidad y la sociedad.
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Presentación de la 2ª Radiografía de la Formación Dual Universitaria en España.
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La segunda Radiografía de la Formación Dual Universitaria en España 2025, promovida por la Fundación Bertelsmann y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), revela que el 50% de las universidades españolas ya cuenta con alguna titulación dual, un modelo que combina formación académica y práctica en empresas y que ha crecido de forma significativa en el último año. Aunque el número de grados y másteres duales sigue aumentando y se extiende por la mayoría de comunidades autónomas, su peso en el conjunto de la oferta universitaria aún es limitado y su desarrollo continúa condicionado por barreras normativas y administrativas.
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Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales.
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En una entrevista en el programa El Espejo Canario, Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, subrayó que una universidad más abierta a la sociedad es clave para el desarrollo económico y social de España. Señaló que la gobernanza universitaria actual ha creado una brecha entre las instituciones académicas y la sociedad, limitando la transferencia de conocimiento y la conexión con el tejido productivo. Defendió que reforzar la participación social y los vínculos con el entorno productivo puede mejorar el impacto institucional en el bienestar general y puso como ejemplo la nueva legislación de los consejos sociales de las universidades públicas canarias recientemente aprobada.
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Otras noticias de la prensa contadas brevemente:
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Luis Peña y Alonso Hernández, distinguidos por el Cabildo de Gran Canaria. El catedrático de Pediatría, como Hijo Predilecto; y el catedrático de oceanografía, con el Can de las Ciencias.
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La ULL y la ULPGC: dos universidades canarias sobresalientes en transparencia. El Comisionado de Transparencia de Canarias les otorga sendos sobresalientes.
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"La sociedad y la universidad tienen que ir de la mano". El rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem, y la presidenta del Consejo Social, Ana Suárez, muestran coordinación.
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(Fuente: Elespejocanario)
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35001 Las Palmas de Gran Canaria
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